Un país precioso
«Será interesante observar cómo se las ingeniará Escrivá para ejercer la importante labor del banco central a la hora de identificar los riesgos y desafíos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En el último informe anual del Banco de España, el supervisor identifica el muy elevado desequilibrio de las cuentas públicas como la mayor vulnerabilidad de la economía española. Y si hoy hay dos frentes que pueden entorpecer esa necesaria consolidación fiscal son la tendencia al alza del gasto en pensiones sin perspectiva de corrección y el agujero provocará en la caja común el concierto fiscal catalán pactado entre el PSC y ERC. Hoy quien fuera el ministro artífice de la reforma de las prestaciones públicas y miembro del Gobierno que impulsó el pacto entre sus correligionarios catalanes y la fuerza independentista se sienta al frente el organismo supervisor. Será interesante observar cómo se las ingeniará José Luis Escrivá, que hace una semana juró su cargo como nuevo gobernador, para seguir ejerciendo la importante labor del banco central nacional a la hora de identificar los riesgos y desafíos que amenazan la estabilidad económica y financiera del país.
En la España de Sánchez, el responsable del roto que ha hecho en el gasto público la decisión de indexar las pensiones al IPC recogida en su reforma de marzo de 2023 será el encargado de vigilar que ese desequilibrio no siga aumentando y de proponer las mejores políticas públicas que permitan abordarlo. Si su credibilidad para hacerlo está comprometida, los datos sobre la evolución de esa partida no parece que le vayan a facilitar la tarea. Según Funcas, el gasto en pensiones, contributivas y no contributivas, ha alcanzado en 2023 los 170.800 millones de euros, lo que supuso 15.800 millones más que en 2022.
De hecho, el prestigioso centro de análisis económico escogió esa cifra esta como el dato del año «porque se trata del mayor incremento anual de la historia», que triplica el ritmo de crecimiento de los últimos 15 años. Este crecimiento ha sido el resultado, añade, de «la revalorización de las prestaciones en un 8,4%, conforme a la tasa de inflación del año anterior, unido a los factores habituales que todos los años impulsan el gasto al alza: el efecto sustitución –la pensión de los nuevos perceptores que entran en el sistema es mayor que la de los que salen- y el crecimiento del número de pensionistas».
«Las pensiones se llevan más de cuatro de cada diez euros de los presupuestos generales y su peso en las cuentas públicas va en aumento detrayendo recursos de otras partidas claves»
A la presión que ya ejerce la indexación con el IPC, se suman así factores como el envejecimiento de la población, el descenso del índice de mortalidad y la bajísima tasa de natalidad. Las pensiones se llevan más de cuatro de cada diez euros de los presupuestos generales y su peso en las cuentas públicas va en aumento detrayendo recursos de otras partidas claves.
Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el patrimonio neto negativo del sistema a finales de 2021 alcanzaba la cifra de 2,49 billones de euros, 2,04 veces el PIB de ese ejercicio. Esa deteriorada solvencia del sistema ha preocupado hasta ahora a los responsables del Banco de España. El antecesor en el cargo, Pablo Hernández de Cos, ha alertado sobre los efectos negativos sobre las generaciones futuras y la puesta en riesgo de la solidaridad intergeneracional al tiempo que ha pedido reiteradamente medidas correctivas. ¿Las pedirá también Escrivá? ¿O tratará de influir en los técnicos e investigadores de la institución que hasta ahora han tenido la independencia de alertar sobre este y otros desequilibrios?
El otro gran interrogante es cómo afectará el concierto catalán la consolidación fiscal que en principio debería defender el supervisor y que nos exige de nuevo la Comisión Europea tras el paréntesis que se abrió a raíz de la pandemia. El acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat y asegurarse Sánchez su permanencia en la Moncloa, supone un cambio profundo en el sistema de financiación autonómica. Sin consenso social, la medida traiciona el principio hasta ahora sagrado de solidaridad interterritorial recogido en nuestra Constitución, y podría tener un coste para el Estado de entre 25.000 y 30.000 millones de euros anuales, según los cálculos de los expertos. La Generalitat pasará a recaudar el 100% de los impuestos que se generan en su territorio a cambio de una contribución con el Estado (un cupo) y un mecanismo temporal de solidaridad interterritorial.
En un documento reciente del centro de estudios Fedea que firma Ángel de la Fuente, el gran experto en la materia, se ofrecen dos opciones para suplir la pérdida de ingresos que supone la salida de Cataluña del régimen común: que los recursos que reciben el resto de las autonomías -y por tanto la calidad de sus prestaciones sociales y servicios públicos- se reduzcan, o que la presión fiscal en estas regiones suba para compensar la salida de uno de sus aportadores netos. ¿Se atreverá el nuevo gobernador a alertar sobre estos peligros?
Porque en opinión del profesor De la Fuente, este cambio radical en el modelo de financiación territorial, «acercará al Estado a una estructura confederal, debilitando la capacidad del Gobierno central para gestionar de manera eficiente y equitativa sus competencias». Lo que supone en definitiva privar al Estado de los recursos necesarios para ejercer sus funciones esenciales, entre las que destaca la cohesión social y territorial. Principios que ha abandonado el PSOE de Sánchez en su desistimiento de gobernar otras comunidades autónomas y la determinación de su líder de perpetuarse en el poder.
Pensiones y ruptura de la caja común. Son los dos grandes obstáculos para la corrección de los históricos y comparativamente altos desequilibrios de las cuentas públicas que acumula España. El déficit público (la diferencia entre gastos e ingresos) se situará en el 3,1% del PIB en 2024 para luego subir al 3,2% y el 3,3% en 2025 y 2026, respectivamente. Cada vez más lejos de situarse por debajo del 3% como recoge el Pacto de Estabilidad europeo.
La deuda también sigue resistiéndose a bajar a pesar del fuerte crecimiento de la economía en estos dos últimos años. Se situó a mitad del año en el 108,2% del PIB frente al 107,7% al que cerró 2023. Se necesitan instituciones fuertes e independientes para abordar esos retos, pero nada apunta en ese sentido si el que tiene que vigilar las políticas públicas hoy era ayer el responsable del desaguisado.
Con tal que no gobierne la derecha, nos está quedando un país precioso.
