Un diputado pide explicaciones al Gobierno por el contratazo de Garzón con PDVSA
Congreso de los Diputados
El diputado Pablo Cambronero, del Grupo Mixto, pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez sobre los vínculos de la Fiscalía General del Estado con el bufete de Baltasar Garzón y el contratazo del exjuez con la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Una información que ofrecimos ayer en exclusiva en THE OBJECTIVE y que hoy ampliamos con la justificación de PDVSA de fichar a Garzón con el argumento de que mantenía buenas relaciones con el chavismo.
En su carta dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados, el exdiputado de Ciudadanos pregunta al Gobierno sobre el contrato de 8,8 millones de euros de PDVSA con Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho.
Cambronero asegura a este medio que esta información le parece «un motivo de dimisión irrevocable y absoluta de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, porque esto genera una duda en la Fiscalía».
«En mi escrito pregunto por dimisión o cese, pero ya sé que este Gobierno es prácticamente indimitible, así que quiero que me respondan al resto de preguntas, sobre cómo se ha concretado esa cantidad de dinero para el uso de la Justicia, con unas conexiones, además, con el Pollo Carvajal, que huele que apesta, hay delitos sí o sí, pero el tema es cómo se comprueban y cómo se inicia la investigación».
Entre las misiones pactadas por Ilocad y PDVSA figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a PDVSA en la misma causa, según un documento al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE.
«El contrato es escandaloso, es una autentica salvajada que se prevean dos millones de euros en relaciones con la Fiscalía y agilizar procesos, eso es un delito como un piano. Es un acto gravísimo, incluso con capacidad de tener responsabilidades jurídicas, penales, serias. Es una utilización de la Justicia partidista, y encima lo ponen por escrito y con una dotación económica, lo que es todavía peor», señala a este medio Cambronero haciendo referencia a los 1.980.000 euros del contrato, en coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España, destinados a agilizar los trámites y avances del proceso judicial.
https://twitter.com/pablocampiq/status/1442802563477352453?s=24
«Esto afectaría evidentemente a la objetividad y actuación en defensa de la legalidad que la Fiscal General del Estado tiene obligación de ejecutar, por no hablar de las posibles conexiones que se derivarían de esta situación jurídica muy delicada de la Fiscal General del Estado», dice el diputado, que tampoco duda en remarcar la anomalía que supone que la exministra socialista de justicia Dolores Delgado fuera nombrada fiscal general del Estado en la misma legislatura.
Esta noticia salpica de lleno a la fiscal general del Estado, puesto que ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan letrados de este despacho como el ‘caso Tándem’ o la citada causa de PDVSA.
Además, la causa judicial sobre PDVSA choca con otro posible conflicto. La Justicia española debe decidir sobre la posible extradición del todopoderoso exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal. Y este maestro de espías conoce precisamente contratos clave de PDVSA, incluidos los obtenidos por Ilocad del Estado venezolano o de sus empresarios afines.
Sobre las relaciones de Garzón con el Gobierno de Venezuela, Cambrero dice que «son más que evidentes», y que «Garzón en Venezuela es una institución, él iba allí como mártir de la Justicia española, cuando no gobernaba el Partido Socialista, y allí le tienen como un afín al Gobierno de Maduro».
