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La Fiscalía apoya investigar a la exconsejera catalana de Salud por el retraso en la vacunación a policías y guardias civiles

El TSJC ordenó en 2020 a Salud vacunar al colectivo de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña después de que asociaciones policiales denunciaran retrasos en su vacunación

La Fiscalía apoya investigar a la exconsejera catalana de Salud por el retraso en la vacunación a policías y guardias civiles

El TSJC ordenó en 2020 a Salud vacunar al colectivo de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña después de que asociaciones policiales denunciaran retrasos en su vacunación

La Fiscalía Superior de Cataluña defiende que se investigue a la exconsejera de Salud Alba Vergés, de ERC, por el supuesto «retraso» en la vacunación de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña, una «diferencia de trato» que cree podría ser «injustificada y discriminatoria».

En un informe, la Fiscalía se ha mostrado a favor de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admita a trámite la querella presentada por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) contra Vergés y apunta a que también podrían derivarse responsabilidades penales contra el exsecretario de Salud Pública y ahora consejero de Salud, Josep Maria Argimon.

La querella de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil acusa a Vergés y al exdirector del Servei Català de la Salud Adrià Comella de los delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos fundamentales y libertades públicas y contra las garantías constitucionales.

Fue el TSJC el que, en abril de 2020, ordenó al Departamento de Salud vacunar a todo el colectivo de guardias civiles y policías nacionales destinados a Cataluña, después de que asociaciones y sindicatos policiales denunciaran retrasos en su proceso de vacunación respecto al de los Mossos d’Esquadra.

Como recuerda la Fiscalía en su escrito, el pasado mes de diciembre la sala contenciosa del TSJC condenó a la Generalidad por la «inactividad, retraso o falta de iniciativa por parte del Departamento de Salud » al dar cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación en relación con los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en Cataluña.

Para el ministerio público, «resulta obvio» que el supuesto retraso en la vacunación de los colectivos de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil «no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento, consentimiento y aquiescencia» de quienes eran los máximos responsables de la consejería.

En su escrito, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio apoya que se investigue la querella contra Vergés, «sin perjuicio de que las responsabilidades criminales imputadas puedan extenderse -en el curso de la instrucción judicial y a su resultado- a otros entonces responsables de la consejería».

Concretamente, el fiscal alude a Argimon, que como secretario de Salud Pública era responsable de la vacunación en Cataluña, y al exdirector de Servicios Xavier Rodríguez.

La decisión del TSJC de obligar a la Generalidad a acelerar la vacunación de los agentes de cuerpos del Estado suscitó las críticas del Gobierno catalán y, concretamente, del propio Argimon, que advirtió de que la vacunación de esos policías retrasaría la del colectivo de personas de 70 años de edad

Fuente: EFE

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