La Guardia Civil halla 40.000 euros en el despacho del edil de ERC detenido

La Guardia Civil halló cerca de 40.000 euros en efectivo en el despacho de un concejal republicano de Cabrera de Mar (Barcelona) detenido durante los registros ordenados por el juez que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para costear gastos del expresident Carles Puigdemont en Waterloo.

Lo más importante: durante la entrada y registro practicada por el instituto armado en el Ayuntamiento de Cabrera de Mar el pasado miércoles, los agentes encontraron casi 40.000 euros en efectivo en las dependencias que ocupa el concejal de Urbanismo, Enric Mir, que ha quedado este viernes en libertad después de que la Fiscalía no haya solicitado medidas cautelares. Mir es uno de los nueve arrestados en el marco de la causa que instruye el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que todavía permanecía en dependencias policiales y que ha pasado esta mañana a disposición judicial.

Al igual que el resto de detenidos que han pasado este viernes ante el juez, como los tres miembros del «estado mayor» del 1-O, el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí y el empresario Oriol Soler, también ha quedado libre. Según fuentes jurídicas, el edil republicano se ha acogido a su derecho a no declarar con excepción de una cuestión, sobre la que sí ha querido dar explicaciones al juez y que supuestamente estaría relacionada con el dinero encontrado en su despacho.

Mir se encuentra entre los 21 detenidos del miércoles a raíz de una operación llevada a cabo por la Guardia Civil a instancias del juez que investiga una presunta trama delictiva que desviaba fondos públicos para sufragar los gastos de Puigdemont en Bélgica y en la que también fueron arrestados el alcalde de Cabrera de Mar (PDeCAT), Jordi Mir, y el arquitecto municipal, Ramon Vilà.

El magistrado los relaciona con Villa Bugatti, una lujosa masía en el Maresme frecuentada por políticos en fiestas y eventos que podría ser el epicentro del supuesto «pelotazo» urbanístico que el juez atribuye a Vendrell, quien se aprovechó de la recalificación de la finca para mantener la actividad de celebrar banquetes y duplicar su valor.

De acuerdo con los informes de la Guardia Civil, que el juez da por buenos, todos ellos, a quienes se les imputan los delitos de tráfico de influencias y prevaricación urbanística, estaban al día de las irregularidades de la finca y de sus «reiterados» incumplimientos de las normas urbanísticas y sanitarias.

«En Villa Bugatti no está legalizado todo el tema de actividades, está así como en falso», sostiene el concejal de Urbanismo en una de las conversaciones telefónicas interceptadas por el instituto armado, mientras que en otra asegura que la masía «ha funcionado piratillamente durante muchos años».

Pese a tener conocimiento de estas irregularidades, el alcalde y el edil impulsaron el pasado febrero en un pleno la aprobación inicial de la modificación del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar, que hizo que Villa Bugatti aumentara su valor de cinco a diez millones de euros.