El Gobierno desconoce cuántas macrogranjas de las que dice Garzón hay en España

España roza el millón de explotaciones ganaderas, pero el Gobierno desconoce cuántas de ellas son macrogranjas. Un término que no cuenta con una definición técnica ni legal en nuestro país. Algunas regiones usan el concepto para nombrar a aquellas instalaciones que sobrepasan los 400 animales. En otras, ese número debe alcanzar las 2.000 cabezas de ganado. «Hay un censo ganadero, pero no existe categorización», lamenta Elisa Oteros, de Ecologistas en Acción. Tampoco existe trazabilidad de la carne: «Sabemos cuánta llega y la cantidad qué exportamos, pero no la que consumimos ni al tipo de instalación a la que corresponde», reconoce Oteros.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, aseguró en diciembre en una entrevista con el diario británico The Guardian que «la cría extensiva es un medio de ganadería ambientalmente sostenible con mucho peso en partes de España como Asturias, algunas zonas de Castilla y León, Andalucía y Extremadura». Sus palabras han generado una controversia sin precedentes, en su opinión, porque han sido malinterpretadas por algunos actores interesados.  

«Maximizar beneficios»

Las macrogranjas forman parte de la llamada ganadería industrial o intensiva, un sistema de cría de animales con alta densidad que utiliza maquinaria moderna y piensos para obtener la mayor rentabilidad posible. España es uno de los países más restrictivos con ella: cuenta con diferentes leyes que establecen las normas básicas de ordenación de estas explotaciones y su ubicación alejada de las zonas pobladas. También hay normas que garantizan el bienestar animal y su control sanitario. La ganadería extensiva, modelo que defiende Garzón, emplea métodos tradicionales de explotación ganadera y, según el ministro, «protege el medioambiente, crea empleo, fija a las personas en los territorios, es sostenible y deseable».

«La premisa de las macrogranjas es alimentar a los animales lo más rápido posible para maximizar los beneficios, lo que tiene terribles consecuencias», sostienen en Greenpeace. Una línea que defendió Garzón en el diario británico y que mantuvo este miércoles durante una entrevista en la Cadena Ser. «La ganadería intensiva genera contaminación de aguas, emisiones de efecto invernadero, deforestación y abusos a los animales». En opinión del ministro, la Comisión Europea también señala a las macrogranjas, por eso en 2018 abrió un expediente a España por «excesivo niveles de nitratos vinculados a la ganadería intensiva».

Los detractores de Garzón afirman que no se puede hablar de macrogranjas, ya que no existe una definición concreta. «¿Cuál es el límite para convertirse en una macrogranja, 1.000, 2.000 o 5.000 animales?», se preguntan. Los ganaderos sostienen que el modelo de macrogranjas en sentido estricto no ha llegado aún a España. Ponen como ejemplo el caso de Noviercas, el municipio de Soria donde una empresa proyecta reunir a 23.000 vacas. En nuestro país existen más de 60 millones de animales repartidos en 969.193 explotaciones ganaderas, según los últimos datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).

El sistema no distingue los tipos de explotación, aunque revela que, desde 2015, el número de animales en explotaciones ganaderas ha crecido en tres millones a pesar de que existan 11.000 granjas menos. La concentración del ganado ha crecido un 9%, sobre todo en el sector porcino y bovino. El modelo intensivo se ha extendido por Cataluña, Aragón y Castilla y León. Las regiones que se ubican en el noroeste y el sur, en cambio, tienden a una menor concentración de animales. No obstante, desde el Ministerio de Agricultura afirman que no es posible conocer el porcentaje de estas granjas que se dedican a la ganadería expansiva y cuál a la intensiva, que sigue ganando posiciones.

«Por desgracia, a Garzón no le falta razón. El sistema ganadero en España transita hacia una industrialización. Se está perdiendo la ganadería extensiva y se sustituye por otra en vertical que genera menos empleo y más problemas ambientales. En contra de lo que se dice habitualmente, el 74% de los municipios con ganadería industrial pierde población», reconoce la ecologista Elisa Oteros. 

Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), indica que es lógico que haya más ganado en la ganadería intensiva porque «optimiza y aprovecha mejor los recursos». Asegura que el impacto de esta es menor porque la producción es más eficiente. Naciones Unidas atribuye al sector ganadero el 14,5% de las emisiones de gases invernadero.«Existen técnicas de reducción de emisiones, pero estas solo se pueden realizar en ganaderías intensivas. Las extensivas no tienen capacidad para ponerlas en práctica, aunque tienen otras ventajas como la protección del espacio natural», insiste Higuera.

«Animales maltratados»

El ministro de Consumo aseguró durante la entrevista en The Guardian que las macrogranjas «encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 o 10.000 animales, contaminan el agua y luego exportan esa carne de peor calidad de esos animales maltratados». Unas declaraciones que exasperaron al sector cárnico. Oteros explica que la ganadería intensiva tiene incidencias sociales y ambientales: «Nadie quiere vivir en un lugar que huele mal. Además, hay pueblos con acuíferos contaminados desde hace décadas».

En su opinión, y como defendió el ministro, la carne de producción intensiva es de peor calidad: «No tiene el mismo sabor y las cualidades organolépticas tampoco son las mismas». Un extremo que rechaza Pedro Herráez, secretario del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida de Carne de Ávila. Este dirigente de un sector que representa el 2,4% del PIB nacional reprueba al ministro por hablar de «carne de peor calidad» cuando a él no le corresponde esa valoración. «En España existe un sistema magnífico de seguridad alimentaria avalado por la legislación nacional y comunitaria», persevera. 

Herráez cree necesario leer la entrevista completa en The Guardian, donde Garzón habla de modelos de producción. «Rechaza los intensivos, porque es un sistema obsoleto y valora enormemente el modelo extensivo que nosotros trabajamos. Yo en esa parte estoy de acuerdo, pero un ministro no puede decir lo primero que se le pase por la cabeza». En su opinión, cualquier explotación grande genera problemas, ya que necesita una gran infraestructuras y produce muchos residuos. 

«El modelo habitual en Europa es el intensivo porque no hay tierra suficiente para desarrollar la ganadería expansiva. El clima tampoco ayuda. La extensiva, prácticamente, solo la hacemos aquí, en Francia y en Portugal». Herráez alaba este sistema porque defiende a las pequeñas explotaciones. «Deja rentas en la zona, repercute en ella y hay una vinculación al territorio. La ganadería intensiva no tiene ganaderos, sino trabajadores. Y pocos, porque todo se hace con máquinas». Sin embargo, Greenpeace afirma que en los últimos años han cerrado más de 8.000 explotaciones pequeñas porque no son rentables.

«En la ganadería intensiva, el animal ni siquiera puede moverse», insistía este miércoles Garzón. Los ganaderos reprochan sus críticas a un modelo de explotación regulado por diferentes normativas. Sostienen que los organismos nacionales y comunitarios fijan las dimensiones mínimas y los requisitos para controlar el bienestar del animal. José Friguls, presidente de la Asociación Empresarial Cárnica (Anafric), explica que el sector incluso ha participado en la consulta pública para detectar deficiencias en la legislación comunitaria de bienestar animal.

Antonio Palomo, veterinario y miembro de la Comisión de Bienestar Animal, considera que hablar de maltrato es «extralimitarse en las apreciaciones». «A ningún productor se le ocurriría porque eso repercute directamente en la producción». En su opinión, el aumento de la ganadería intensiva no significa que descienda la extensiva. Además, critica a los que usan el término macrogranja por hacerlo de forma peyorativa. «Las explotaciones porcinas aquí tienen una media de 1.100 cerdos, una cifra mucho menor que en Brasil, Canadá o China». Palomo asegura que en nuestro país los controles sanitarios y los certificados de calidad son muy estrictos y que no se puede poner en jaque a un sector que exporta a 130 países, especialmente a Reino Unido.

Controles estrictos

Higuera refuerza esa tesis: «El sector cárnico está hipercontrolado por otros ministerios que afortunadamente no son el de Garzón». El director de Anprogapor afirma que los ganaderos españoles cumplen no solo con la normativa nacional, también con la europea. Incluso con la de terceros países que envían a sus funcionarios para verificar las condiciones del ganado. «Son inspecciones coordinadas por Sanidad y Agricultura». E insiste sobre la necesidad de producir en vertical: «El jamón de bellota tiene unas propiedades excepcionales, pero no puede pagarlo todo el mundo, por eso aumentan las producciones en intensivo, que abaratan los costes de producción y el precio final».

Raúl de Lema, además de presidir el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Sierra de Guadarrama, es ganadero. En su explotación conviven unas 140 vacas que cada año producen una media de 110 terneros. Los primeros seis meses saltan, comen y brincan por el campo. Es lo que se conoce como ganadería extensiva. Cuando son mayores y van a finalizar el ciclo vital, pasan un par de meses en cebo intensivo, «cumpliendo los metros que solicitan las autoridades». Reconoce que hace años su explotación contaba con un número superior de reses, pero «hoy solo se pueden tener las cabezas subvencionadas».

Esta es, según la ecologista Elisa Oteros, una de las críticas que se puede realizar a las declaraciones de Garzón en The Guardian, ya que, mientras el ministro habla de los perjuicios que representa la cría intensiva para el medio ambiente y las personas, «el Gobierno continúa incentivándola». «Tenemos una normativa, cumplimos los requisitos que nos exige la UE y pasamos muchos controles. Garzón agrede al sector. Que busque ejemplos en Europa a ver si encuentra carne de mejor calidad que la española», insiste De Lema.

En opinión de este ganadero, a España llega carne de fuera que «abarata los costes y a la que no se exige los mismos requisitos de producción que tenemos aquí». De la misma opinión son otros miembros del sector consultados por THE OBJECTIVE. «En la ganadería extensiva los animales necesitan más tiempo, por lo que a la larga podemos decir que contamina igual. Nos preocupamos de las emisiones del ganado, pero no de la de los coches y los aviones», se queja De Lema, que exige una rectificación de Garzón porque en España, sea la carne que sea, «la calidad es inigualable».