Las víctimas de la colza piden al Gobierno que amplíe la atención que reciben tras 40 años

Envenenados y olvidados. Esa es la sensación que tienen las víctimas del aceite de colza. La intervención policial evitó que seis afectados se quitaran la vida en pleno Museo del Prado en octubre. Nada ha cambiado desde entonces. El colectivo está desesperado. La ley que les protege se aprobó hace más de 40 años y «está desfasada». Piden al Gobierno que amplíe la atención que reciben, que reconozca su minusvalía y que cree un centro médico específico para tratar las dolencias que arrastran de por vida. 

El envenenamiento masivo por el aceite de colza salió a la luz en la primavera de 1981. Las primeras víctimas fueron diagnosticadas de una «neumonía atípica» que costó la vida a 3.000 personas, lo que la convierte en la mayor crisis alimentaria de España. Otras 20.000 sobrevivieron. Apenas viven la mitad, que padecen las secuelas desde hace cuatro décadas. Sufren fatiga, fiebre, tos, dolor de cabeza y dificultad respiratoria.

Doble víctimas

«Muchas víctimas han fallecido por covid, algunas sin saber que lo tenían, ya que los síntomas son muy parecidos», revela Carmen Cortés, presidenta de la plataforma Seguimos vivos. Ella tenía apenas 15 años cuando enfermó. La mayoría de los afectados residía en los barrios más humildes de Madrid. Personas con pocos recursos económicos que compraron el producto por su bajo precio.

La empresa que comercializaba el aceite de colza, entonces comestible, lo desnaturalizó añadiéndole anilina, que originó la intoxicación, según dictó el Tribunal Supremo en 1997. El producto resultante se destinó al consumo humano, principalmente en la venta clandestina y sin ningún tipo de control. La sentencia del caso, conocida en 1989, no condenó por homicidio a ninguno de los 38 acusados. Se probó un delito contra la salud de 13 imputados, pero solo dos ingresaron en prisión.

«Nos produjo estrés postraumático cronificado. La colza atacó a nuestros órganos y además de las huellas físicas nos provocó otras psicológicas», relata Cortés a THE OBJECTIVE. Unas secuelas que, en lugar de desaparecer, se han agravado en el tiempo. Las víctimas aseguran que ya no les basta con la cobertura que desarrolla una ley de 1981. «Necesitamos que se actualice. Hay servicios que no ofrece y los necesitamos», insiste la presidenta de Seguimos vivos.

Las víctimas de la colza piden tratamientos que en estos momentos no están incluidos en la cartera de servicios de la Seguridad Social porque «se introdujeron antes de las indemnizaciones». Su intención es que se incorpore la ayuda psicológica y la fisioterapia y que la Seguridad Social reconozca a todos los afectados la minusvalía o una merma de cara a la jubilación. También solicitan beneficios fiscales y un reconocimiento para sus cuidadores. 

Un centro médico de referencia

«¿Por qué se reconoce a otras víctimas y no a nosotros? ¿Por qué nuestro dolor no vale lo mismo que el de otros? El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se ríen de nosotros», se lamenta Cortés. Otra de sus reivindicaciones es la creación de un centro médico de referencia específico para su patología, tal y como se les prometió hace décadas. «Hemos visto muchos gobiernos y ninguno ha hecho nada. Otras enfermedades raras ya cuentan con él».

En los años noventa, Sanidad abrió unidades especialidades en todas las regiones, además de una unidad de investigación de la enfermedad en el Instituto Carlos III. En la actualidad, solo un hospital, el 12 de Octubre de Madrid, cuenta con salas especializadas para miles de víctimas, que denuncian lo obsoleto y la precariedad de los recursos. Peor les fue a los afectados de otras comunidades, donde se desmanteló el dispositivo por completo. 

Cortés sostiene que la mayoría de las ayudas no llegaron y que algunas víctimas no tienen pensión. Viven, asegura, con cuantías que no alcanzan el ingreso mínimo vital. «Teníamos muchas esperanzas en este Gobierno solidario, comprometido con la igualdad, el progreso y los derechos humanos, pero hemos perdido la fe», reconoce la presidenta de Seguimos vivos. Su desolación crece al comprobar que ni el presidente Pedro Sánchez ni sus ministros acceden a reunirse con las víctimas, algo que llevan meses pidiendo.

«Nos gustaría poner en valor la valentía y la tenacidad con las que, tanto usted como las demás personas afectadas, enfrentan diariamente su tesitura y enviarles un mensaje de ánimo y esperanza en el futuro», respondieron el miércoles por correo electrónico a Cortés desde el gabinete de Presidencia del Gobierno. Ella sostiene que el futuro de las víctimas es «incierto», a pesar de que el Estado tiene «el deber de vigilarnos hasta que nos muramos, parece haberlo olvidado».

Las jornadas de Consumo

El año pasado se cumplieron 40 años desde que la intoxicación saltó a la luz. No se celebraron actos públicos ni nadie en la Administración tuvo un gesto con ellos. Hace meses descubrieron que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, organizó en junio unas jornadas sobre la catástrofe que originó las primeras leyes alimentarias. Nadie contó con las víctimas del aceite de la colza.

Los afectados aseguran que no se van a dar por vencidos. Planean nuevos actos reivindicativos en las próximas semanas. No dan pistas, pero insisten en que estarán a la altura del encierro de octubre en el Museo del Prado, donde amenazaron con el suicidio. Dos miembros de la plataforma Seguimos vivos fueron detenidos. Se enfrentan a dos causas, una de ellas por desobediencia a la autoridad.