Derecho a no equivocarse

El comportamiento de la población es importante para la propagación del coronavirus. Cuantas más personas sean prudentes y cumplan con las medidas de prevención del contagio, menos se extenderá el virus, y al contrario. El resultado de la imprudencia, el daño (o el aumento de riesgo de daños), se proyecta, en general, en dos direcciones: es un daño auto-infligido para el propio imprudente y también un daño (o el aumento de riesgo de daños) a los otros individuos o al conjunto social.

La conducta imprudente está vinculada, con mucha frecuencia, al comportamiento irracional. Especialmente, cuando los bienes que se dañan o ponen en peligro son básicos, como la vida o la salud. Los comportamientos irracionales no son, ni mucho menos, tan excepcionales como se pudiera pensar. De hecho, los avances en psicología del comportamiento han puesto de manifiesto que para muchos campos de decisiones sobre la salud, la economía o el bienestar, la mayoría cometemos numerosos errores, fallos de racionalidad, que además son típicos: siempre los mismos y cometidos por la mayoría.

En particular, el ser humano tiene dificultades para evaluar correctamente riesgos, salvo que haya recibido una formación específica para ello. En esto, somos más «animales» que «racionales»: si vemos que se acerca un perro peligroso en actitud agresiva, queremos huir o ponernos a salvo. Del peligro que vemos huimos. Pero nos resulta muy difícil apreciar que no llevar el casco en la moto supone un aumento del riesgo (un peligro invisible) de morir o sufrir una grave discapacidad. Ese riesgo no gruñe, no se ve. De los peligros invisibles no huimos.

El COVID-19 es un peligro invisible. Si los contagiados se pusieran -imaginemos- azules, bastaría con ver a un sujeto azul al fondo de la barra del bar para salir corriendo. No es así. Lo más parecido a «ver» al COVID-19[contexto id=»460724″] es encontrarse con el sufrimiento de los enfermos, padecerlo en primera persona o perder a un allegado. Del mismo modo que el riesgo de la velocidad en la carretera solo se «ve» cuando rebasamos un coche accidentado con víctimas; entonces sí, todo el mundo levanta el pie del acelerador durante unos kilómetros.

Ante un riesgo de este tipo, la persuasión racional sirve de poco. No es que no entendamos lo que nos dicen los expertos en salud pública, o los médicos que se enfrentan a la enfermedad. Sus razones para la prudencia nos pueden resultar convincentes. Es simplemente que nos cuesta mucho convertirlas en decisiones que nos lleven a actuar de forma prudente. Por decirlo en términos llanos, no nos aplicamos el cuento.

Ahora bien, el que estemos de forma general sujetos a estas limitaciones de racionalidad, no quiere decir que no podamos superarlas. Una vez que se asume el hecho de la tendencia general al comportamiento imprudente ante riesgos «invisibles», cabe poner en marcha mecanismos orientados a evitar equivocarnos cuando llegue la ocasión. Uno de los mecanismos esenciales es el Derecho. La amenaza de multa, que se percibe como un riesgo de daño más tangible que el del accidente, contribuye a que nos pongamos el casco en la moto. En el caso del COVID-19, al convertir las normas de prudencia en normas jurídicas respaldadas por sanciones, la sociedad consigue superar su previsible irracionalidad por un medio indirecto. La coacción deja pronto paso, además, a la costumbre. En este sentido, la sociedad ejercería un derecho a no equivocarse, cuando de ello depende la vida, la salud o el mínimo bienestar material de millones de personas. Se pueden poner infinidad de ejemplos de aplicaciones del derecho a no equivocarse: incluso la propia Constitución cabe entenderla como un mecanismo que se orienta a evitar algunas equivocaciones graves y a las que una mayoría democrática puede estar inclinada.

Este derecho a no equivocarse de la mayoría debe prevalecer sobre el derecho a equivocarse individual o de una minoría cuando, en primer lugar, en la balanza tenemos, de un lado, los bienes básicos a que antes aludía (la vida, la salud o los recursos económicos necesarios para llevar una existencia digna) y, de otro lado, la libertad de no llevar mascarillas o de tomar copas por las noches en locales cerrados; y, en segundo lugar, cuando las medidas que se proponen son temporales, proporcionadas, útiles y no hay otras alternativas razonables.

Entre el desorden y la incoherencia en los que las autoridades de este país están sumidas, nos vemos ahora sufriendo las consecuencias de la operación «salvar la Navidad». Parece ser que se permitió aquello que no debía hacerse, puesto que lo único racional era prohibir las previsibles reuniones familiares. Ahora, el imperturbable Dr. Simón señala a la población como principal responsable. Cuando, a mi juicio, sin embargo, los principales responsables son las autoridades, puesto que infringieron nuestro derecho a no equivocarnos en relación con algo tan grave como la pandemia.