Polémica en Defensa al no llevar Robles la elección del arzobispo castrense al BOE

Por primera vez en democracia, la elección del nuevo arzobispo castrense de España, monseñor Juan Antonio Aznárez, no ha sido refrendada por el Consejo de Ministros mediante un real decreto. Una novedad a instancias de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha abierto una polémica dentro del ministerio ante la sospecha de que se trata de una «decisión política» para esquivar un posible rechazo de Podemos, según fuentes militares del Ministerio de Defensa consultadas por THE OBJECTIVE.

El nombramiento de un arzobispo castrense es excepcional por varios motivos. Primero, exige una negociación previa entre el Gobierno y el Vaticano para consensuar una terna de candidatos. La lista se entrega al Rey, que tiene 15 días para decidirse por uno de ellos y comunicárselo al Papa, quien está obligado a nombrar al prelado designado.

Así lo estipula el concordato de 1979 suscrito por España y la Santa Sede, siendo éste el último vestigio de la llamada presentación de obispos que Roma concedió a los monarcas españoles en tiempos de los Reyes Católicos y que Franco utilizó en su beneficio con el tratado bilateral de 1953.

Una vez nombrado por el Papa, el Gobierno tiene que otorgar al arzobispo castrense la consideración de general de división porque a efectos administrativos tiene la condición de alto cargo del Ministerio de Defensa -con su correspondiente sueldo público y atribuciones para designar a los capellanes militares-. En su caso, está adscrito a la Subsecretaría, área que en la actualidad dirige Amparo Valcarce.

Por ello, los gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron que aprobar un real decreto para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fue el caso de monseñor Emilio Benavent en 1977, de José Manuel Estepa en 1983, de Francisco Pérez en 2004 y de Juan del Río en 2008. Este último falleció en febrero del año pasado a causa del coronavirus.

Sin embargo, Aznárez juró este martes en la sede del Ministerio de Defensa «hacer cumplir fielmente las obligaciones del
cargo con lealtad al Rey», así como «guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado» como cualquier otro alto cargo de la Administración… sin que el Gobierno lo hubiese aprobado previamente mediante un real decreto.

La orden ministerial que regula el funcionamiento y la estructura del Arzobispado General Castrense data del 1 de diciembre de 1978 y fue firmada por el entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa, general Manuel Gutiérrez Mellado. Se trata, por tanto, de una norma preconstitucional que no ha sufrido cambios desde entonces. Pero Robles hace ahora una interpretación del texto diferente a la de sus predecesores.

«Revisada y analizada dicha norma, no es necesaria ninguna otra para formalizar administrativamente el nombramiento del arzobispo castrense», responde una portavoz de la ministra a preguntas de este periódico. También se hace hincapié en que el artículo 3 de la orden «ya recoge que el arzobispo castrense será asimilado a general de división» y que el nombramiento en sí de la persona encargada de asistir espiritualmente a las Fuerzas Armadas «corresponde al Papa». Desde el Arzobispado Castrense se limitan a indicar a este diario que el cambio de criterio es una decisión que compete en exclusiva al Ejecutivo.

Las fuentes militares del propio ministerio discrepan de los argumentos del equipo de la ministra. «Se le tiene que nombrar (a Aznárez) al servicio de Defensa. Es como los capellanes, que son designados sacerdotes por la Iglesia pero luego aprueban una oposición y son nombrados capellanes castrenses en plantilla de Defensa, cobrando como tales de la nómina del ministerio», explican.

Por ello, sugieren que Robles no ha querido llevar el real decreto del arzobispo castrense al Consejo de Ministros para no arriesgarse a un veto de Podemos o bien, para que la formación morada no airease la aparente contradicción que supone ‘ascender’ a un religioso a la condición de general de división mediante una decisión publicada en el BOE.

Palabras de cariño de Robles

En todo caso, la ministra tuvo palabras de cariño para Aznárez en el acto de presentación y nombramiento de este último en Defensa como máximo representante de la Iglesia en la estructura del ministerio. «Entra usted a formar parte de una gran familia», le hizo hincapié Robles. «Las Fuerzas Armadas son una gran familia que lleva dentro de sí los mejores valores que se
pueden llevar, que son los valores de voluntad de servicio, de amor a España, de entrega a los demás y de generosidad», incidió.

Robles también destacó la figura del fallecido Juan del Río. La ministra se emocionó al confesar que una hermana del prelado le entregó un icono religioso tras el deceso del arzobispo castrense, un regalo que había colocado en un lugar preferente de su domicilio. «Son valores tan importantes que creo que tienen que perseguir la mayoría de las personas, sean creyentes o no sean creyentes, que es el valor de la solidaridad, de la empatía y de la humanidad», dijo en el elogio al predecesor de Aznárez.

THE OBJECTIVE ya desveló en exclusiva en noviembre que la delicada negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Vaticano para pactar una terna de candidatos al puesto de arzobispo castrense había terminado con victoria para el primero ya que en la lista entregada a Felipe VI para que eligiera al candidato más idóneo, no se incluyó ninguno de los nombres promovidos inicialmente desde Roma por los cardenales españoles.

Este diario tuvo acceso a la terna de candidatos que Exteriores y la Santa Sede consensuaron tras casi un año de altibajos en la negociación. En la lista corta fueron incluidos el obispo auxiliar de Pamplona y Tudela elegido finalmente por el papa Francisco para este puesto, el citado Juan Antonio Aznárez, junto a los obispos de Menorca, Francisco Conesa, y de Albacete, Ángel González.

Ninguno de ellos aparecía en las quinielas eclesiásticas para sustituir a Del Río ni tenía la vitola de favorito, así que Felipe VI tuvo libertad para elegir al arzobispo castrense, que entre sus atribuciones también está la de ser capellán de la Casa del Rey y asistir espiritualmente a los miembros de la Familia Real.

Los nombres que el Vaticano quiso incluir en un primer momento en la terna fueron los del obispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes; el obispo auxiliar de Valladolid y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el prelado al frente del Obispado de Ávila, José María Gil Tamayo. Pero los tres fueron vetados por el Ejecutivo de Sánchez.

La oposición más firme del Gobierno fue contra la opción de Sanz Montes, según desveló en septiembre Vozpópuli, lo que llevó a un bloqueo en las negociaciones con Roma. El obispo de Oviedo contaba con el apoyo de dos cardenales eméritos, Carlos Amigo y Antonio María Rouco Varela, quienes promovieron su candidatura en los pasillos vaticanos. Sin embargo, el Gobierno se opuso ante el temor de que sus socios parlamentarios catalanes, en especial Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), se enfadasen con este nombramiento en plena negociación de los Presupuestos.

Sanz Montes se implicó a fondo en el pleito judicial para la recuperación de los bienes religiosos del monasterio aragonés de Sijena mientras estuvo destinado como obispo en Jaca entre 2003 y 2009. Y desde Oviedo había seguido de cerca este asunto fruto de aquel empeño personal, por lo que en el Ejecutivo no quiso abrir un frente con ERC por este motivo.