El presidente de PDVSA otorgó poderes a tres abogados de Garzón para representarle en España

El caso del ‘contratazo’ de Baltasar Garzón dio este jueves un sorprendente giro. Ilocad, el bufete de abogados del que es administrador único el exjuez, salió al paso de las informaciones publicadas por este periódico desde el martes pero, en vez de negar los hechos, se limitó a asegurar que el despacho nunca tuvo vínculos directos con la petrolera PDVSA, sino que fue subcontratado a través de un bufete de Estados Unidos. Sin embargo, aparte de la solicitud de contratación publicada en exclusiva el martes, THE OBJECTIVE desvela hoy un acta notarial en la que el entonces presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, otorgó poderes a tres abogados del despacho de Garzón para que le representasen en España. El documento está fechado en 2017, un año más tarde que el documento oficial de PDVSA en donde se acuerda la contratación de los servicios de Ilocad por 8,8 millones de euros para, entre otros asuntos, «coordinarse con la Fiscalía y los tribunales en España».

Ese poder notarial demuestra la relación directa entre Ilocad y la petrolera venezolana. Concretamente, el presidente de PDVSA otorga poder a tres letrados relacionados con Ilocad: Aitor Martínez Jiménez (ya en 2014 vinculado a la fundación de Garzón, Fibgar, y actual integrante de su bufete), Pedro Javier Díaz Carreño (en 2017 firmaba recursos con Garzón y figura en su bufete hoy) y Ricardo Evaristo Arranz Pareja (gerente de Ilocad de 2014 a 2020). El acta notarial les da poderes para ejercer en España las acciones legales ya descritas en la solicitud de contratación de un año antes y siempre en relación al ‘caso Bariven’.

Esto choca con la versión de Ilocad de que no fue contratado por la petrolera estatal venezolana y coincide con el contenido del escrito difundido por este diario y que ya estudia la Audiencia Nacional, según han confirmado diversas fuentes jurídicas. El citado documento, publicado días atrás por este diario, evidenciaba que PDVSA autorizó el pago de 8,8 millones de euros para la contratación de Ilocad por recomendación del despacho de Estados Unidos Squire Patton Boggs, defensor de un narcosobrino de Maduro y cliente de dicha petrolera. Días después de pedir sin éxito su versión, Ilocad alega ahora que le contrató Squire Patton Boggs, no PDVSA.

Tanto Squire Patton Boggs como Ilocad defienden los derechos de PDVSA. El dinero, con intermediario o no, siempre procedería de PDVSA para ejercer acciones penales en España. De ser cierta la versión de Ilocad, sería una subcontratación de facto porque el bufete norteamericano usaría igualmente fondos de PDVSA para pagar a Ilocad su actuación en España. Y coincide en cronología y finalidad con los 8,8 millones habilitados por PDVSA para contratar a Ilocad en 2016.

El poder fue otorgado directamente por PDVSA a Ilocad, no a Squire Patton Boggs, «para comparecer ante cualesquiera juzgados, audiencias y demás tribunales, ordinarios o especiales, tanto nacionales como internacionales de cualquier grado de o jurisdicción y ante cualquier otra magistratura, fiscalía…». No solo eso, sino que también se le daban competencias para «tachar testigos y tachar pruebas, renunciar a ellas, instar autorizaciones judiciales y un posible arreglo».

Pero el presidente de PDVSA se reservaba un control directo sobre las actuaciones de los letrados o colaboradores del bufete de Garzón: «Los apoderados previamente identificados requerirán la expresa y previa autorización escrita otorgada por mi persona así como la Junta Directiva de la sociedad mercantil a la cual represento para transigir, someter a arbitraje las cuestiones controvertidas u otras surgidas después, intervenir en la negociación de conformidades dentro de procedimientos penales para su ratificación posterior en sede judicial». Sorprende que tal hilo directo para pleitear en España PDVSA no lo tuviera con Squire Patton Boggs, sino con Ilocad, que dice no haber sido contratado por PDVSA a pesar de que la petrolera sostiene en un documento oficial que habilitó nueve millones para su contratación.

Y todo esto en el contexto de un objetivo claro: que dichos letrados, vinculados a Ilocad, ejercieran acciones penales en nombre de PDVSA contra los contratistas que habían saqueado su filial Bariven con ventas fraudulentas y sobornos. Por tanto, contenido idéntico al del punto de cuenta desvelado por THE OBJECTIVE, si bien aquí, en el acta notarial, no se incluye la cláusula de «coordinación con Fiscalía y Tribunales para agilizar procesos» que figuraba en dicho escrito.

El esclarecimiento de este contratazo de 8,8 millones ya está en manos del juez Manuel García Castellón, quien podría pedir el punto de cuenta venezolano, el interrogatorio de sus directivos firmantes, un cotejo de su rúbrica, el supuesto contrato que esgrime ahora Ilocad con Squire Patton Boggs y el modelo 347 de Hacienda de Ilocad desde 2016. Esto último afloraría todos los ingresos de su sociedad para evidenciar si en esos años cobró y cuánto de PDVSA o de Squire Patton Boggs, por más que el financiador último siempre fuera la petrolera estatal venezolana.

Por otro lado, Ilocad, sin mostrar su supuesto contrato con Squire Patton Boggs, afirma que la cuantía fue inferior a la descrita en la solicitud de contratación de PDVSA, lo cual plantea un interrogante si eso fuera verdad: ¿dónde fueron realmente los casi nueve millones de euros librados por orden del presidente de PDVSA para fichar a Ilocad? Eulogio del Pino, el presidente de la petrolera que firmó esa orden, está actualmente detenido y pendiente de juicio en Venezuela precisamente por saquear PDVSA.

ESCRITO DE RECTIFICACIÓN REMITIDO POR ILOCAD SL

«El despacho de abogados Ilocad SL, dirigido por el señor Baltasar Garzón Real, jamás ha facturado a Venezuela, ni directa ni indirectamente, la cantidad de 9 millones de euros. El despacho de abogados Ilocad SL no ha sido contratado por la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) sino por otro despacho de abogados para llevar a cabo concretas actuaciones profesionales de la abogacía en España y, todo ello, por una cantidad económica que no se indica pero que es muy inferior a las cifras económicas que el medio digital indica. El despacho de abogados Ilocad SL jamás ha sido contratado para llevar a cabo la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial». El despacho de abogados Ilocad SL tampoco ha negociado, propuesto ni suscrito jamás ningún contrato que tenga por objeto dicho encargo de coordinación y agilización de trámites en los ámbitos fiscal y de la judicatura. El documento de PDVSA de 15 de noviembre de 2016 es un documento interno totalmente ajeno al despacho Ilocad SL y desconocido por el mismo, por lo que los términos de dicho documento venezolano en absoluto reflejan los términos exactos negociados directamente por Ilocad SL, y sin que las cifras ni los encargos ni el objeto del mismo se hayan negociado ni perfeccionado ni ejecutado, es más, ni siquiera se conocían. El despacho de abogados dirigido por el señor Baltasar Garzón Real no ha participado en la defensa del señor Hugo Armando (el «Pollo») Carvajal Barrios para evitar su extradición a Estados Unidos de América sino que se encargó de la realización, junto a otros profesionales nacionales y de otros países, de un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia y respeto de las normas del debido proceso sobre las investigaciones abiertas en los Estados Unidos de América de varias personas entre las que se encuentra el señor Carvajal, informe cuyas conclusiones son reservadas.»