Los «éxitos» judiciales insuflan los ánimos electorales de Vox

El posicionamiento extremo contra el Gobierno da resultados. Así lo creen en Vox, que sigue una política de línea dura contra el Ejecutivo de coalición en todos los frentes, especialmente en el judicial. En el partido entienden que recurrir sus decisiones ante los tribunales no les causa ningún coste político, pero puede reportarles importantes beneficios. Es lo que han conseguido con los recursos contra los dos estados de alarma y la paralización de la actividad parlamentaria durante la pandemia, en los que el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Destacados dirigentes reconocen que esas decisiones pueden traducirse en votos y no se esconden: piden elecciones.

«La maquinaria está lista», aseguran en Vox ante un presumible adelanto electoral en Andalucía o Castilla y León. La formación ha cimentado buena parte de su labor de oposición en presentar querellas y recursos contra el Gobierno, el procés y los estados de alarma. Un centenar de procedimientos en menos de dos años, muchos de ellos archivados. Los pocos en los que han tenido «éxito» les han colocado en el centro del foco mediático. Y eso, creen en el seno de la formación, puede derivar en un importante aumento de votos, como ya sucedió en las generales de 2019, cuando Vox se personó como acusación popular en el juicio del procés y consiguió irrumpir en el Congreso con 24 diputados, tras dos intentos fallidos.

La firme posición que exhibió Vox durante el proceso, en el que llegó a solicitar penas de cárcel mucho más duras de las que pedía la Fiscalía, le reportó un aluvión de votos siete meses más tarde. La formación liderada por Santiago Abascal dobló su representación en la Cámara Baja al alcanzar los 52 diputados. No solo se convertía en la tercera fuerza parlamentaria, también lograba superar el umbral de los 50 escaños, lo que le daba la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad en solitario, según establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Réditos del procés

Los resultados electorales permitieron a Vox llevar la contienda política hasta los tribunales. Judicializar la acción del Gobierno. Los casos más sonoros han llegado con aquellas demandas relacionadas con la pandemia. La formación ha liderado los recursos contra la inconstitucionalidad de los dos estados de alarma. Un proceso que le permite, además, distanciarse del PP, que apoyó el primer confinamiento y se abstuvo en el segundo (Vox secundó el de marzo y se opuso al de octubre). Como en el caso del juicio del procés, sus dirigentes sostienen que les vendría muy bien ir a las urnas en este momento, algo que puede suceder en dos comunidades autónomas, Andalucía y Castilla y León, donde el adelanto electoral está ya sobre la mesa. 

«Estamos preparados para dar la batalla, con un equipo listo para pelear y con las ideas claras. Retamos a (Alfonso Fernández) Mañueco a que convoque elecciones cuanto antes», manifestaba hace unas semanas Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. El también diputado en el Congreso aseguraba que su partido no se ponía techo en Castilla y León, donde «las encuestas nos dicen que seremos determinantes». No es casualidad que, después del acto multitudinario en Madrid, el primer lugar donde Santiago Abascal presentó la Agenda España fuese Valladolid.

En Andalucía la formación cuenta con 12 parlamentarios. Fue la primera Cámara donde obtuvo representación. Un reciente sondeo del Centro de Estudios Andaluces apunta a que en los próximos comicios podría alcanzar los 15, aunque las encuestas internas son mucho más halagüeñas: indican que podría doblar escaños. Tras la salida por la puerta de atrás del juez Francisco Serrano, candidato de la formación en las autonómicas de 2018, por un posible delito de fraude de 2,4 millones de euros públicos, los resultados dependerán, en buena medida, del candidato. O candidata. En los mentideros políticos se da por segura la presencia como cabeza de lista de Macarena Olona, secretaria general de Vox en el Congreso y uno de los rostros más reconocidos de la formación. Ella misma ha afirmado que «sería un honor» ser candidata en Andalucía, aunque ha reconocido que su partido todavía no lo ha decidido.

Las constantes apariciones de la diputada en tierras andaluzas han disparado los rumores. De hecho, este martes ha visitado Granada. Desde Vox indican que es algo normal, ya que es diputada por esa circunscripción. «El jueves estuvo en Pamplona. Que yo sepa, no es una provincia andaluza», remarca un dirigente de la formación para acabar con el runrún. Sin embargo, otros miembros aseguran en privado que la designación de Olona es «cuestión de tiempo». En lo que sí confluyen todas las partes es en lo positivo que sería para ellos el adelanto electoral, más aún con la decisión del Constitucional sobre el segundo estado de alarma.

«La sentencia confirma que el camino de la máxima exigencia contra el Gobierno es el correcto. Debemos exigir lo máximo en las instituciones y en los tribunales», insiste Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política, a THE OBJECTIVE. En su opinión, a pesar del silencio mediático, es «evidente» que «sin Vox el Gobierno de Sánchez camparía con mayor permisividad en la política española». Buxadé asegura que «Vox es la garantía de democracia y libertad» y que eso debe traducirse en votos, aunque «no lo hacemos por eso».

La formación que preside Abascal ha presentado más de 20 recursos ante el Constitucional en el último año y medio. El primero de ellos impugnó el juramento de los diputados independentistas en el Congreso. También presentó un escrito contra la decisión de algunas comunidades de imponer la vacunación obligatoria y ha recurrido leyes del Gobierno que considera «ideológicas», las que tienen que ver con la educación, la vivienda, los riders o la eutanasia. 

Otros escenarios

La confrontación política también ha alcanzado otros escenarios. Vox registró una demanda en el Tribunal Supremo para intentar sentar en el banquillo al Gobierno por la gestión de la pandemia, pero fue rechazada. También se personó contra José Luis Ábalos en el caso Delcy y contra su equipo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ambas causas fueron archivadas, por lo que Vox acudió al Constitucional para intentar que no se cerrara la investigación sobre la presencia de la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas para reunirse con el entonces ministro de Fomento. 

El partido de Abascal también es acusación en el caso de las ayudas económicas a la aerolínea Plus Ultra, gestionadas por Ábalos. Un asunto por el que la formación también intentó abrir una causa en el Supremo contra Sánchez y dos de sus ministras, María Jesús Montero y Reyes Maroto. El Alto Tribunal no solo se negó, también advirtió de que los tribunales no son el lugar donde dirimir «la legítima confrontación política». La formación tampoco falta a su cita con Podemos. Se ha personado en el caso Dina, la pieza del sumario de Villarejo que investiga el robo del teléfono de la exasesora de Pablo Iglesias, en la investigación de las cuentas de la formación morada o en la de la contratación de la niñera de Irene Montero.

En Vox reconocen que la Justicia puede ser un filón. Por eso insisten en ejercer como acusación particular en Italia para reactivar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont. El partido de Abascal ya intentó personarse ante la Corte de Apelación de Sassari, pero los jueces de Cerdeña rechazaron su petición. Y hace solo unos días, el Constitucional admitía a trámite su recurso contra la creación de un fondo para avalar la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 34 exaltos cargos de la Generalitat por el presunto uso irregular de fondos en las embajadas catalanas.