Ayuso admite que su hermano cobró una comisión "legal" y arremete contra Casado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves que Pablo Casado y la dirección nacional del PP, de un modo «tan cruel e injusto», le acusen de corrupción «sin pruebas» y metiendo a su familia por medio. Eso sí, ha reconocido que su hermano Tomás sí se ha beneficiado a través de un tercero de un contrato concedido por el Gobierno de Madrid, pero insistiendo en que todo se hizo de forma legal.

«No puede haber algo más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia. La familia es lo más importante que tenemos«, ha subrayado.

«Animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal como siempre se dice de manera maliciosa. No tendrá nadie una sola prueba de corrupción por mi parte. No he destinado ni tiempo, ni recursos a otra cosa que a Madrid. Y los resultados están ahí», ha explicado la presidenta.

Sobre ese contrato del que su hermano cobró una supuesta mordida, Ayuso ha relatado: «Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal y que todo está regulado ante Hacienda y declarado».

Así lo ha manifestado en una comparecencia ante los periodistas, en la Real Casa de Correos, tras publicarse que se pidió a un despacho de detectives investigar a su hermano para intentar acreditar su mediación en un contrato público. Desde el PP requirieron en octubre explicaciones a la presidenta sobre este contrato, por el que podría haber cobrado una comisión de 280.000 euros.

Apunta directamente a Pablo Casado

«Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que el no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos y, además, lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque pero que lo haga la Dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato», ha señalado, al tiempo que indicado que solo quiere que se dé «voz a los afiliados».

La presidenta madrileña ha trasladado que «desde hace unos meses distintos medios de comunicación han venido denunciando que dirigentes del PP estaban creando un dossier» contra ella, vinculándola «a algún caso de corrupción referido a mi familia». «Esas noticias ya salieron publicadas y fueron objeto de ataques sin éxito en la Asamblea de Madrid porque nadie concreto ninguna acusación porque eran meras habladurías», ha subrayado.

Ayuso sospechaba del PP desde diciembre

El presunto espionaje contra la mandataria viene de lejos. Como te contamos en THE OBJECTIVE en exclusiva, ya en diciembre, Díaz Ayuso alertó a Almeida de que alguien del Ayuntamiento de Madrid había iniciado investigaciones contra ella y su entorno para dilucidar las supuestas irregularidades en la concesión de un contrato durante la pandemia a un amigo de la familia.

Sobre esta situación, el alcalde de la capital ha confirmado la exclusiva de este medio y ha afirmado que expulsará del consistorio a todas aquellas personas que se pruebe que han estado implicadas. Eso sí, Almeida, que ha pedido hablar como alcalde y no como portavoz del Partido Popular, ha negado que se haya ordenado este espionaje y ha explicado que el trabajador de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) y el detective que supuestamente estaban implicados en el caso han negado el encuentro en el que se habría organizado el despliegue para espiar a Ayuso.

En las últimas horas se ha conocido que fue Alberto Ruiz Gallardón quien avisó al alcalde de la capital de las investigaciones que se estaban preparando contra la mandataria. Almeida, como ha explicado esta mañana, una vez conoció los hechos inició una investigación interna para esclarecer lo sucedido.

También ha trascendido la principal sospecha que desde Génova 13 sobrevuela a la presidenta de la Comunidad: las presuntas mordidas obtenidas por parte de su hermano y que podrían sumar hasta 260.000 euros. Las acusaciones vertidas desde la dirección popular fueron las que dinamitaron la ruptura entre Ayuso y el partido, llegando a bloquear a varios miembros en WhatsApp.

El supuesto contrato irregular data del 24 de marzo de 2020, justo en el inicio de la primera ola de coronavirus. Se adjudicó a dedo, mediante un procedimiento sin publicidad, para la compra de material de protección -en concreto 250.000 mascarillas- para el pabellón 10 de IFEMA por valor de 1,5 millones de euros, IVA incluido.