Dante, Habermas y el patriotismo constitucional

Dante se pasea con Virgilio en el Noveno Círculo cuando se refiere a los traidores. El Noveno Círculo era el que se situaba en la parte más baja del Infierno, donde residían los peores malhechores. En la primera zona, la Caina, los que traicionaron a sus allegados por atentar contra su confianza; en la segunda, la Antenora, a los traidores a sus conciudadanos, a la patria o instituciones políticas; en la tercera, la Tolomea, a los que habían traicionado a sus huéspedes, que era un grave delito en la tradición de la época; y, en la cuarta, la Judeca, estaban los que traicionaban a los benefactores, a quienes les habían ayudado. Todos ellos estaban sometidos a las peores torturas, más intensas cuanto más se descendía en el Averno.

Me llama la atención que La Divina Comedia considerase como una de las acciones más execrables la traición a la ciudadanía, la patria, las instituciones, en el sentido dantesco, situando a quienes la hubieran realizado (a Judas, Bruto y Casio, además de a Lucifer, el primer gran traidor bíblico, así como diversos personajes mitológicos) en el penúltimo eslabón de la perversidad. Me llama la atención porque compruebo que, ya en aquellos momentos, la ciudadanía, la patria, las instituciones… es decir, el sistema político, merecían un respeto cuya violación podía considerarse como traición. Y esto no lo decía solamente Dante. Desde antiguo (Tito Livio o Cicerón) hasta la modernidad (Maquiavelo, Montesquieu, Rousseau) o los defensores de la paz mundial como Kant o los utópicos… incluso en Kelsen con su visión estatalista y positivista, la patria se ha asimilado al derecho y las instituciones del país, generándose la idea de un reconocimiento o adhesión cívica a la misma, que no tenía que ser traicionado.

No es que quiera, amparándome en La Divina Comedia, enviar al noveno círculo a todos aquellos que no estén conformes con el orden establecido. Nada más lejos de mi intención. Pero sí me parece oportuno realizar ciertas reflexiones en torno a su vigencia, sus aportaciones positivas y, también, sus desajustes y sus posibilidades de reforma. Para ello, dado que estamos en un país cuyo sistema se inserta entre los de las democracias surgidas en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, regido por una Constitución que también es heredera en buena parte de las que se adoptaron en la segunda mitad del siglo XX, creo que sería bueno, para entroncar con Dante, examinar el concepto de patriotismo constitucional, que tanto recorrido ha tenido en el constitucionalismo alemán y europeo, aunque no se haya consolidado como institución jurídica normalizada en el nuestro.

De entrada, no niego que la utilización del concepto patriotismo constitucional puede generar resistencias. Estamos tan acomplejados en este nuestro país que tanto el sustantivo patriotismo como el adjetivo constitucional, según donde los utilicemos, constituyen la mejor provocación para que nos llamen, directamente, fachas, fascistas o franquistas. Y, al tercer o cuarto exabrupto, como es prácticamente imposible razonar frente a los improperios, dejamos de utilizarlos. Por eso es importante saber de qué estamos hablando.

Fue Sternberger, jurista y politólogo, quien acuñó el término, en un artículo periodístico que escribió con motivo del 30 aniversario de la Ley Fundamental de Bonn, en 1979. Sternberger creía que el hecho de que Alemania se hubiera dotado, tras la derrota militar del nacionalsocialismo, de una cultura política democrática, fundamentada no en conceptos etnicistas ni la evocación del pasado histórico, sino en los derechos de participación consagrados en la Constitución, que los reconoce y garantiza, tendría que ser un motivo de orgullo no solo para la generación del momento, sino para las futuras generaciones.

«Me llama la atención porque compruebo que, ya en aquellos momentos, la ciudadanía, la patria, las instituciones… es decir, el sistema político, merecían un respeto cuya violación podía considerarse como traición»

Ello se inscribió también en un debate entre historiadores, filósofos y otros intelectuales, que encontraban grandes dificultades para reconciliarse con la barbarie del pasado, y fue aquí donde Habermas, el gran divulgador del concepto, confirió un sentido moral al patriotismo constitucional, argumentando que el sistema político debía formarse alrededor de una identidad colectiva que se inspirase en la democracia y el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, esta estructura de pensamiento permitió que, tras la caída del muro de Berlín, los alemanes de uno y otro lado pudieran considerarse a sí mismos, con la unificación, como «un» pueblo. Aunque, todo hay que decirlo, en la en su momento denominada República Democrática Alemana no se realizó ese intento de «catarsis», como así fue en la República Federal, y ello es visto por diversos analistas actuales como uno de los motivos del resurgimiento y el auge de la extrema derecha en la antigua Alemania del Este. 

Contrariamente a todo tipo de nacionalismo, los integrantes de ese pueblo prefigurado por Habermas no se basaban en un sentimiento identitario, sino en un concepto racional que les reconocía el poder elegir ser ciudadanos, no de cualquier país, sino de uno fundamentado en los principios del constitucionalismo democrático y del cual se podía, por ello, estar patrióticamente orgullosos. El Estado democrático constitucional ha sido, desde tal perspectiva, un paradigma con vocación universal. Es significativo, al respecto, el diálogo de Habermas con Ratzinger en la obra Entre razón y religión. Dialéctica de la secularización. Y la influencia que el pensamiento de Habermas ha ejercido en la concepción intelectual del proceso de integración europea y en el ámbito de la interpretación jurídica realizada por los tribunales constitucionales, como paradigma ético vinculante, es también relevante, aunque ello no siempre fuera acompañado de otro concepto constitucional consagrado en algunos sistemas, que es el de democracia militante, implicando el rechazo, incluso legal, a quienes introdujeran prácticas de rechazo a los valores constitucionales.

Pero aquí, entre nosotros, no hemos, como país, interiorizado adecuadamente esta cultura constitucional. Razones históricas no nos faltan para explicarlo, pero ello no es argumento válido en pleno siglo XXI. En las últimas décadas, no se ha impulsado un sentido de lealtad hacia las instituciones, sino todo lo contrario. Se menosprecia el Estado de Derecho y se pretende imponer lo decidido mediante cualquier procedimiento, aunque no sea el legalmente predeterminado. Invocando en forma tergiversada los derechos de las minorías, se pretenden asegurar los derechos de grupos más o menos cohesionados o numerosos frente a los derechos de las personas, rompiéndose así el principio de dignidad y de libertad de todos y cada uno de los componentes de la ciudadanía. Si hubiéramos interiorizado la ciudadanía constitucional, no se sostendría el nacionalismo excluyente y la razón se impondría a las abundantes patologías políticas que nos circundan, atrincheradas tras los particularismos.

De ahí que, desde esa izquierda caviar, que también vive y pontifica entre nosotros, aunque no solo desde ella, se esté traicionando lo que edificamos, trabajosamente, durante la transición a la democracia. Con un complejo impropio de mentes adultas, que impide ser conscientes de que nada es perfecto, pero todo es mejorable, estamos vilipendiando el consenso que nos llevó a adoptar una Constitución que ha sido un modelo altamente seguido en Europa (se tuvo como patrón en la elaboración de las Constituciones en muchos países de Europa del Este tras la caída del comunismo) y en América (varias constituciones de la década de los noventa se inspiraron en la española de 1978).

Desde parámetros parecidos, se critican decisiones judiciales simplemente por razones ideológicas, sin que se razone el porqué de la crítica desde los parámetros jurídicos que la sostendrían. Desde posiciones irracionales se arenga a las masas, pretendiendo deslegitimar a las instituciones. Se divide a la sociedad en buenos y malos ciudadanos, según si apoyan emocionalmente el «bien» o el «mal» que se ha preestablecido previamente, según si se concuerda o no con determinados objetivos. Se banalizan las conductas punibles porque, a juicio interesado de algunos, nunca cumplen con los indicadores precisos que tendrían que definirlas. Se crean relatos que poco tienen que ver con la realidad. Se pretende, en suma, con todas las tergiversaciones posibles, traicionar las garantías de democracia que tanto costó obtener. Y se pretende, también, deslegitimando los procedimientos, impedir que el sistema pueda mejorar, conservando lo que ha sido positivo y reformando lo que precise ser modificado. 

¿Iremos a parar al Noveno Círculo?