El Parlamento gallego llega a un acuerdo unánime para garantizar el derecho al aborto en sus centros públicos

Esta proposición no de ley tiene como objetivo que las mujeres recurran a la sanidad pública para interrupciones voluntarias del embarazo y no a clínicas privadas

El pleno del Parlamento de Galicia ha registrado este martes un acuerdo unánime de todos los grupos para que se garantice el derecho al aborto en el sistema sanitario gallego público, recogido en la actual Ley 2/2010, que el Gobierno central se ha comprometido a reformar.

Una proposición no de ley del BNG en este sentido ha contado con el apoyo no solo del PSdeG, sino también del grupo mayoritario, el PPdeG, que ha puntualizado, sin embargo, que los preceptos de esta ley «se cumplen» en Galicia, algo que ha cuestionado la oposición, así como que tanto el partido como el Gobierno autonómico apoyan a todas las mujeres «que elijan ser madres o no serlo».

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha advertido al PPdeG de que controlará que la iniciativa aprobada este martes se cumple por parte del Gobierno gallego. «No quiero servirles para lavar la conciencia y que ustedes se aparten del ala más dura de su partido», ha dicho, para dar un voto a favor mientras «todo sigue igual».

Según ha destacado, en 2020 un 77 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en Galicia se realizaron en centros privados, por lo que ha reclamado que se garantice que puedan realizarse en la sanidad pública, tal y como recoge la ley de plazos aprobada en 2010.

La diputada del PPdeG Marta Rodríguez-Vispo ha cuestionado que los datos sobre abortos «se ajusten a la realidad» y ha abogado por modificar el registro de los mismos para que «no se usen como arma arrojadiza», aparte de argumentar que existe libertad de las mujeres para decidir si acuden a la sanidad pública o la privada y «no por imposición».

Por su parte, la diputada del PSdeG Noa Díaz ha criticado la actitud de los dirigentes del PP sobre el aborto, y su preferencia por la ley de supuestos de 1985, mostrando en algunas de sus declaraciones «una ideología de lo más rancio y aberrante» en este ámbito.

Pese a las diferentes posturas y las críticas, ha sido posible un acuerdo unánime sobre esta proposición no de ley que insta a la Xunta a «adoptar las medidas necesarias para garantizar» que las mujeres en Galicia puedan «ejercer, con todas las garantías, el derecho al aborto en el sistema público gallego de salud».

Fuente: EFE