Hablemos de emigración
«Si queremos evitar que este asunto estalle en la mitad de la sociedad, PP y PSOE deben buscar un acuerdo para abordar cuanto antes el problema»
Inmigración. | Ilustración de Alejandra Svriz
Después de años de ser el asunto crucial en muchas elecciones europeas, el debate sobre la emigración ha entrado finalmente a formar parte de la agenda política española, con todo el potencial demagógico y divisorio que este tema encierra. Si los dos grandes partidos no acuden rápidamente al rescate con una propuesta para abordar el problema, reconociéndolo, primero, y pactando una actuación, después, nos encontraremos pronto frente a una grave crisis política que dará alas al extremismo.
El asunto ha empezado a ocupar titulares de periódicos de forma torpe y carente de precisión y datos. Es un tema en el que suele abundar el lenguaje tosco y el mensaje fácil. En la derecha, Vox repite aquí las consignas de sus socios europeos, ajeno a la realidad particular de nuestro país y al daño que esas mismas consignas populistas han causado en otros lugares. El PP muestra desconcierto ante el problema y carece de una posición bien definida, de modo que un día apoya la emigración ordenada y al otro se le ocurre un disparate como desplazar nuestra Armada a las aguas de las que proceden los cayucos para impedirles la navegación. Antes de otras consideraciones relativas a las leyes internacionales y los derechos humanos, quizá debería el PP preguntar a los oficiales de nuestra flota si España dispone de los medios para intentar siquiera una misión tan ambiciosa como insensata. La izquierda, por su parte, está instalada en la negación, como si eso fuera un consuelo para los millones de sus propios votantes que sufren a diario las consecuencias de la emigración.
«El debate sobre la emigración ha entrado finalmente a formar parte de la agenda política española»
Quizá sea preciso recordar cada vez que se aborda este asunto que la emigración no sólo tiene múltiples efectos positivos -como también vemos cada día en las plazas y locales de nuestras ciudades y en las tareas de la agricultura-, sino que resulta imprescindible desde el punto de vista demográfico para garantizar en el futuro el nivel de bienestar del que actualmente goza España.
Pero para que ese impacto beneficioso pueda producirse, para que más inmigrantes puedan seguir llegando y España pueda seguir creciendo, es imprescindible atajar ahora los efectos negativos, que afectan a la convivencia, la seguridad y la calidad de vida en cientos de barrios de casi todas las ciudades españolas. Negar las dificultades de integración de personas de otras culturas, entender que la libertad de movimientos de cualquier ser humano debe respetarse sin los lógicos límites que marcan las leyes y las tradiciones de cada país, es condenarnos a un choque social irremediable y, en última instancia, perjudicar a las personas de otros países que necesitan y merecen ser acogidas.
España se encuentra ya en una situación perentoria en algunos aspectos. Canarias ha reclamado en numerosas ocasiones ayuda del Gobierno y de otras comunidades para dar acogida a los miles de menores que se ha visto obligada a acoger en su territorio. Vamos asistiendo con mayor asiduidad a un tipo de delincuencia con la que este país no estaba familiarizado o al uso de armas de fuego en las reyertas callejeras.
Afortunadamente, aún estamos a tiempo de actuar. España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo y una gran parte de los emigrantes que recibimos proceden de América Latina, por lo que compartimos con ellos idioma y algunas costumbres. Pero los problemas relacionados con la emigración no tienen que ver sólo con la seguridad. Hasta en los países en los que ese fenómeno es habitual desde hace décadas, la integración entre culturas y razas sigue siendo un reto difícil de superar.
En España ha llegado el momento de que Partido Popular y Partido Socialista intenten dejar fuera de la contienda política un asunto tan atractivo en la recolección de votos como negativo para la convivencia, como es el de la inmigración, y negocien un pacto para hacer frente a ese problema cuanto antes, con medidas eficaces que puedan hacer compatible la obligación moral, la necesidad económica y la calidad de vida de la población. Si no lo hacen ellos, otros se arrogarán el derecho a hablar en nombre del pueblo español.
