La Audiencia Nacional rechaza prohibir una marcha a favor de los presos de ETA
El juez defiende que esta marcha es una «mera expresión de un deseo de libertad de las personas a las que se apoya, conducta amparada por el derecho a la libre expresión»
El juez defiende que esta marcha es una «mera expresión de un deseo de libertad de las personas a las que se apoya, conducta amparada por el derecho a la libre expresión»
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado prohibir una marcha que recorrerá varios pueblos de Álava del 7 al 9 de octubre para pedir el acercamiento de presos de ETA o su excarcelación al no ver suficientes indicios de un delito de enaltecimiento del terrorismo, sino una expresión «de opiniones arriesgadas».
La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) pidió a este tribunal la prohibición de la convocatoria «Vuelta a Álava», organizada por la plataforma Sare, al considerar que la finalidad «no es otra que humillar a las víctimas del terrorismo a través de una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo».
Tras analizar su petición y con la posición en contra de la Fiscalía, el magistrado titular del juzgado de instrucción número 2, Ismael Moreno, afirma en un auto que no hay indicios suficientes para apreciar dicho delito y adoptar una medida cautelar.
No ve en la convocatoria, que pretende recorrer pueblo a pueblo la provincia de Álava reclamando el acercamiento o la excarcelación de los presos de la organización terrorista, «los elementos integrantes» del delito, sino una expresión «de opiniones arriesgadas que inquietan o chocan a diversos sectores de la población» y que, de acuerdo a la doctrina, «no tienen cabida «ex ante» en el ámbito penal».
Considera el juez que la marcha es una «mera expresión de un deseo de libertad de las personas a las que se apoya, sin entrar en la justificación o ensalzamiento de las acciones por las que se hallan privadas de libertad, conducta amparada por el derecho a la libre expresión».
El magistrado acuerda, no obstante, oficiar a la Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de la Policía y Departamento de Interior del Gobierno del País Vasco para que adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la realización de actos que pudieren revestir relevancia penal.
La decisión ha causado impotencia y desamparo entre las víctimas, según afirma el presidente de APAVT, Miguel Folguera, que pide que se tomen «medidas cuanto antes porque no es de recibo que se hagan manifestaciones como esta».
«No entendemos cómo la Audiencia Nacional no ve que esta marcha provoca una profunda humillación en las víctimas del terrorismo, que con actos como este estamos expuestas de manera constante a lo que se conoce como segunda victimización o revictimización», indica.
Fuente: EFE
