Transparencia para el cotilleo, opacidad para el Estado

Arranca la campaña del IRPF y, como cada año, la gran mayoría de contribuyentes recibirá una devolución. Es un espejismo diseñado para que el impuesto parezca un regalo. Y un insulto a la transparencia. Claro que, bajo esa etiqueta, cabe hoy casi todo. Pero no todos sus tipos cumplen la misma función. Hay una transparencia horizontal, o reputacional, que expone a unos ciudadanos ante otros. Y una transparencia vertical, o fiscal, que expone al Estado y sus gestores ante el contribuyente. 

Un ejemplo flamante de transparencia horizontal es la nueva directiva europea de transparencia salarial, de inspiración escandinava, que obligará a las empresas con más de cien empleados a publicar estadísticas salariales por sexo, a justificar toda brecha superior al 5% y a revelar la horquilla retributiva en las ofertas de empleo.  Noruega mantiene listas fiscales consultables por cada contribuyente, lo que puede dificultar el fraude y reforzar el cumplimiento. Pero con ello moviliza emociones ligadas al estatus social, como la vergüenza y la envidia.

Los efectos son imprevistos. En Dinamarca, la obligación de publicar estadísticas salariales por sexo redujo la brecha retributiva un 13%, a fuerza de frenar los salarios masculinos. En Noruega, la transparencia de ingresos amplió la diferencia de bienestar subjetivo entre ricos y pobres: saber cuánto gana el vecino no nos hace más iguales, pero sí más conscientes de la desigualdad.

En todo caso, más revelador que juzgar esas leyes es el contraste entre cuánto fomenta la Unión Europea la transparencia horizontal y cuánto limita la vertical. La misma UE que ahora exige publicar salarios entre trabajadores obliga desde 1998 a que los precios al consumidor incluyan el IVA sin desglosar. El ciudadano puede saber cuánto cobra su compañero, pero no cuánto impuesto paga en cada compra. La transparencia horizontal se fomenta; la vertical se prohíbe.

Para entender la diferencia, no hace falta recurrir a un trasplante escandinavo. La analogía más sencilla es la de nuestra comunidad de vecinos. Imaginen que el administrador nos informara de los ingresos de cada vecino, pero no de las derramas. La transparencia socialmente valiosa no consiste en conocer los ingresos del cuarto B. Consiste en recibir la derrama con cifra, fecha y motivo, saber que nos toca pagarla y sufrir por ello. En política fiscal hacemos casi lo contrario.

La transparencia decisiva para una democracia adulta no es la que mira a los lados, sino hacia arriba. La que aclara la relación entre Estado y ciudadano, mostrando a este cuánto y cuándo paga, y cuánto vale lo que recibe. No facilita el escrutinio entre iguales, sino el de los servidores del Estado.

En transparencia vertical vivimos casi a oscuras, rodeados de señales falsas o amortiguadas: retenciones ajustadas para que el IRPF duela menos y salga a devolver, IVA oculto por ley en el precio, cotizaciones escondidas «a cargo de la empresa» y facturas-sombra que exhiben el coste del servicio, pero callan lo que ya habíamos pagado por él. No son fallos aislados. Es todo un modo de organizar a ciegas la relación entre el Estado y sus súbditos.

«Un ejemplo flamante de transparencia horizontal es la nueva directiva europea de transparencia salarial, de inspiración escandinava, que obligará a las empresas con más de cien empleados a publicar estadísticas salariales por sexo»

La evidencia empírica lo confirma. En un experimento en supermercados de California, etiquetar los productos con el precio más el impuesto incluido redujo la demanda un 8%: los consumidores sabían que existía el impuesto, pero no lo computaban al decidir. Cuando los peajes se cobran electrónicamente en vez de en cabina, las autoridades suben las tarifas hasta un 40% más. Y cuando el impuesto sobre los inmuebles se paga en la cuota hipotecaria, los votantes dejan de reaccionar a las subidas. La información políticamente relevante no es la que circula, sino la que no podemos ignorar. La opacidad fiscal no es un accidente administrativo. Es un recurso político.

Nuestros políticos no necesitan estudios científicos para entenderlo: a los pocos meses de que el Tribunal Supremo atribuyese a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas, la mayoría de las comunidades autónomas —salvo Madrid y Canarias— aprovecharon para duplicar el tipo, del 0,75 al 1,5 %. La subida resultó indolora porque el votante ya no la veía. (Agradezcan al Supremo su fidelidad a la semántica). 

Cada tipo de transparencia moviliza emociones distintas, y eso permite entender por qué persiste la opacidad. La horizontal recluta vergüenza, curiosidad y envidia —y sobre todo satisface nuestra disposición ancestral al cotilleo, mal adaptada a una sociedad masiva y de relaciones impersonales—. La vertical recluta la aversión a la pérdida, el dolor de pagar y el rechazo a sentirse engañado. La primera usa nuestras emociones para que nos vigilemos entre nosotros. La segunda, para que vigilemos a quien gasta en nuestro nombre. Quizá por eso hemos pedido y nos han dado tanta transparencia equivocada: la horizontal halaga al ciudadano; la vertical, disciplina al político.

Corregir ese sesgo exige hacer visible el coste del Estado: reducir retenciones para que el IRPF salga normalmente a pagar; mostrar en la nómina el salario bruto total y la carga total sobre el trabajo, con ingresos y cargos en cuenta simultáneos pero separados; borrar la ficción entre cotizaciones «a cargo del empleador» y «a cargo del empleado»; y eliminar facturas-sombra que solo exhiben el coste de los servicios a quien se le ocultan los impuestos que ha pagado por ellos.

Algunos dirán que una transparencia así apenas cambiaría nada, porque el votante seguirá siendo selectivo, tribal e interesado. Otros, por el contrario, que cambiaría demasiado, porque acabaría poniendo en duda la prestación de servicios públicos. Ambas objeciones tienen alguna base, pero subestiman la capacidad del individuo como ciudadano. La transparencia fiscal no hará por sí sola que nuestras preferencias dejen de ser contradictorias. Basta con que encarezca la ficción, dificulte promesas incompatibles y mejore la atribución de responsabilidades. Un sistema fiscal que de forma sistemática oculta al contribuyente lo que paga sesga las decisiones colectivas antes de que se tomen.

Además, hacer visible el pago no inutiliza al Estado. En Suiza no existe una retención en la fuente de carácter generalizado: la mayoría de los residentes presenta declaración, recibe una liquidación y paga, a veces por cuotas; y la fiscalidad suele someterse a votación. En Singapur, tras la declaración, el IRPF se puede fraccionar hasta en 12 mensualidades. 

Son modelos distintos del nuestro y más ambiciosos en visibilidad, pero convergen en lo esencial: la factura es perceptible. Ni Suiza ni Singapur padecen déficit de capacidad pública; al contrario. Suiza gastó el 33,2% del PIB en 2023 y Singapur en torno al 18-20%, frente a una media del 42,6% en la OCDE. Y ambos encabezan los indicadores de eficacia estatal del Banco Mundial. La capacidad estatal no exige opacidad. Exige legitimidad y madurez ciudadana, y ambas mejoran cuando el coste se hace notar.

No toda transparencia cumple la misma función, y nosotros hemos preferido la que más nos complace: mirar al vecino antes que mirar la factura. Un contribuyente que no siente lo que paga no puede juzgar lo que recibe.