Un PSOE descolocado asume la «probable» victoria del PP en Castilla y León

El adelanto electoral estaba en los planes del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde hace meses, como adelantó THE OBJECTIVE. Pero el PSOE, tanto a nivel nacional como autonómico, no lo vio venir. Tras las informaciones publicadas por este periódico, tanto Moncloa como Ferraz no daban pábulo a la convocatoria anticipada de elecciones mientras ponían toda su atención en el horizonte electoral en Andalucía, que esperaban para principios de 2022 y que finalmente no se producirá hasta finales de junio o principios de julio. 

El golpe de timón de Mañueco ha pillado con el pie cambiado a los socialistas, que no dieron credibilidad al escenario electoral hasta hace apenas una semana cuando, según fuentes socialistas, Gobierno y PSOE viraron su eje de prioridades electorales de Andalucía a Castilla y León. En el núcleo duro del presidente, su jefe de gabinete, Óscar López, y su número dos, Antonio Hernando, empezaron a solicitar información al respecto, después de que el PSOE autonómico de Luis Tudanca alertara de la precipitación en los planes del presidente del PP. Una forma de corregir el paso tras haber llegado tarde a lo que venía aconteciéndose.

Sin embargo, en Ferraz aseguran que Tudanca «barajaba el adelanto electoral» desde hacía semanas, aunque no se situara en el radar de la Acción Electoral del Ejecutivo y del partido. Una muestra de que el PSOE no estaba al quite de este anuncio es que este lunes ni siquiera se ha celebrado en Ferraz la reunión de la Ejecutiva Federal que debe planificar este tipo de convocatorias. Más teniendo en cuenta que dos pesos pesados como son Javier Izquierdo, el secretario de Acción Electoral, y el jefe de gabinete del presidente y exsecretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, son miembros destacados de esa federación. 

«Probable victoria» del PP

Pero ni siquiera los movimientos de última hora les privaron del factor sorpresa de este lunes. «Es antes de lo previsto», admitieron a primera hora de la mañana fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, tras el anuncio del adelanto electoral al 13 de febrero. Un anuncio que el PSOE, tras semanas negándose a aceptar el adelanto, esperaba para después de las Navidades. 

El baño de realidad ha arrojado al PSOE un gélido escenario en sus proyecciones electorales. Fuentes gubernamentales y socialistas admiten a THE OBJECTIVE que lo más «probable» es la victoria del PP, lo cual supondría ‘robar’ al PSOE la primera fuerza que obtuvo hace dos años el líder del PSOE castellano leonés, Luis Tudanca, cuya victoria inédita en 32 años puso en vilo el tradicional feudo del PP hasta que se consumó el pacto con Ciudadanos. Desde entonces, la sombra de una moción de censura del PSOE ha sobrevolado la estabilidad del Gobierno. La primera en presentarse contó con la firma de los 35 parlamentarios socialistas que, según el reglamento, no podían volver a secundar una iniciativa semejante hasta transcurrido un año de su presentación. Y esa fecha expiraba el 11 de marzo. 

En privado, el PSOE admite ser consciente de que la jugada «hecha por cálculo electoral» puede salir rentable porque amplifica el resultado de un PP que podría rozar la mayoría absoluta gracias a la extinción de Ciudadanos. Se da la circunstancia de que en Castilla y León el umbral de entrada en las provincias es algo mayor que el del resto de provincias españolas. Mientras en Andalucía es del 3%, en Castilla y León es del 5%, lo cual podría convertir en extraparlamentaria a la formación naranja. rentabilizando y maximizando el resultado del PP.

Operación orquestada Moncloa-Ferraz

Un escenario que perjudicaría notablemente a un PSOE que quedaría relegado nuevamente a la segunda fuerza aunque «no tendrá un mal resultado». Sea el que sea, como bien se demostró en 2019, solo gana quien gobierna y Tudanca tiene pocas probabilidades de convertirse en presidente. Una muestra de sus escasas posibilidades es la reacción en tromba de los socialistas al conocer la disolución de las cortes. En una operación orquestada, Gobierno y PSOE (nacional y autonómico) comparecieron para seguir a pies juntillas el argumentario socialista.

La primera en disparar fue  la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien abrió fuego a primera hora acusando al Gobierno castellano-leonés de cometer una «irresponsabilidad cuando estamos abordando esta crisis sanitaria y cuando el Gobierno de Castilla y león tiene que gestionar los fondos europeos». Pero la titular de Justicia se atrevió incluso a entonar la versión más partidista del argumentario socialista: «Se enfrentan a causas judiciales. Parece que ha habido un agente provocador que podría haber sido la intención del presidente de provocar la no aprobación de sus presupuestos para generar unas elecciones anticipadas que coincidiera con la resolución de esas causas judiciales». 

Llop hacía referencia a la investigación que se cierne sobre el PP de Salamanca por un presunto caso de financiación ilegal en las primarias de 2017 que auparon a Mañueco como candidato y por la que el juez que instruye la causa ha citado a declarar en enero al presidente del PP de Salamanca y a la gerente. Un caso al que se aferra el PSOE como única esperanza para revertir sus perspectivas electorales, y por ello el candidato Tudanca compareció desde Valladolid para calificar el adelanto de «huida del PP de su corrupción», por lo que están «aterrados». Según el líder socialista, «la convocatoria electoral es una magnífica oportunidad para lograr lo que por fin Castilla y León se merece, lo que votó, lo que necesita y lo que va a volver a votar».

Ferraz improvisa una rueda de prensa

Un mensaje perfectamente coordinado con la dirección federal del PSOE. El portavoz de la Ejecutiva, Felipe Sicilia, también compareció en rueda de prensa improvisada desde Ferraz para denunciar que Mañueco «se inventa la excusa de una moción de censura» para convocar elecciones en base a «sus intereses electorales y partidistas» y que busca retrasar la rendición de cuentas por parte del PP ante las «citas judiciales en primavera». 

En privado, fuentes socialistas denuncian que el escenario provocará tener una «administración cerrada durante 6 meses» solo por los «cálculos electorales del PP» y confían en que los asuntos de presunta corrupción tengan su efecto ya que la declaración de los dos cargos del PP de Salamanca se producirían en el mes de enero, en plena campaña electoral. Según explican fuentes del PP a este periódico, se trata de una investigación que «está amortizada» y cuya declaración no tendrá efectos en el electorado. En el PP ven poco probable que el juez que instruye la causa dicte sentencia en pleno proceso electoral sino que se demorará hasta después del 13 de febrero con un veredicto que presumen favorable.