Una manifestación anti inquilinos

No dudo de que muchos de los participantes en las manifestaciones convocadas hace 15 días con el objetivo de protestar por la subida de los alquileres han acudido a ellas con la mejor intención y movidos por una necesidad real, la de poder contar con una vivienda. De lo que no estoy tan seguro es que los activistas que promueven las protestas actúen por motivos tan razonables. Al menos, existe la certeza de que sus planteamientos son demagógicos y las medidas que proponen son totalmente contraproducentes y contrarias a los objetivos que afirman perseguir.

Desde luego de lo que no cabe duda es de que la participación en las protestas de los partidos que sustentan al Gobierno constituye un contrasentido y un acto de pura hipocresía, porque si alguien es responsable de la situación actual, es este Ejecutivo. No solo por su inacción a la hora de solucionar un problema que le corresponde, sino porque las medidas que ha tomado, del más puro estilo populista y demagógico, han sido totalmente negativas y tan solo han servido para reducir la oferta con el consiguiente aumento del precio.

Antes que nada, dejemos claro que el problema radica principalmente en el mercado de alquiler y no en el de compra-venta. El derecho constitucional es a una vivienda digna, pero no a ser propietario. España se ha separado de lo que es la norma en la mayoría de los países de Europa y no digamos en EEUU, en los que la proporción de pisos de alquiler es mucho mayor que en nuestro país. Aquí durante muchos años el arrendamiento ha sido casi un mercado inexistente, herencia del franquismo cuyas medidas ahora se quieren copiar, y de los intereses de las entidades financieras que vieron en las hipotecas un negocio rentable y con poco riesgo, amén de que las ayudas fiscales se dirigieron principalmente a la compra de viviendas en lugar de dedicarse al alquiler, política claramente equivocada.

Como equivocada es la medida anunciada por Sánchez en el mes de mayo acerca de que el ICO avalaría a los jóvenes menores de 35 años y a familias con niños hasta el 20% del valor del piso, de manera que el préstamo bancario pudiese llegar al 100% del precio.

La norma, quizás no escrita, de que las entidades financieras no concedan hipotecas por la totalidad de la tasación de la propiedad parte de la triste experiencia de la crisis de 2008, ya que en los años previos los bancos adjudicaban los préstamos con total alegría y muchos ciudadanos los aceptaban con una alegría similar y como consecuencia de ello se produjeron la burbuja inmobiliaria, los impagados y las quiebras. Es por tanto un contrasentido que el Gobierno pretenda corregir la medida de prudencia impuesta a la banca y que sea el erario público el que asuma el riesgo. En realidad, son las entidades financieras las que salen beneficiadas con la ayuda.

«La multiplicación de los hogares unipersonales y de las familias monoparentales presiona sobre la demanda de viviendas»

Por otra parte, el incremento de la temporalidad y la movilidad en el mercado laboral inclinan a que en la mayoría de los casos sea más conveniente el alquiler que la compra. Por mucho que nos empeñemos, dados los sueldos actuales, adquirir un piso no está desde luego al alcance de todo el mundo y forzar la compra conduce a que se repita lo que ocurrió en 2008. La dificultad crece si tenemos en cuenta que está aumentando considerablemente la proporción de familias monoparentales, incluso la propensión a la soltería o al retraso en el matrimonio o al aparejamiento. Durante muchos años gran parte de las adquisiciones de viviendas se hacían viables al concurrir dos titulares y dos sueldos. Al mismo tiempo, este mismo hecho de la multiplicación de los hogares unipersonales y de las familias monoparentales presiona fuertemente sobre la demanda de viviendas, bien sea sobre el mercado del alquiler o bien sobre el de adquisición.

Lo que parece innegable es que es el mercado del alquiler el que necesita protección. El Estado no tiene obligación de garantizar a nadie que vaya a ser propietario de una casa, pero sí que va a poseer una vivienda digna (no lujosa) en la que alojarse, aun cuando no disponga de recursos para ello. Además, las condiciones económicas de las personas no suelen ser iguales a lo largo de todos los años de su vida, por lo que las ayudas de los poderes públicos también deben ser temporales y adaptarse a la evolución de esas necesidades. En este sentido, las prestaciones al alquiler se acomodan mucho mejor a los posibles cambios que aquellas que se dirigen a promocionar la adquisición.

Es en el mercado del alquiler, por tanto, en el que deben actuar fundamentalmente los poderes públicos; ahora bien, intervenir no quiere decir destruirlo ni violentar sus leyes. La peor política consiste en traspasar al sector privado las obligaciones que solo al Estado competen. En un sistema de libre mercado (y estamos en él, y no creo que nadie en plena era de la globalización e incorporados a la Unión Europea esté pensando en retornar a un régimen de planificación central) violentar sus reglas nucleares conduce a unos resultados contrarios a los que se pretende alcanzar. El mercado se venga.

Resultaba irónico escuchar a los manifestantes y a una parte del Gobierno gritar que la vivienda es un derecho y no un negocio, porque será difícil que alguien dentro del sector privado esté dispuesto a construir viviendas por puro altruismo. Como es lógico, la iniciativa privada se mueve por negocio y para obtener un beneficio, y amenazar con quitárselo conduce a que se inhiba o huya.

«Amenazar con una huelga de inquilinos no es la mejor forma de atraer la inversión hacia el mercado inmobiliario»

Ha sido principalmente en estos seis años de Gobierno sanchista cuando el precio del alquiler se ha disparado, y además de forma acelerada. La razón hay que buscarla en las medidas totalmente contraproducentes que se han aprobado. Cuantas más iniciativas se han ido adoptando, más empeoraba la situación.

El mercado del alquiler, como cualquier otro, se rige por la ley de la oferta y la demanda. Esta última viene dada y es un dato del problema. La única actuación posible para bajar el precio consiste en incrementar la oferta. La actuación de los poderes públicos deberá dirigirse primeramente a la construcción de vivienda pública, de alquiler, orientada a las capas de población más necesitadas y que no pueden arrendar un piso en las condiciones fijadas por el mercado, pero también facilitando e incentivando la construcción privada de viviendas. Preferiblemente orientadas estas últimas también al alquiler, pero no hay que desechar las que se dirigen a la venta, ya que en primera instancia colaborarán, sí, a reducir el precio en este mercado, pero indirectamente también pueden disminuir el coste de los arrendamientos, puesto que parece previsible que determinados inquilinos, en este caso, se sientan atraídos hacia la adquisición con la consiguiente reducción de la demanda en el mercado del alquiler.

Resultan, por tanto, improcedentes todas las medidas que asusten o desincentiven al capital nacional o extranjero, sean fondos buitres o no, ya que influirán negativamente sobre la oferta y por lo tanto sobre el precio. Amenazar con una huelga de inquilinos no es la mejor forma de atraer la inversión hacia el mercado inmobiliario.

Pero los efectos negativos de las medidas tomadas han incidido principalmente en el parque de las casas ya construidas. La oferta en el mercado inmobiliario está en extremo fraccionada. Más del 90% corresponde a pequeños propietarios con una vivienda o como mucho dos en alquiler. En contra de lo que se pretende afirmar, suelen carecer de todo carácter especulativo. Se mueven mucho más por la seguridad que por el rendimiento. Odian el riesgo. En este mercado no existe apenas concentración y posee todas las condiciones para que funcionase muy bien en él la libre competencia.

«Si los precios suben es tan solo porque el Gobierno ha reducido la oferta expulsando a muchos propietarios del mercado»

Si en los últimos tiempos los precios suben desaforadamente es tan solo porque el Gobierno ha reducido la oferta expulsando a muchos propietarios del mercado. Se ha implementado una legislación excesivamente protectora del arrendatario y punitiva para el arrendador. El propietario se encuentra casi inerme ante la falta de pago del inquilino, y ante los perjuicios que se puedan producir en el inmueble. La tardanza judicial en decretar el desahucio y los obstáculos derivados de la llamada vulnerabilidad que -al ser un concepto bastante relativo, muchas veces los servicios sociales la certifican con enorme ligereza dando lugar a una importante picaresca- pueden generar un clima de inseguridad y riesgo que expulsen del mercado a muchos propietarios.

Por otra parte, se traslada a los arrendadores un problema: la pobreza, cuya solución solo a los poderes públicos compete. No es lógico que la administración se limite a certificar la vulnerabilidad, como si fuese una cuestión que no le atañe. Si un inquilino va ser desahuciado y es vulnerable la repuesta no puede ser la de prohibir el desahucio. Corresponde a los poderes públicos proporcionar una solución habitacional (como se dice ahora) alternativa o en caso contrario ayudarle a pagar el alquiler hasta que se le pueda dar una respuesta definitiva.

La ocupación en sentido estricto y la llamada inquiokupación son contagiosas. La laxitud política ante ellas genera e incrementa la picaresca y puede cundir la idea en muchos inquilinos de que no tienen por qué pagar el arrendamiento. Si fuesen las administraciones públicas las que se tuviesen que hacer cargo de las deudas tendrían más cuidado y pondrían más esmero a la hora de declarar vulnerable a una familia.

Las medidas propuestas por el sindicato de inquilinos y otras asociaciones parecidas, y aceptadas por el Gobierno, son en todo caso proteccionistas a corto plazo para aquellos inquilinos que cuentan con un contrato de arrendamiento, pero dejan en la mayor indefensión a los que lo buscan, y especialmente a los realmente vulnerables o que puedan llegar a serlo. Los propietarios que permanezcan en el mercado y, dado que la demanda superará con mucho a la oferta, intentarán minimizar el riesgo y rehusarán alquilar a todos aquellos que consideren que tienen la mínima probabilidad de ser declarados vulnerables, que son precisamente los más necesitados de protección y a los que el Gobierno dice querer defender.

«El Gobierno, ante las protestas de los inquilinos, ha reaccionado como es habitual de forma populista»

El Gobierno, ante las protestas de los inquilinos, ha reaccionado como es habitual de forma populista. Ha prometido un bono de alquiler para los jóvenes. Es curioso que las ayudas siempre se propongan para los jóvenes cuando muchas veces las verdaderas necesidades se encuentran en otros segmentos de población. Estas prestaciones suelen ser difíciles de gestionar cuando no son, como en este caso, ilusorias porque ponen unas condiciones tales que nadie puede cumplirlas. Pero es que además son equivocadas porque en un mercado en el que la oferta es muy inferior a la demanda, las subvenciones terminan derivándose a los propietarios mediante subidas en los precios.

El presidente del Gobierno en el mismo acto en el que propuso tan genial medida afirmó en el más puro estilo demagógico y populista que no quería un país de inquilinos pobres y propietarios ricos. Claro que siempre hay un pseudomedio que desde el fango descubre que la mayoría de los ministros son dueños de varios inmuebles, y a alguno casi se le podría calificar de gran tenedor. Y no es que ello sea criticable, lo que resulta más que censurable es ser tan hipócrita.

El sindicato de inquilinos, la plataforma contra desahucios y otras asociaciones varias de la protesta harían bien en proponer medidas efectivas y viables como que las administraciones se hiciesen cargo de las obligaciones contraídas por los inquilinos realmente vulnerables cuando no les fuese posible hacerles frente. Deberían orientar sus críticas no a los propietarios, sino hacia el Gobierno. Bien es verdad que esto resulta difícil cuando algunos de sus miembros forman parte de él, y además son sus propuestas demagógicas y totalmente contraproducentes las que ese mismo Gobierno ha secundado.