La Unión Europea (UE) ha aprobado este viernes formalmente sanciones contra el dirigente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, por fraude en las elecciones del pasado 9 de agosto, así como como por la represión posterior contra manifestantes pacíficos y opositores.
En contexto: a principios de octubre, la UE publicó una lista de miembros del Gobierno bielorruso a los que aplicaba sanciones, pero no incluyó a Lukashenko. Ahora, el organismo que preside Charles Michel muestra contundencia con el mandatario bielorruso. Las sanciones están relacionadas con «la represión violenta e intimidación de manifestantes pacíficos, miembros de la oposición y periodistas» tras los comicios presidenciales, ha indicado el Consejo de la UE en un comunicado.
El pasado 12 de octubre, los ministros de Exteriores de la UE cerraron en un Consejo un acuerdo político para imponer una segunda tanda de sanciones contra responsables bielorrusos por la crisis en el país, entre los que incluirían a Lukashenko. La UE ha añadido este viernes otros quince nombres a la lista de sanciones, entre ellos el presidente del país –cuyo mandato no está reconocido por las autoridades europeas– y su hijo y asesor nacional de Seguridad, Viktor Lukashenko, que han sido publicados en el Diario Oficial comunitario.
Las medidas restrictivas, que ya se aplican a un total de 59 personas, incluyen la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de bienes que puedan tener en la UE. Además, los ciudadanos y empresas de la Unión tienen vetado poner fondos a disposición de quienes figuren en la lista.
El Consejo de la UE había condenado previamente «con firmeza» la violencia empleada por las autoridades bielorrusas contra personas que protestaban pacíficamente y había mostrado su disposición a adoptar más medidas restrictivas contra funcionarios de alto grado, incluido el propio Lukashenko. Además, el pasado 24 de septiembre, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, emitió una declaración en nombre de los Veintisiete en la que señaló que la supuesta «toma de posesión» y nuevo mandato de Lukashenko tras las elecciones «carecían de cualquier legitimidad democrática».
A su vez, Borrell pidió a las autoridades de Bielorrusia que se abstuvieran de aplicar más represión y violencia contra los ciudadanos, y que liberaran «de forma inmediata y sin condiciones» a todos los detenidos, incluidos prisioneros políticos.