El copago nuclear
«El Gobierno está asfixiando las centrales nucleares a propósito. Las está asfixiando mientras en Europa apuestan por ellas»
Allá por el año 2012, en la primera legislatura del Partido Popular de Mariano Rajoy, se hizo más que evidente que el sistema eléctrico español era un agujero sin fondo. La política de otorgar multimillonarias primas a las energías renovables y la cogeneración estaba ocasionado un déficit que acabaría costando a los españoles la friolera de casi 150.000 millones de euros. Con la sacrosanta excusa de la protección medioambiental, se aprobó entonces una ley que imponía una fiscalidad a todas luces abusiva para el sector eléctrico.
Con la sostenibilidad por bandera utilizaron el BOE, sin miramientos, para acabar haciendo insostenibles a muchas centrales eléctricas. Esa fiscalidad desmedida ocasionó el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, por llevarla directamente a pérdidas. Esa misma legislación estableció, por ejemplo, un impuesto del 7% a la producción de cualquier tipo de electricidad, independientemente de su origen. ¿Cómo se puede hacer una ley que se supone medioambiental y grava por igual a las energías renovables y al gas, a la energía nuclear y al carbón? Una ley que pone el mismo impuesto a unas tecnologías que emiten 10 gramos de CO2 por cada kWh producido que a otras que emiten 800 gramos de CO2/kWh es de todo, menos medioambiental.
Esa ley impuso dos nuevas tasas que afectaban en exclusividad a la energía nuclear, dándole un trato injusto y discriminatorio. Una ley que trata con más benevolencia al gas y al carbón que a la energía nuclear es de todo, menos medioambiental. Una ley que imponía dos tasas diferentes a la producción de residuos radiactivos, unos residuos que jamás en España han tenido impacto alguno sobre el medioambiente. Unos residuos que permanecen absolutamente confinados de manera segura, aislados del medioambiente y gestionados de manera ejemplar, tanto por las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas como por la empresa pública ENRESA.
Desde que se impuso esa legislación, las centrales nucleares han pagado más de 3.000 millones por unos impuestos que nunca debieron existir porque nunca tuvieron un criterio medioambiental, sino simplemente recaudatorio. Estos impuestos, además, son redundantes con la tasa que las centrales nucleares pagan a ENRESA, precisamente, para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales (la tasa ENRESA). Por si fuera poco, esos impuestos son también redundantes (es decir, están triplicados) con algunos impuestos autonómicos como el catalán, que además es inconstitucional. Pero quédense con este número, 3.000 millones, más abajo entenderán el porqué.
Saltamos ahora al año 2019. El Partido Socialista de Pedro Sánchez llega al Gobierno y fuerza a las empresas eléctricas a firmar un calendario de cierre de las centrales nucleares en España. En ese mismo acuerdo, se sube la tasa ENRESA un 20%. En ese mismo acuerdo, el Gobierno se comprometió a no volver a subir esa tasa hasta el cierre de las centrales. Ese mismo acuerdo es el que viola ahora el Gobierno, subiendo unilateralmente la tasa ENRESA un 30% adicional, nada más y nada menos, de un día para otro.
«La fiscalidad que asola a las centrales nucleares españolas ha subido un 71% en apenas cinco años. Imaginen un negocio al que le hubieran hecho lo mismo. Es imposible que una actividad económica sea viable en esas condiciones»
¿Cuál es la excusa para haber hecho esto? Pues que el dinero, según el Gobierno, no va a alcanzar para gestionar los residuos y desmantelar las centrales nucleares. ¿Y por qué dicen ahora que el dinero no va a alcanzar? Porque ellos mismos cancelaron el proyecto del Almacén Temporal Centralizado de residuos que se iba a hacer en Cuenca y esa decisión (que tomaron ellos) va a costar unos 2.000 millones de euros adicionales (que no va van a pagar ellos, sino las centrales nucleares). Disparando con pólvora del rey se ve todo muy sencillo. ¿Y por qué va es más caro haber cancelado el ATC? Porque ahora, en lugar de hacer un almacenamiento único para toda España, tenemos que hacer siete, uno en cada central nuclear.
No se trata únicamente de cuestionar el hecho de que unos agentes privados tengan que financiar las decisiones caprichosas del gobernante de turno. Sino que también conviene cuestionar el hecho de que esos mismos agentes privados hayan pagado ya con creces esos sobrecostes. Volvamos ahora a los 3.000 millones que comentábamos más arriba. Ese importe supera con creces lo que se necesita para hacer los siete almacenes de residuos. Es decir, no haría falta subir la tasa ENRESA, porque ese dinero ya está recaudado. No es que sea un co-pago nuclear, ni siquiera un re-pago nuclear. Es el requetepago nuclear.
La fiscalidad que asola a las centrales nucleares españolas ha subido un 71% en apenas cinco años. Imaginen un negocio al que le hubieran hecho lo mismo. Es imposible que una actividad económica sea viable en esas condiciones. Y por eso lo hacen. Están asfixiando las centrales nucleares a propósito. Las están asfixiando mientras en Europa apuestan por ellas, porque producen el 20% de la electricidad de manera segura, fiable, limpia y barata. Ya saben ustedes, el despotismo climático. Todo por el clima… pero sin el clima.