El único sindicato que celebra la reforma de la 'ley mordaza': «La tanqueta en Cádiz fue una aberración»

No participaron en la macroprotesta contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ni tienen pensado hacerlo en la próxima concentración del día 14 de diciembre ante el Congreso de los Diputados. Tampoco es que hayan sido invitados. La razón es sencilla. La Agrupación Reformista de Policías (ARP) es el único sindicato en España que celebra la modificación de la Ley Mordaza que quiere llevar a cabo el Gobierno. «No concebimos a la Policía sin la función de defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades del ciudadano», afirma el portavoz de esta organización, Victor Caja, en conversación con THE OBJECTIVE.

Frente a las decenas de sindicatos y asociaciones profesionales que han salido a la calle en las últimas semanas para frenar esta nueva norma, propuesta por el PNV y enmendada por PSOE y Unidas Podemos, la ARP ve en la «derogación» de esta ley la única forma de «recuperar los derechos y libertades sociales que fueron recortados por el Partido Popular en 2015» y de devolver, con ello, «el prestigio arrebatado a las instituciones policiales». «Nos han utilizado para reprimir manifestaciones y protestas en la calle por los recortes sociales que ellos mismos han causado», critican desde este sindicato minoritario.

No a la inseguridad ciudadana es el lema bajo el que agentes de todo el país piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la Ley de Seguridad —que se debatirá en la Cámara Alta la próxima semana— no se toque. Esta organización, en cambio, critica a sus compañeros porque muchos de los sindicatos que ahora convocan protestas clamaron hace seis años contra la norma por «la desprotección que suponía para el ciudadano», cuando el Gobierno de Mariano Rajoy la aprobó «sin consenso político ni social».

«Los organismos internacionales —ONU, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, Human Rights Watch, o Transparencia Internacional— sí que hablaron de inseguridad ciudadana cuando el PP reformó la norma: dijeron que era una grave vulneración de los derechos y las libertades fundamentales. Y ahora su derogación es precisamente la única forma de devolver la seguridad a los españoles. Los sindicatos están mintiendo. El objetivo es protestar contra el Gobierno, y se ha visto en las últimas semanas cuando han ido de la mano de los partidos de la derecha», denuncia el portavoz sindical, Victor Caja.

Esta reflexión, aunque no de manera pública, también la han hecho algunos de los sindicatos y asociaciones policiales que han convocado las movilizaciones, conscientes del «peligro» que supone para la «neutralidad» de las FFCCSS la presencia de partidos políticos en los actos de protesta. De hecho, fuentes sindicales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran haberse visto «abocados a participar en la marcha, convocada por Jusapol, cuando la realidad es que queda margen para «negociar y pulir muchos» de los artículos que pretenden modificar PSOE y Podemos. «Han prendido la mecha directamente por la parte gorda del petardo», aseguran.

«No hay limitaciones»

Respecto a los artículos que propone reformar el Gobierno, lejos de ser un impedimento para su trabajo como señala la mayoría de policías y guardias civiles, la ARP asegura que «acotarán mejor la labor de los agentes» y «en ningún caso limitarán su seguridad». Victor Caja hace referencia a dos de los puntos más polémicos: el que prohibirá usar el material antidisturbios más lesivo en protestas y aquel que permitirá celebrar manifestaciones pacíficas sin autorización de la Delegación del Gobierno.

Por un lado, este policía insiste en que el borrador de la nueva norma no hace referencia explícita a la «prohibición de pelotas de goma en ningún momento». Por otro, celebra que la ley «deje de usar a los agentes como arietes para detener a las protestas pacíficas». «Lo que debemos proteger es que la gente se pueda expresar libremente, así se evitarían muchos de los altercados que surgen después», afirma. En este sentido, Caja crítica, por ejemplo, el Blindado Medio sobre Ruedas (BMR) que se empleó para frenar las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz. «El uso de la tanqueta fue una aberración. El derecho a huelga está avalado por la Constitución y eso siempre debe prevalecer por encima de otras circunstancias».

La perspectiva de las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidas como los antidisturbios, es totalmente contraria. Aseguran que sin medios como las pelotas de goma ni previsión de protestas no podrán hacer su trabajo y eso supondrá un peligro para ellos y el ciudadano. «¿Qué haremos si, de repente, esas manifestaciones se vuelven violentas? ¿Cómo podremos proteger a los ciudadanos si no tenemos constancia de su celebración?», denuncian distintos agentes de la UIP.

Aunque aseguran no «estar solos» en su planteamiento —pues «muchos sindicatos se han sumado a las protestas contra la reforma por miedo a desaparecer», la Agrupación Reformista de Policías admite que «defender la democracia dentro de la Policía Nacional es difícil». «La ciudadanía tiene que saber que no todos los policías son conservadores. Pero la realidad es que son muy pocos los que exponen a decir que son lo contrario por miedo. No hay apoyo por parte de los altos mandos».