La Guardia Civil describe el descontrol de las ayudas de los ERE sin norma ni fiscalización

El responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descrito este lunes el descontrol del sistema de ayudas de los ERE al no existir solicitudes, requisitos, norma reguladora y omitirse «no solo la fiscalización previa sino el control posterior de la ayuda». El juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un procedimiento específico con el que durante una década se repartieron 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles ha entrado este lunes en una nueva fase con el inicio de la comparecencia de los casi 150 testigos previstos.

El primero de ellos ha sido el responsable de la unidad de delincuencia económica de la UCO al frente de la investigación desarrollada desde el 2011, quien ha señalado que fue «muy difícil» realizar dicha tarea porque «faltaba mucha documentación» relativa a la concesión de las ayudas de los ERE. Según ha declarado el agente, durante dicha investigación la Guardia Civil constató que no había «solicitudes» de las ayudas ni «ninguna motivación», «no había requisitos» para acceder a las mismas, «no hay norma reguladora por parte de la administración» y no constaba fiscalización de las ayudas. Este procedimiento no solamente omitía la fiscalización previa sino el control posterior de las ayudas», ha defendido, ya que no se crearon las comisiones de seguimiento previstas en el convenio marco del 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA/IDEA a partir del cual se utilizó a dicha agencia como «caja pagadora» de las ayudas con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación.

No obstante, ha señalado que dicho sistema comenzó a usarse en 1999 ante un problema planteado por la Intervención respecto a unas ayudas a la empresa Cárnicas Molina con el fin de «agilizar todo, y dentro de la agilidad entra la discrecionalidad y como había problemas con la fiscalización crítica, van a este procedimiento». Un sistema que «no lo idea el señor Guerrero», en alusión al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, sino que «le viene dado» por sus «superiores» y en el que aparecen desde el principio «una pluralidad de conseguidores» que buscaban a comités de empresa, sindicalistas y empresas a las que les ofrecían reajustes de plantilla financiados por la Junta.

Las mediadoras Vitalia y Uniter, el bufete Villasís o el exsindicalista Juan Lanzas son algunos de esos «conseguidores» que aparecen desde los primeros ERE subvencionados y se repiten en muchos de ellos. Según el agente de la UCO, constan en la investigación declaraciones que coinciden en indicar que «Uniter entra de la mano de Antonio Fernández y Vitalia de la mano de Guerrero» así como transferencias de dinero de Vitalia a Guerrero o «listas de regalos» para políticos de la Junta.

Preguntado sobre el conocimiento de ese sistema por parte de todo el Gobierno andaluz, el guardia civil ha dicho entender que de la existencia de las ayudas «eran conscientes» y del «procedimiento exacto» ha defendido que en las modificaciones presupuestarias para incrementar la partida del programa, el Consejo de Gobierno puede ver «que se están cambiando partidas de un tipo de fiscalización a otro tipo y se especificaba para qué eran» dichas modificaciones.

Para este testigo, «detectan un problema y el Gobierno toma una decisión que se ve refrendada a través de las modificaciones presupuestarias» que pasan diferentes vistos buenos. Por ello, a su juicio, el sistema de pago de las ayudas vía IDEA mediante transferencias de financiación -sin fiscalización previa y cuyo uso era «inadecuado» según la Intervención- «el Gobierno en general debería saberlo» cuando además viene reflejado en las modificaciones presupuestarias que «pasan demasiados filtros y se perpetúa a lo largo de tantos años». Además, según el agente, las declaraciones tomadas a Guerrero dejan claro que los diferentes consejeros se interesaban por las ayudas a empresas de sus respectivas provincias como en el caso del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que «participaba en reuniones con colectivos de trabajadores y empresas» de Jaén.

La declaración de este testigo en el juicio de los ERE continuará el martes ya que este lunes solo le han preguntado el fiscal, el abogado del PP-A y los letrados que defienden al expresidente José Antonio Griñán y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.