Nuevo frente migratorio: España devuelve en caliente a siete menores desde las Chafarinas
En los tres primeros días del año, la Guardia Civil ha entregado a Marruecos a 18 inmigrantes que habían pedido asilo internacional desde el archipiélago español
El archipiélago español de las islas Chafarinas. | Google Earth
España ha devuelto en caliente a 18 inmigrantes desde las Islas Chafarinas a Marruecos en lo que llevamos de 2022, según confirman distintas fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Se trata de nueve marroquíes y otros tantos sirios, entre los que había siete menores, que tras llegar a las islas de soberanía española, a 76 kilómetros de Melilla, solicitaron asilo internacional a las autoridades competentes, sin éxito. Fueron devueltos pocas horas después por la Guardia Civil a territorio marroquí, indican las mismas fuentes.
Ante la llegada de la primera embarcación el 30 de diciembre a la isla de Congreso, en la que había cuatro menores, tres hombres y dos mujeres de nacionalidad marroquí, varias organizaciones, entre ellas la ONG Alarm Phone, Coordinadora de Barrios, Servicio Jesuita a Migrantes o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), enviaron un comunicado firmado al Gobierno y al Ministerio del Interior en el que informaban de la situación de los nueve inmigrantes «varados en la isla del Congreso, después de que su embarcación se hundiera, sin acceso a agua ni alimento», y transmitían a las autoridades que «todos ellos habían manifestado su voluntad de querer solicitar asilo en España».
Teniendo en cuenta dichas circunstancias, solicitaban al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska que cumpliese con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y trasladase a dichas personas «a un lugar seguro para que fuesen atendidas e iniciar su procedimiento de solicitud internacional con las debidas garantías». Una petición que no fue respondida y que motivó pocas horas después la expulsión de los inmigrantes a Marruecos. Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por este periódico mantienen la misma línea e insisten en que «no disponen de información» sobre las mencionadas devoluciones.
Idéntico desenlace tuvo la embarcación que llegó al mismo islote cuatro días después, el 3 de enero, en el que iban a bordo seis adultos, dos menores y un bebé, todos ellos de nacionalidad siria. Fuentes jurídicas indican, no obstante, que sus circunstancias eran distintas a las del otro grupo de inmigrantes. En este caso, algunas personas portaban documentación y habían enviado un correo a la Delegación del Gobierno de Melilla solicitando asilo, así como a la Guardia Civil, Acnur o a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Vía telefónica, se pusieron en contacto con diversas asociaciones y sus respectos abogados, e incluso compartieron fotos de sus pasaportes y un vídeo de su presencia en la isla.
Devolución sumaria
De nada sirvió, sin embargo. En el caso de ambas embarcaciones, los abogados de las organizaciones pidieron al juzgado como medida cautelar la paralización de la devolución. Pero el juez entendió que la petición de asilo internacional no estaba aprobada y ordenó la devolución sumaria de los inmigrantes, aplicando la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, es decir, el rechazo de frontera. Una decisión que según precisan distintos letrados no cabía puesto que «el grupo de inmigrantes ya había entrado a territorio nacional».
El retorno forzoso de personas solicitantes de asilo que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, sin acceso al debido proceso, critican desde estas organizaciones, «viola el principio de la no devolución establecida en la Convención de Ginebra como una garantía del derecho de asilo». La expulsión de los inmigrantes, insisten, «supone una grave vulneración de Derechos Humanos y un incumplimiento de las garantías establecidas en la normaliza vigente».
De hecho, según dicta el artículo 23 del reglamento de la Ley de Extranjería, cada una de las personas que llegaron al archipiélago español debían haber sido identificadas policialmente, con asistencia letrada e intérpretes. Y al haber solicitado protección internacional, tendrían que haber sido citados para ser entrevistados con el fin de valorar su estatus de asilo, tal y como marca el procedimiento legal. Algo que no ocurrió en el caso de ningún solicitante.
Es más, según denuncian las ONG, cuando un abogado conversaba telefónicamente con los inmigrantes sirios, «una patrulla de la Guardia Civil presente en el islote cortó la llamada» para poco después expulsarlos en la zona y entregarlos a la Marina Real Marroquí.
