El Gobierno ordena la exhumación de Franco

El Gobierno ha ordenado este viernes la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco y ha dado un plazo de 15 días a la familia para que fije un lugar para su traslado definitivo que no sea la cripta de la catedral de la Almudena. Lo ha hecho en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros posterior al encuentro extraordinario mantenido solo unas horas antes para fijar el 28 de abril como fecha para celebrar las elecciones generales, adelantadas tras el fracaso del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Ha sido la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien ha informado de este acuerdo.

«Llegamos a la culminación de un procedimiento histórico«, ha valorado la ministra. Delgado considera que la exhumación es «una cuestión de memoria democrática» y que la decisión de trasladar los restos del dictador obedece a que «la significación que tiene el Valle de lo Caídos era de dignificación«. Delgado ha aclarado también que hay dos motivos por los que la catedral de la Almudena queda excluida. En primer lugar, porque «podrían producirse problemas de orden público» y, en segundo, porque también se incumpliría le ley de memoria histórica al convertir «un lugar público en un lugar de dignificación de los restos del dictador». Delgado ha aclarado también que, si la familia Franco no especifica un lugar de traslado o no llega a un acuerdo sobre el asunto, será el Gobierno el que «determine cuál es el lugar de la inhumación».

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) advirtió ayer al Ejecutivo de que la exhumación del dictador será «ilegal» y anunció que utilizaría «todos los medios legales» a su alcance para impedirla. En un comunicado, la fundación aseguraba que la exhumación vulnera el régimen jurídico aplicable al Valle de los Caídos e infringe además el propio procedimiento y el «compromiso» del Gobierno de Pedro Sánchez de que la resolución final sobre el traslado de los restos indicaría dónde se enterrarían de acuerdo al deseo de la familia. «Dicho acuerdo será ilegal, toda vez los nietos del Generalísimo han manifestado que, si el Gobierno se obstinara en la exhumación, su deseo es que sea enterrado donde la familia tiene unas sepulturas de su propiedad en la cripta de la catedral de Madrid», remarcaba.

Además de la exhumación, el Consejo de Ministros ha presentado el proyecto de ley de Educación que defiende la ministra Isabel Celaá y cuyo articulado busca derogar la Lomce, quitando peso a la asignatura de Religión y a los centros concertados y dejando decidir a las autonomías con lengua cooficial la proporción de uso del castellano. «Aborda la educación desde la perspectiva de las necesitades contemporáneas», ha defendido Celaá. La ministra ha considerado «imprescindible» este proyecto de ley porque la Lomce «ha hecho descender el numero de graduados en tres puntos porcentuales en la Educación Secundaria Obligatoria y en dos puntos en el caso de bachillerato» y, «por tanto, es un tratamiento que no conviene a la educación española». Sin embargo, mientras que la exhumación del dictador puede seguir adelante aunque se disuelvan las Cortes, no ocurre lo mismo con la reforma educativa, que necesita de la tramitación parlamentaria.

Después de que el Congreso tumbara los presupuestos, varios miembros del Gobierno han hecho entrevistas y declaraciones en las que han coincidido en subrayar la «oportunidad» que se ha «perdido» para avanzar en la agenda del cambio que había prometido el presidente socialista. Y se han aplicado en enumerar las medidas que no serán efectivas sin los presupuestos o si se acaba la legislatura.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advertía, antes de las reuniones de hoy del Consejo de Ministros, de que sin unas cuentas aprobadas no habrá margen para cambiar muchas partidas de gasto y citaba las destinadas a dependencia, abaratamiento de la luz o el copago farmacéutico. En una entrevista en la COPE, Montero señalaba también que la previsión de ingresos del Gobierno cae porque no entrarán en vigor algunas subidas impositivas o que va a ser imposible cumplir con el objetivo de déficit.

A pesar de todo ello, la ministra aseguraba que el Gobierno piensa seguir adelante con medidas que considera imprescindibles. Aunque ha admitido que es «complicado» gobernar vía real decreto, no ha descartado utilizar esta figura para aprobar alguna de las medidas en las que trabajaba el Gobierno. «Daremos soporte a los departamentos ministeriales para que puedan desarrollar los flecos de las políticas que en este momento estaban culminando su tramitación o aquellas cuestiones que sean de urgente necesidad», decía la ministra.