El PP pide que el Congreso investigue el presunto uso como niñera de una asesora de Irene Montero
Además, en dicha denuncia, según añade el PP, también se señalaba a la ministra por haber acondicionado un despacho contiguo al suyo como «sala de juegos» para sus hijos
El PP ha registrado este lunes en el Congreso una solicitud para abrir una comisión de investigación por el caso de la asesora del Ministerio de Igualdad que presuntamente hace de niñera de la hija pequeña de su titular, Irene Montero, con el fin de que se depuren responsabilidades por el presunto uso de fondos públicos para fines particulares.
En la iniciativa, el PP recuerda que, según un informe remitido por la ex abogada de Podemos Mónica Carmona al juez del caso Neurona, Montero habría utilizado de forma irregular a una asesora de nivel 30 del Ministerio de Igualdad, la exdiputada María Teresa Arévalo Caraballo, como niñera de su hija pequeña.
Además, en dicha denuncia, según añade el PP, también se señalaba a la ministra por haber acondicionado un despacho contiguo al suyo como «sala de juegos» para sus hijos. La Fiscalía de Madrid ya ha solicitado al citado juez del caso Neurona la apertura de una línea de investigación separada con la denuncia interpuesta por la ex letrada de la formación morada.
Así las cosas, los de Pablo Casado han presentado una iniciativa, firmada por su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, con la que pretenden conocer en profundidad cuál ha sido el destino y la finalidad del presupuesto público destinado a Igualdad, concretamente las nóminas de la citada asesora.
El objetivo, según recalcan en el texto, es conocer si ese dinero se destinó al ejercicio de las labores propias de su cargo, sobre políticas para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, o para ejercer de niñera de la titular del Departamento.
En el PP sostienen que este caso podría suponer «una presunta malversación de caudales públicos», en el tipo penal denominado malversación impropia, puesto que implica «destinar fondos públicos para la satisfacción de necesidades y fines particulares, o podría implicar «responsabilidad por alcance ante el Tribunal de Cuentas por un mal uso de fondos públicos».
Es por ello que con esta comisión de investigación permitiría esclarecer, según el PP, las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro.
