El Ministerio del Interior ha detallado ante el Consejo de Europa su «adecuado cambio de política penitenciaria» con el acercamiento de presos de ETA, quedando sólo 19 dirigentes de la banda terrorista cumpliendo condena en prisiones situadas a más de 200 kilómetros de Euskadi. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, en tres años se ha pasado de 212 internos en régimen cerrado a ocho, y de sólo uno en régimen abierto a un total de 14.
«Tras anunciar la banda terrorista ETA el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la lucha armada y el de su autodisolución el 3 de mayo de 2018, el Gobierno de España ha considerado adecuado un cambio en la política penitenciaria respecto a sus miembros«, señala el Ministerio del Interior.
Así consta en el informe de respuesta remitido por el Gobierno a las recomendaciones que le ha hecho llegar el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa tras la visita que realizó a España en septiembre de 2020, al que ha tenido acceso Europa Press.
El 3,3% estaba en el País Vasco en 2018
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska señala que las decisiones sobre etarras «parten del principio de individualización científica en la ejecución de las penas privativas de libertad», lo que afecta «en materia de clasificación y destino respecto a estas personas que han supuesto un cambio sustancial en su distribución geográfica y régimen de vida».
Interior detalla este cambio en la distribución geográfica de los 192 presos de ETA que continuaban cumpliendo condena a fecha de 17 de junio de 2021, de ellos 166 hombres y 26 mujeres. Para ilustrarlo incluye unas tablas donde aprecia la evolución desde 2018, cuando formó su primer gobierno Pedro Sánchez, poniendo fin a la conocida como política de dispersión que estuvo en vigor como instrumento en la lucha antiterrorista.
El 25 de junio de 2018, tras la moción de censura ganada por Sánchez, había 241 presos de ETA en las cárceles españolas, de los que 8 estaban en prisiones vascas (3,3%), frente a los 48 (25%) en el País Vasco, a fecha de 17 de junio de 2021 –la cifra ha aumentado en estos cinco meses y ya son más de 70 en la actualidad–. A más de 200 kilómetros de Euskadi había 209 internos y ahora 19.
Ocho etarras, en régimen cerrado
Lo mismo ocurre con la clasificación. En 2018, había en primer grado o régimen cerrado –el más estricto– 212 presos etarras (88%), 28 estaban en segundo grado (11,6%) y sólo uno en tercer grado o régimen abierto (0,4%). A mediados de 2021, un total de 170 dirigentes de la banda terrorista está ya en segundo grado, el 88,5%, por los 14 presos (7,3%) en régimen abierto y sólo ocho (4,2%) en el régimen cerrado del primer grado.
Las dos comunidades autónomas que más internos albergan con datos hasta junio son País Vasco y Castilla León, con 48 y 44 respectivamente. A continuación se sitúa Cantabria (24 presos etarras), La Rioja (24), Aragón (18), Navarra y Asturias (10 en cada una de ellas), Andalucía (6) y Madrid (8).
En su petición, el CPT del Consejo de Europa se interesó por el «internamiento de presos afiliados a ETA», sosteniendo que habían sido «generalmente asignados a prisiones muy alejadas del País Vasco». «Muchos de ellos llevan mucho tiempo en prisión y, en su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado», advertía.
«Su buen comportamiento en prisión no cambia su categorización. A la luz de la anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011, hay motivos para que estos presos sean ubicados, en base a una adecuada evaluación de riesgos, más cerca de sus familias, ya sea en el País Vasco o en otro lugar de España», consideraba el comité del Consejo de Europa.