El Supremo admite la macrodemanda de los empresarios contra el Gobierno por los cierres durante la pandemia
Piden más de 300 millones de euros en indemnizaciones por las pérdidas provocadas por las restricciones
Fachada del Tribunal Supremo. | Óscar Cañas (Europa Press)
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la primera de las múltiples demandas de los empresarios contra el Gobierno por los cierres y las restricciones durante la pandemia. La Plataforma de Empresarios Afectados por el cierre de negocios durante la pandemia (PEACovid-19) ha anunciado que el Alto Tribunal ha aceptado su solicitud tras cumplirse el plazo de respuesta del Gobierno. Los empresarios esperan ser indemnizados con más de 300 millones de euros.
“Una vez admitida a trámite, esperamos ya la resolución que nos permita recuperar todos los gastos sufridos y los beneficios no obtenidos”, asegura Javier Candela, portavoz de PEACovid-19, quien también cree que “la culpa fue de una nefasta gestión que afectó al tejido empresarial con cierres, restricciones y confinamientos ilegales». A instancias de THE OBJECTIVE, añaden que el tribunal «no ha apartado nada y que ha sido admitida en su totalidad».
La demanda, que fue presentada el pasado 22 de diciembre, ya puede tramitarse por parte del Supremo tras haberse superado el plazo del que disponía el Ejecutivo para responder a las acusaciones. Al haber rechazado esta posibilidad, se ha producido el silencio administrativo.
El Tribunal Constitucional cerró el pasado julio la puerta a pedir al Estado responsabilidad patrimonial, pero la defensa jurídica de estos empresarios confía que dicho auto no se aplique en su caso, ya que durante el periodo que tuvieron que tener la persiana bajada no recibieron ayudas directas del Gobierno, mientras que en países como Alemania o Francia el Estado sufragó el 80% de los costes generados por los cierres.
Acusan al Gobierno de cometer «numerosos errores»
Los empresarios acusan al Gobierno de haber cometido «numerosos errores» en una gestión de la pandemia «incoherente». PEACovid-19 acusa al Ejecutivo de haber dejado de lado la posibilidad de exigir medidas de seguridad para asegurar que los negocios pudieran seguir abiertos y que solo plantearon la alternativa del cierre, algo «contradictorio y perjudicial» para los negocios.
La reclamación suma a más de dos millones de negocios de toda España, además de autónomos, pymes o grandes empresas. Muchos de estos colectivos de empresarios se han unido a la Plataforma a través de entidades como la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Ocio de Cataluña (FECASARM), Ocio de Canarias e Ibiza, Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM) o la patronal Spain Nightlife.
Establecimientos de ocio y hostelería de numerosas provincias se han ido sumando a la macrodemanda registrada en diciembre. Es el caso de los hoteles Rallye o Alábriga (Girona), las emblemáticas L’Ovella Negra y Pachá Barcelona de la capital catalana, La3, en Valencia, BusBarVic y Venice Club, también en la provincia de Barcelona, Lo cafè del port (Tarragona), el restaurante de sushi One y los cines Albéniz (Girona), La penya (Benidorm) o Mariano (Teruel).
«Tarde y mal»
En su reclamación, los empresarios cargan contra la improvisación del Ejecutivo por actuar «tarde y mal» pese a las “alertas difundidas por organismos internacionales”. Entre estas alertas, citan las realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 10 y 30 de enero de 2020, del 27 de febrero del mismo año y del 7 y 11 de marzo de 2020; las del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, del 7 y 13 de febrero y del 2 de marzo de 2020; así como las cinco alarmas del Consejo Europeo, del 28 de enero, del 7, 13 y 27 de febrero y del 2 de marzo de 2020.
También recibieron avisos de la Guardia Civil del “riesgo del coronavirus (el 23 y 27 de enero), del Instituto Carlos III (el 23 de enero) o del Departamento de Seguridad Nacional (28 de enero). O el informe elaborado por Fernando Simón el 10 de febrero y que se “eliminó por parte del Gobierno central del Estado del portal donde se había colgado”.
Informes periciales
Con el fin de facilitar la labor del tribunal enjuiciador, los demandantes también aportan como medios de prueba informes periciales de distintos catedráticos en medicina, doctores o microbiólogos. En estos documentos concluyen que “la estrategia adoptada por el gobierno fue incredulidad, desconcierto, no aceptación de los informes y mensajes de la OMS y demás organismos oficiales”. Comparan dicha actuación con la de “otras epidemias”, como la del Ébola, donde no hubo “problemas por la prontitud de reacción”.
Todas las empresas y entidades que se han unido a la plataforma lo han hecho mediante sus asesores fiscales y económicos, que han elaborado sus respectivos informes periciales de daños y perjuicios para reclamar al Gobierno las pérdidas millonarias que han tenido.
