Las reuniones entre ETA e Interior confirman las sospechas de la UE sobre los favores a presos
La delegación de la UE que investiga los crímenes etarras sin resolver sostiene que el Gobierno debe dar permisos solo a los internos que colaboren
La delegación de la UE que investiga los crímenes sin resolver. | Iñaki Berasaluce (Europa Press)
Las reuniones entre el entorno de la extinta ETA y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SSIIPP), dependiente del Ministerio del Interior, para negociar acercamientos a prisiones del País Vasco y excarcelaciones de los presos de la banda terrorista desveladas esta semana a partir de una investigación de la Guardia Civil confirman la sospecha de la Unión Europea sobre el trato de favor del Gobierno a estos internos.
En un primer borrador del informe elaborado por la delegación del Parlamento Europeo que visitó España en noviembre para analizar por qué el 44% de los atentados perpetrados por la organización terrorista, este grupo de diputados recomendó al Ministerio del Interior que concediese beneficios penitenciarios a los presos etarras siempre y cuando colaborasen con la Justicia para ayudar a esclarecer los más de 370 asesinatos sin resolver. Y no al revés, tal como está planteada la política penitenciaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Entre las conclusiones de su visita de tres días a España, donde se reunieron con políticos policías, autoridades judiciales y asociaciones de víctimas, esta misión europea destacó que «ningún exmiembro de ETA había colaborado hasta la fecha en la resolución de los casos no resueltos», según consta en el borrador al que tuvo acceso THE OBJECTIVE. En este sentido, «instaban a las instituciones competentes a que garantizasen que los privilegios penitenciarios» que se otorgasen a presos terroristas «estuviesen sujetos a su cooperación en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento, como muestra adicional de su verdadero arrepentimiento.
La realidad, en cambio, es que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha defendido el cambio en la política penitenciaria desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Todos los presos etarras han sido trasladados a cárceles del norte de España y 80 a prisiones ubicadas en el País Vasco. Al menos 24 de ellos han conseguido el tercer grado —semilibertad— y otros 136 han pasado de régimen cerrado a segundo grado —pueden optar a permisos de salida— entre mayo de 2019 y diciembre de 2021, según datos del Gobierno.
El entorno de ETA y Prisiones
Una investigación de la Guardia Civil, centrada en el etarra Antonio López Ruiz, Kubati, sobre los actos de recibimiento a presos de la banda terrorista, conocidos como ongi etorri, en una causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Ha ido más allá y ha destapado que, en el año 2019, este investigado y su entorno también ejercían un control sobre los acercamientos y excarcelaciones de los presos, en las reuniones que mantenían a través de un enlace con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Una prueba, tal vez más clara que nunca, del compromiso del Gobierno para con los presos terroristas.
«Oskarbi Jauregui que la junten con Lierni que se va a quedar sola y las dos están en Galicia, o moverlas a ambas a Villabona (Asturias) o Logroño que tienen criaturas fuera y el viaje es largo y penoso»; «Fiti a Burgos con Tximeno, 73 añitos, o sea que lo lleven a Burgos y luego que le den permiso y echando leches el 2º grado 100.2 para irse a casa a disfrutar de la vida»; «Ainhoa García que se junte con Oier Urrutia en Villabona. Y Karmelo Laurizika con Marta Izaguirre en Logroño». Estos son solo algunos de los mensajes que distintos miembros cercanos a ETA intercambian semanas antes de que uno de ellos se reúna con Instituciones Penitenciarias, según reza en el informe policial, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Entre las conversaciones que mantienen destaca la de la «lista de prioridades» que el entorno de la organización va compartiendo a través de distintos whatsapps para después, comunicársela en una reunión al secretario general de IIPP. «El próximo martes tengo una nueva reunión con Ángel Luis. ¿Tenéis alguna cosa concreta que os interese traslade?; Hala, a pasar a la lista de prioridades», escribe Julen Arzuaga, el diputado de Bildu en el Parlamento vasco.
El mensaje no ha sido escrito por él, sino que lo reenvía de parte de Joseba Azakarraga, exconsejero de Justicia vasco y uno de los máximos responsables de Sare, la red de apoyo a presos de ETA, y quien según las pesquisas de la Guardia Civil es que el que se encarga de mantener distintas reuniones en Madrid con el responsable de Instituciones de Penitenciarias. Junto a ellos tres, Kubati será la otra figura clave en esta investigación llevada a cabo por el Instituto Armado. Antonio López es el etarra que el 10 de septiembre de 1986 asesinó en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) a Dolores Catarain, ‘Yoyes’ porque la mujer había decidido dejar la banda terrorista
La segunda vía
La reunión de la que se habla, en efecto, de produce en la fecha señalada: el 11 de abril de 2019. Ese mismo día, Arzuaga escribió a Kubati a través del grupo: «A ver, tengo el acta de la reunión que ha tenido Joseba Azkarraga. ¿Lo digo por aquí abiertamente u os lo hago saber de forma más discreta». A lo que López contesta: «De forma discreta mejor».
No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez no solo abrió la vía del Ministerio del Interior para comunicarse con las redes de apoyo a los presos de ETA. También empleó un canal con el entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, con el que determinados miembros de la banda también se comunicaban.
En el informe remitido a la Audiencia Nacional, adelantado por El Confidencial, los investigadores también destacan un mensaje del diputado de Bildu Julen Arzuaga dirigido al secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, sobre la situación del preso de ETA Zigor Orbe Sevillano y su intención de que el interno «participe en la decisión de su traslado».
Sin embargo, no se trata de un mensaje reenviado por el propio Arzuaga, sino que es reenviado por Jorge García Sertucha, Patas, el miembro de ETA que en su día fue condenado a 37 años de prisión por el intento de asesinato contra el entonces rey de España, Juan Carlos I, en agosto de 1995 en Palma de Mallorca. Así, en la conversación que sigue en WhatsApp, Patas, aclara que será él quien se encargará del tema: «Yo haré la gestión con Loza / ¿Ados? —¿De acuerdo?, en vasco—». Se refiere, en realidad a Jesús Loza.
