Podemos se querella por prevaricación contra el presidente de lo Contencioso del Supremo

Podemos ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, por la gestión de la sentencia que atribuyó el pago del impuesto de las hipotecas a los bancos. Además, solicita la suspensión del pleno convocado el 5 de noviembre para decidir si se mantiene la decisión o no.

Díez-Picazo decidió convocar un pleno de la Sala para estudiar la aplicación de la sentencia debido a la “enorme repercusión económica” que provoca y el “giro radical” que supone sobre la doctrina anterior del Tribunal Supremo.

Podemos considera que el presidente de la Sala dictó una resolución jurisdiccional “motivado por un interés totalmente contrario a la ley y a la propia administración de Justicia”, movido por “un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española”.

Además, en opinión de Podemos, la decisión de Díez-Picazo perjudica “los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras”.

Por tanto, solicita investigar “los motivos reales” que han guiado la actuación del presidente de la Sala y recuerda las informaciones que apuntan a que el juez ejerció la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, dependiente de la Asociación Española de Banca.

El partido de Pablo Iglesias menciona en la querella que Díez-Picazo ya sabía desde enero de 2018 de la existencia de un recurso de casación sobre el impuesto, pues él mismo firmó la admisión a trámite, y que debería haber sido en ese momento y no cuando se dictó una sentencia favorable a los consumidores cuando convocara el pleno.

«La resolución es, no solo meridianamente ilegal desde el punto de vista procesal, sino también injusta, puesto que a través de la misma deja sin efecto señalamientos pendientes que pudieran confirmar la tesis de esta sentencia y evitar que actuales Juzgados y Tribunales puedan utilizar a su vez esta sentencia —reiteramos, perfectamente válida y legal — para dictar sus respectivas resoluciones», argumenta Podemos en la querella.

La pena prevista por prevaricación es una multa de entre 12 y 24 meses y la inhabilitación especial para el empleo o cargo público de entre 10 y 20 años, informa Efe.

La asociación JJpD pide la dimisión de Díez-Picazo

Un día antes de la querella de Podemos, la asociación Jueces y Juezas por la Democracia pidió «la inmediata dimisión» de Luis María Díez-Picazo como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por su «insólita actuación» al paralizar la sentencia que atribuía a la banca el pago del impuesto de las hipotecas, según informó en un comunicado.

La asociación menciona, igual que Podemos, que Díez-Picazo firmó en enero el auto que admitía a trámite el recurso de casación sobre el impuesto, en el que ya se recordaba que «el reciente criterio contrario sentado por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo».

Argumenta que debería haber convocado el pleno antes de que se adoptara la decisión judicial. «De lo contrario, el señor Díez-Picazo a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable».