El juez rechaza juzgar a Rato solo por las comisiones de la publicidad de Bankia
La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto juzgar al exministro de Economía y exvicepresidente de Bankia Rodrigo Rajo por el presunto cobro de más de 835.000 euros en comisiones que supuestamente recibió de las agencias de publicidad que ganaron la campaña de lanzamiento de la entidad.
El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha rechazado «por el momento» procesar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato únicamente por las presuntas comisiones de 835.000 euros recibidas por publicidad de Bankia, al entender que están «íntimamente» relacionadas con otros delitos investigados.
El magistrado Antonio Serrano-Arnal ha descartado la petición de la Fiscalía Anticorrupción debido a los vínculos de estas pesquisas con el supuesto fraude fiscal y el blanqueo de capitales, investigados en las distintas piezas separadas de las que se compone el caso.
A pesar de desestimar la petición principal del Ministerio Público, el juez atiende la prueba documental solicitada e incorpora al procedimiento documentación procedente de ONIF, la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, así como de atestados y oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto juzgar al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el presunto cobro de más de 835.000 euros en comisiones que supuestamente recibió de las agencias de publicidad que ganaron la campaña de lanzamiento de la entidad.
La Fiscalía ha comunicado su postura al juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, tras valorar que existen indicios suficientes que vinculan al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) con estas irregularidades, según han informado a EFE fuentes jurídicas. La fiscal Elena Llorente ha solicitado al juzgado que continúe con el trámite de procedimiento abreviado de esta pieza separada de la investigación sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato.
La denuncia inicial de Anticorrupción señalaba a Zenith y Publicis, las agencias que vencieron en dicha convocatoria, por su supuesta responsabilidad como personas jurídicas en el pago de dos millones de euros al presunto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, a cambio de que les favoreciera.
Para la Fiscalía, de esos dos millones, Rato podría haber cobrado 835.000 euros a través de la empresa Kradonara 2001, procedentes de Albisa Inversiones, propiedad de su testaferro, a quien Zenith y Publicis había contratado paralelamente para la identificación de nuevos negocios.
El pasado abril, la Audiencia Provincial de Madrid instó al magistrado para que requiriese a Bankia las propuestas de todas las agencias a fin de acreditar si la adjudicación «se debió a que éstas eran las mejores como ellas sostienen, y no al presunto pago de comisión» alguna.
En noviembre de 2017, la Audiencia Nacional abrió un juicio oral contra Rato por una presunta estafa a los inversores en la salida a Bolsa de Bankia en el año 2011. En febrero de 2018, el juzgado decidió llamar a declarar a Rato por el supuesto blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ve indicios suficientes de que empleó mercantiles domiciliadas en el extranjero, entre ellas la empresa Kranodara, sin actividad social conocida, utilizando sociedades fiduciarias como testaferros. En su declaración ante el juez, el 5 de abril, Rato defendió que cobró por sus servicios de forma legal, ya que desde 2002 «es plenamente legítimo facturar a través de empresas», afirmó.
