Sánchez quiere reformar la 'ley mordaza' en abril con los puntos más polémicos en el aire
Los grupos políticos han alcanzado un acuerdo en 20 de los 40 puntos de la nueva norma, pero quedan por debatir los más criticados por los agentes
Manifestación contra la reforma de la 'ley mordaza' | Efe
El Gobierno pretende aprobar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, a principios de abril. Es el horizonte con el que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez, según confirman fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE, aunque todavía no se han debatido la mitad de los nuevos artículos —en concreto, los más polémicos— que contempla la modificación de la norma. Hasta el momento, la ponencia de la Comisión de Interior, encargada de estudiar la proposición de ley del PNV y las distintas enmiendas de los partidos políticos, solo se ha reunido en dos ocasiones, el pasado 22 de diciembre y el 19 de enero.
Los grupos habían acordado un calendario de reuniones parlamentarias durante el primer mes del año, pero fueron varias las que finalmente tuvieron que desconvocarse a causa de los positivos en coronavirus de algunos diputados que debían asistir a la ponencia. La última se celebró el pasado miércoles y la siguiente, según las mismas fuentes, se celebrará el próximo 15 de febrero.
Los partidos políticos, a excepción de PP y Vox —quienes se oponen frontalmente a la reforma—, han logrado llegar a un acuerdo en 20 de los 40 artículos que contiene la norma. De este modo, las 51 enmiendas que PSOE y Unidas Podemos pretenden materializar en la nueva redacción no se han encontrado por ahora con ningún inconveniente gracias al apoyo de ERC, PNV y EH Bildu. La idea de los socios de Gobierno es «cerrar los acuerdos y tramitar el texto lo más rápido posible». Aunque admiten que el asunto se ha «ralentizado un poco» por la convocatoria de elecciones en Castilla y León, el objetivo del Ejecutivo es que la proposición de ley esté en el Senado antes de Semana Santa, para su posterior ratificación en el Congreso.
La ponencia ha acordado que las identificaciones en las instalaciones policiales no duren más de dos horas, lo que supone una rebaja de cuatro horas del máximo que establece la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Los agentes, sostiene la reforma de la ley, una vez finalice la identificación, estarán obligados a devolver al ciudadano al lugar donde fue detenido.
Este punto ha sido duramente criticado por las asociaciones profesionales y sindicatos policiales, quienes consideran que el cambio los convierte en «taxistas» y puede crear problemas en cuarteles, en el caso de los guardias civiles, en los que suele haber una patrulla de guardia. «Que tengamos que hacer de taxista y llevar a un detenido a una localidad a 30 kilómetros de nuestras dependencias, impedirá que podamos atender emergencias de otros ciudadanos», critican.
Policías y guardias, contra la ley mordaza
Desde que los dos socios del Gobierno anunciaron un acuerdo sobre varios apartados de la reforma, presentada meses atrás por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), los colectivos policiales mostraron su rechazo total a la misma. De hecho, el pasado 27 de noviembre, la modificación sacó a las calles del centro de Madrid a agentes de todo el país. Convocados por la mayoría de sindicatos, decenas de miles de policías reprocharon al Ejecutivo su intención de cambiar la norma, que supondrá para ellos y sus familias, según manifestándomelos, «una pérdida de autoridad y seguridad, en un momento en el que los policías están sufriendo más agresiones». «Con esta modificación, el Gobierno favorecerá al delincuente», denuncian.
Policías y guardias civiles han convocado también distintas concentraciones en la capital española, una de ellas frente al Congreso de los Diputados el pasado 14 de diciembre, cuando supuestamente comenzaban las reuniones políticas para estudiar la reforma de la ley mordaza. No obstante, la cita fue cancelada a causa del covid. Aunque no han vuelto a retomar la agenda de protestas, los sindicatos policiales aseguran «incesantes movilizaciones», una vez desciendan los contagios, hasta que el Ejecutivo no pare la modificación de la Ley de Seguridad.
Los artículos aún pendientes de debatir —y más criticados por los agentes— son los que hacen referencia a las protestas. La nueva redacción establecerá que aquellas «espontáneas» no deberán avisarse con anterioridad a la Delegación del Gobierno. Y en ellas, además, los policías no podrán utilizar material antidisturbios agresivos como las pelotas de goma, sino «siempre el menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables».
La ley también añadirá que policías y guardias civiles puedan ser grabados sin que dicha práctica constituya una infracción. Tal vez el punto más polémico de esta nueva ley y que los agentes ven como un «grave ataque a su derecho a su intimidad y la de sus familias».
