El Congreso reactiva la ley del solo sí es sí y la ley Zerolo
Forman parte de las comisiones convocadas para el día de hoy, que supone la reapertura del Congreso, aunque no de las sesiones
El Congreso de los Diputados reactiva este martes la tramitación de la conocida como ley del solo sí es sí, que reformará la tipificación de los delitos sexuales, y también de la ley para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como la ley Zerolo. Aunque el Congreso permanezca en tiempo festivo de Navidad, las comisiones han sido convocadas para que los decretos que las plantean no caigan.
Tras el pleno de esta tarde está previsto que se reúnan las ponencias de la Comisión de Igualdad encargadas de analizar las cerca de 900 enmiendas que suman ambas leyes y de dictaminar las dos normas. El proyecto de ley de garantía de la libertad sexual, diseñado por el Ministerio de Igualdad, reforma el Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave al juzgar los delitos sexuales y borrar la distinción entre abuso y agresión sexual.
Cuenta con la oposición del PP y de Vox, pero ha abierto además el debate de la abolición de la prostitución, con la izquierda dividida entre quienes consideran, como el PSOE, que es un ejemplo de violencia machista, y quienes defienden su libre ejercicio, como En Comú Podem, ERC, EH Bildu, JxCat o la CUP.
La ley Zerolo, una grieta en la coalición
La proposición de ley de igualdad de trato y no discriminación, bautizada por los socialistas como ley Zerolo, lleva más tiempo en la Cámara y abrió en su día una grieta entre los socios de coalición, ya que en Podemos vio como una «deslaltad» que los socialistas presentaran esa norma en solitario y en plena negociación interna para aprobar la ley trans.
Finalmente, la formación morada se abstuvo en la votación en el pleno y ha presentado más de 70 enmiendas a la proposición socialista.
El PP, por su parte, también ha registrado un amplia batería de enmiendas al considerar que la norma es «muy intervencionista« y que, «con la excusa de la no discriminación», pasa por encima de la libertad individual a la hora, por ejemplo, de alquilar a alguien una vivienda o de preservar el derecho de admisión en un local particular.