Corrupción, desconfianza y antipolítica

Durante la charla que mantuve hace unos días en Málaga con Fernando Jiménez, uno de nuestros mayores expertos en corrupción, salió a relucir un dato espeluznante: según los datos recabados para el Eurobarómetro, casi el 90% de los españoles desconfía de los partidos políticos; cerca del 80% experimenta desafección hacia el Congreso y más del 70% recela del Gobierno. Son cifras sin parangón en Europa, que revelan una formidable crisis de representación y apuntan hacia un estado de ánimo que oscila entre la indignación y el cinismo. Irónicamente, ni las movilizaciones del 15-M ni el surgimiento de la «nueva política» han cambiado las cosas. Y la llegada de la izquierda al poder de la mano de Pedro Sánchez las ha empeorado: como si nuestra clase gobernante se esforzase por perder la poca confianza de la que todavía disfruta.

Desde luego, poco cabía esperar de un Gobierno cuya legitimidad se encuentra viciada de origen por esa Ley de Amnistía mediante la cual unos compraron la impunidad y otros la investidura. Pero lo que ha venido después ha ahondado en la herida: como han recordado los casos recientes de Adamuz y el jefe de la policía, el principio de responsabilidad política ha desaparecido de nuestro horizonte democrático. Al mismo tiempo, la saga del Peugeot se ha redondeado con indicios de juego sucio en las primarias socialistas y la trayectoria de un dirigente como Borja Cabezón nos ilustra sobre la praxis de unas formaciones políticas —los académicos hablan de «partidos-cártel»— que ponen el Estado al servicio de sus miembros.

«El ciudadano tampoco es un mirlo blanco: pronto renuncia a jugar limpio allí donde nadie lo hace»

Y para qué hablar de la prevaricación sistemática en que incurre el CIS, de la apropiación partidista de los medios de comunicación públicos en todos los niveles territoriales o de la dispar atención que el feminismo oficial dispensa a las víctimas según cuál sea la identidad de su agresor. Si a ello sumamos el empleo recurrente en redes sociales de un lenguaje barriobajero incompatible con la dignidad que se supone a ministros y diputados, a su vez replicado en las cuentas oficiales de los partidos y sus patéticas formaciones juveniles, se entiende mejor que el ciudadano —culpable por su parte de apoyar en las urnas a líderes mendaces— exprese sentimientos negativos hacia la clase política.

Para colmo, nos encontramos con amaños administrativos tales como la filtración de las pruebas de oposición a la función pública o la adjudicación de viviendas de protección oficial a los políticos encargados de velar por su distribución imparcial; ayer mismo supimos de una oscura trama de billetes gratis dentro de Renfe. Por eso a nadie sorprende que del móvil de Koldo García sigan saliendo indicios de contrataciones a dedo en empresas públicas: hemos pasado del proverbial pisito de la posguerra a la nómina con cargo a los presupuestos. ¡Y aún hay quien sostiene que España no es tan corrupta como parece! Huelga añadir que el ciudadano tampoco es un mirlo blanco: pronto aprende que quien no corre vuela y renuncia a jugar limpio allí donde nadie lo hace.

Va de suyo que el régimen informativo que siga cada cual influye sobre su percepción de la realidad política: el partidario de Sánchez solo hablará de Gürtel y alguno habrá que siga confiando en la palabra del líder socialista. Sin embargo, la desafección ciudadana se ha convertido en un fenómeno transversal. Y de ahí que cada día resulte más difícil oponer argumentos al populista que viene a impugnar el orden establecido diciendo que una casta extractiva gobierna a espaldas del interés general. Pero también eso, en fin, lo hemos vivido. Quizá nadie crea ya que esto tenga arreglo; desperdiciamos la última crisis y el siguiente paso —un paso fatal— puede llevarnos del malestar a la resignación. Ojalá no lleguemos a darlo.