Cómplices de la inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el confinamiento general decretado en el primer estado de alarma tras el recurso presentado por VOX. Quizás muchos españoles no son conscientes de lo ocurrido por esas fechas en otros países. Si bien es cierto que todos tomaron medidas destinadas a reducir la movilidad y la propagación del virus, prácticamente ninguno lo hizo con la misma severidad que España. Mientras en otros países se hacían recomendaciones a la población porque la ley no les permitía obligar a los ciudadanos a permanecer encerrados en sus casas o andar por la calle con una mascarilla, aquí apenas podíamos salir a comprar el pan o andar por mitad del campo sin cubrir nuestra boca y nariz.

No seré yo el que pida que los teatros se llenen mañana de gente sin mascarilla, pero desde luego los gobiernos le han cogido el gusto a esta simulación más propia de un videojuego en el que la hipervigilancia y el sometimiento al ciudadano son una constante. Enviando mensajes que no se corresponden con la realidad y asumiendo de forma absurda que el impacto de la Incidencia Acumulada con la inmensa mayoría de la población más vulnerable vacunada es el mismo que el de hace un año, el miedo permite que el ciudadano acepte renunciar a su vida a cambio de una falsa seguridad. Los datos demuestran que no se salvan más vidas llevando al límite las restricciones, pero en esta sociedad en la que triunfa la posverdad, la realidad no parece importar a nadie.

Supongamos que le hago dos preguntas claves para poder determinar el riesgo real de esta pandemia, que no es otro que el colapso de los hospitales. ¿Sabría decirme cuál es el porcentaje de camas UCI ocupadas por el COVID-19 en su comunidad? ¿Sabría decirme el número de camas ocupadas? ¿Sabría decirme qué comunidades lideran las tasas de mortalidad y qué medidas tomaron? Me temo que no, por lo que es normal que se impongan decisiones liberticidas y que van en contra de la ley de forma constante. España no es el único ejemplo. Macron ha decidido que en Francia sea obligatorio presentar un certificado de vacunación para poder entrar en restaurantes, teatros o viajar. ¿Veremos aquí una medida despótica como esa? Desgraciadamente, todo apunta a que sí por la pasividad mostrada por el principal partido de la oposición: el Partido Popular.

Mientras critican con la boca pequeña la inconstitucionalidad del confinamiento general decretado que ellos apoyaron, muchos de sus gobiernos autonómicos siguen imponiendo medidas que a tenor de los datos de ocupación en los hospitales son injustificables y que serán declaradas en un futuro como inconstitucionales. Con la Incidencia Acumulada como coartada, el PP aprueba toques de queda, cierres de comercios, limitación de movimientos y hasta incluso tener que hacerse una PCR para poder tomarse una copa. Medidas más propias de una sociedad distópica descrita por Aldous Huxley en su clásica novela «Un mundo feliz» que de una sociedad racional y sensata. Y en esta vorágine demencial el Partido Popular, con la excepción de Ayuso, es parte fundamental para que se siga perpetuando una forma de vida que es a todas luces indeseable y que está provocando un deterioro mental en la población que tendrá enormes consecuencias.

Igual de culpable es el que hace el mal como el que no hace nada para evitarlo. Pablo Casado no es un verdadero líder, es más bien un espejismo que sueña con heredar el poder sin importarle lo más mínimo la situación de los ciudadanos y que la Ley sea una y otra vez pisoteada.