España pagará 270.000 euros anuales durante un siglo a una orden religiosa por su nueva embajada en Italia
Compromís denuncia «despilfarro» y propone usar la misma sede que la legación ante el Vaticano, propiedad del Estado
Embajada de España ante la Santa Sede, en Plaza de España. | Sandra Vallaure (Flickr)
España prepara una mudanza en Roma. Hace años que el Gobierno tiene la intención de cambiar la ubicación de su embajada ante Italia y, aunque aún no hay fecha concreta, el traslado es inminente. La nueva residencia de la legación española estará situada en la céntrica Plaza Navona. El Estado pagará un alquiler anual de 266.495 euros más la tasa de inflación durante 99 años, según el acuerdo alcanzado con la Obra Pía, dueña del inmueble. Compromís denuncia «despilfarro» y propone usar el mismo edificio que la embajada ante el Vaticano, que es propiedad del Estado y está enclavada en la mismísima Plaza de España.
El pago de la renta no se ha iniciado todavía, ya que no se ha recibido aún el inmueble ubicado en la Plaza Navona esquina con Via dei Canestrari número 5 y 7. El contrato de arrendamiento con opción de compra en su última anualidad (esto es, cuando pase un siglo), se cerró el 29 de noviembre de 2019, según la respuesta que ha ofrecido el Ejecutivo a Carles Mulet, senador de Compromís. La Obra Pía es una institución vinculada al Ministerio de Exteriores, aunque está sometida al derecho privado. Por lo tanto, tal y como indica el Gobierno, la recaudación por el inmueble «no revierte en las arcas públicas».
Palacio Borghese
De momento, los representantes españoles ante Italia siguen ocupando unas oficinas alquiladas en el Palacio Borghese, propiedad de Scipione Borghese, descendiente del cardenal italiano que patrocinó a artistas como Caravaggio y Bernini y cuyo legado se puede apreciar en la famosa Villa Borghese. El edificio, una obra de estilo manierista que alberga numerosos frescos del siglo XVII, está situado en la plaza Borghese y se conoce como El clavicordio por su insólita planta trapezoidal. El Gobierno alquila solo 700 metros cuadrados, por los que pagó 272.580 euros en 2021. Una cantidad muy similar a la que abonará por el nuevo emplazamiento.
La idea de abandonar estas oficinas que España ocupa desde 1947 fue del anterior embajador ante Italia, Jesús Gracia. Una iniciativa que ha retomado el actual jefe de la diplomacia española ante Italia, Alfonso Dastis, que antes de ser nombrado por Pedro Sánchez para el cargo, en septiembre de 2018, fue ministro de Exteriores y, por tanto, superior de Gracia. El argumento es que el edificio es demasiado caro y no es propio para la labor que desempeña, para lo que necesitaría una reforma integral que no desean acometer, aunque en primera instancia se mostraron dispuestos.
Las excusas ofrecidas no convencen a Carles Mulet, senador de Compromís. «España tiene dos sedes. Lo curioso es que cambien un lugar que está bien para irse a otro donde van a pagar más o menos lo mismo. Ahora el beneficio irá a parar a una orden religiosa», critica el parlamentario valenciano. Mulet cree que deben de existir alternativas más económicas para instalar la nueva embajada, aunque «puede que no se hayan tenido en cuenta».
«No sé hasta qué punto tiene sentido que España tenga dos embajadas en Roma. Sería mejor concentrarlas en una», sostiene. El Gobierno explicó en una respuesta escrita el pasado 2 de noviembre que el edifico que alberga la Embajada de España ante la Santa Sede, ubicada en el Palacio de España, que da nombre a la plaza homónima, es propiedad del Estado desde 1622. «Lo lógico sería compartir sede y servicios», afirma el senador, que este lunes ha registrado una nueva pregunta para saber si España cuenta con otras propiedades en la capital italiana que puedan albergar la embajada.
La cancillería española en Italia ya valoró aprovechar los espacios vacíos del palacio y evitar así pagar un alquiler. Son varios los países que tienen ambas legaciones en el mismo edificio, como EEUU y Bélgica. La idea no convenció a la representación ante la Santa Sede, que forma parte de la Obra Pía. No solo denegaron la fórmula, también presionaron para que se buscara otro inmueble. Algunos miembros incluso apostaron por utilizar las dependencias desocupadas de Plaza España como centro comercial o para albergar obras cedidas por museos españoles.
La Obra Pía
La intención de Exteriores es llevar las nuevas oficinas a un edificio donde convergen Piazza Navona y Via dei Canestrari, una estrecha calle en cuya primera planta, y hasta hace cuatro años, se instalaba la delegación de la Agencia EFE en la capital italiana. La propuesta se desestimó inicialmente, cuando los arquitectos del ministerio firmaron un informe que aseguraba que el espacio no cumplía las medidas de seguridad. Años más tarde se redactó otro informe que resultó favorable.
Un portavoz del departamento que dirige José Manuel Albares sostiene a THE OBJECTIVE que la operación está en marcha, pero que aún se desconoce la fecha en la que se realizará la mudanza. El nuevo inmueble se encuentra frente a la Embajada de Brasil, el Palacio Pamphilj, construido en el siglo XVII y ampliado cuando Giovanni Battista Pamphilj se convirtió en el papa Inocencio X. Es propiedad de la Obra Pía, una institución que originalmente se dedicaba a labores caritativas y que con el paso del tiempo se ha convertido en una especie de inmobiliaria. Solo en el centro histórico posee 25 edificios, multitud de viviendas y medio centenar de locales comerciales.
Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat. | Foto: Obra Pía
La Obra Pía – Establecimientos españoles en Italia, creada en el siglo XI, es una persona jurídica sin ánimo de lucro que desarrolla iniciativas sociales, culturales, artísticas y de protección y conservación del patrimonio. Todos sus propiedades son fruto de donaciones y fundaciones que servían para asistir a los sacerdotes y peregrinos españoles en Roma, donde cuenta con la Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat, la de San Pietro in Montorio y el panteón de los españoles en el cementerio de Campo Verano, entre otras posesiones.
La institución está vinculada históricamente a la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque no forma parte del sector público ni de su ámbito de aplicación, ya que está sometida al derecho privado. El Estado tampoco tiene ninguna obligación económica con ella. Por lo tanto, y según la respuesta ofrecida por el Gobierno a Compromís, la recaudación por el inmueble «no revierte en las arcas públicas».
El órgano de gobierno de la Obra Pía es la Junta, integrada por siete españoles residentes en Roma. Son miembros a título honorífico, por lo que no cobran dietas ni partida económica alguna. La preside la embajadora de España ante el Vaticano en calidad de Governatore, cargo que ostenta desde el mes pasado la exministra de Educación, Isabel Celaá, cuya edad supera el tiempo de jubilación establecido para los diplomáticos, un asunto que generó enfado de sus homólogos.
