Baleares aprueba una Ley de Educación que no incluye el castellano como lengua vehicular

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la primera Ley de Educación de Baleares, sin el consenso de la mayor parte de la oposición en cuestiones como el modelo lingüístico, que ha centrado buena parte del debate, y también con discrepancias respecto a la elección de centro o el tratamiento de la enseñanza concertada.

PP, Cs y Vox han votado en contra de la ley -con abstenciones de Cs en algunos apartados-. En el debate en el pleno se ha aceptado solamente una enmienda del diputado de Formentera.

El texto de la ley finalmente no incluye el castellano como lengua vehicular, un punto que se había introducido en virtud de un acuerdo con el PP durante la tramitación parlamentaria, pero que se ha revocado tras un pacto de última hora cerrado este lunes entre los socios del Govern.

Así, los puntos que recogían la vehicularidad tanto del castellano y del catalán y la posibilidad opcional de utilizar una lengua extranjera como lengua de enseñanza han sido rechazados, con el voto en contra de los partidos del ‘Pacte’ y a favor de PP y Cs. El PSIB ha solicitado votación separada para ello, posibilitando que estos apartados se caigan del dictamen.

El resto del texto de este artículo sobre el modelo lingüístico ha obtenido el voto en contra de PP, Cs, Vox y el diputado Maxo Benalal, y a favor del resto de grupos.

Desde los partidos de la oposición han acusado al PSIB de haber cedido ante las presiones de sus socios mientras que los grupos del ‘Pacte’ este lunes justificaban el cambio en que el PP no había consensuado el modelo completo.

Un 50% de las clases en catalán

Por otro lado, el texto blinda el conocido como ‘decreto de mínimos’, que establece un mínimo del 50% de horas lectivas en catalán y la autonomía de los centros para decidir el resto. Desde la oposición han reprochado al Govern que la ley nazca sin recoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el mínimo del 25 por ciento de horas en castellano en el modelo de Cataluña.

La diputada del PP Margalida Durán ha reprochado a los partidos del ‘Pacte’ la «excusa» que han dado para justificar el cambio en la vehicularidad del castellano, asegurando que el PP comunicó el viernes pasado al conseller que votarían a favor de los puntos enmendados, en contra de dos puntos que consideraban «inconstitucionales» y que se iban a abstener en el resto.

«Pero ustedes decidieron hacer volar por los aires todos los puentes», ha protestado Durán, criticando que la izquierda anunciase este lunes, «sin una llamada previa», que «todo lo negociado no valía nada, que semanas de trabajo quedaban sin efecto». «Al final todo se decidió ayer en un despacho», ha denunciado, instando al PSIB a explicar «por qué hace seguidismo del modelo de Cataluña contrario a la Constitución».

En este sentido, el PP ha advertido al conseller March que «ha fracasado en conseguir que la primera ley de Educación de Baleares sea de consenso y duradera».

Igualmente, desde Cs, Juan Manuel Gómez ha criticado el «juego de trilerismo del PSIB» por «insultar el trabajo parlamentario llegando a acuerdos en despachos únicamente con los socios».

Según el grupo naranja, «ésa es la única voluntad de consenso» que se ha trabajado por parte del ‘Pacte’. Además ha denunciado que el Govern «ha dejado claro que no quiere respetar las sentencias judiciales».

La diputada del PI Lina Pons ha lamentado precisamente que la lengua se haya terminado convirtiendo en «el caballo de batalla durante toda la ponencia» y que se hable de «una ley lingüística y no educativa». El PI, que ha apoyado el artículo sobre el modelo lingüístico, también ha reprochado a los grupos del Govern que no hayan podido conseguir el consenso buscado, y al PP y a Cs que hayan «comprado el mensaje a la ultraderecha».

Por su parte, el portavoz de Vox ha afirmado que «el verdadero objetivo de la ley es blindar el predominio del catalán». «Qué absurdo que en el país original del español no se pueda escolarizar a un niño en español», ha dicho Jorge Campos, que ha prometido derogar esta ley si Vox llega a tener responsabilidades de gobierno.

En las bancadas de la izquierda, MÉS per Mallorca ha criticado los argumentos de la oposición señalando que decir que la norma pone en riesgo el castellano «es como decir que dar ayudas al pequeño comercio pone en peligro a Amazon». Joan Mas ha valorado que con el redactado de la ley «un nuevo TIL no es posible» y ha dicho que el PP «siente nostalgia de la legislatura Bauzá».

Gloria Santiago, de Unidas Podemos, ha afirmado que en el apartado lingüístico la ley es «reflejo de la sociedad balear» porque las dos lenguas son cooficiales. «Quien vea en esto un problema, es que el problema es él», ha dicho, considerando que el decreto de mínimos «es una victoria de la sociedad» y llamando a la «lealtad» porque «los pactos mandan».

Por su lado, el PSIB ha pasado muy brevemente sobre el aspecto lingüístico, limitándose a señalar que la sociedad balear tiene «una cultura y lengua propias que la vertebran y proyectan hacia el mundo» y que se da «categoría de ley a un modelo de consenso». El diputado Carles Bona ha dedicado el resto de su intervención a hacer un repaso general de la ley llamando a «firmar un contrato social por el futuro».

5% del PIB a educación

La ley también fija como objetivo alcanzar una inversión del 5% del PIB en Educación en ocho años; prevé la elaboración de un plan para reducir progresivamente las ratios; pretende extender la educación de la etapa 0 a 3 años, aumentando plazas y haciéndola gratuita con el tiempo; medidas para la equiparación laboral de trabajadores de la concertada y la pública; y fomenta la oferta de FP, entre otros objetivos.

Al margen del aspecto lingüístico, desde la oposición también han criticado cuestiones relativas a la educación para alumnos con necesidades especiales, la elección de centro y el tratamiento de la concertada.

Entre otros apartados, Durán (PP) ha reivindicado reconocer el derecho de los padres a la libertad de elección de centro en todas las etapas educativas, crear una mesa sectorial de la enseñanza de educación especial, y la concertación con centros privados como red complementaria tanto en educación infantil como en FP, entre otros aspectos.

Paralelamente, Gómez (Cs) ha reclamado una zona única frente al «modelo de ingeniería social de Podemos» con escolarización según requisitos de proximidad, lo que «atenta contra la ley de oportunidades».

Gómez también ha considerado que la ley trata a la concertada como «subsidiaria» en lugar de complementaria; ha abogado por permitir que las familias decidan si quieren escolarizar a sus hijos con necesidades especiales en centros ordinarios o de educación especial; y se ha manifestado en contra de la promoción con suspensos porque «no es la solución tapar el fracaso escolar para acabar con él».

Por su parte, los partidos del ‘Pacte’ han reivindicado avances en la ley, si bien Unidas Podemos y MÉS han manifestado que les hubiera gustado una ley educativa «sin religión», «pero el Parlament no es soberano para eso», ha señalado Joan Mas, de MÉS. Unidas Podemos ha defendido una enmienda, que no se ha aceptado, para suprimir las referencias a la religión y «liberar la enseñanza pública de las enseñanzas religiosas», en palabras de la diputada Gloria Santiago.

Unidas Podemos también ha valorado haber incluido en la ley la gratuidad del material escolar para las rentas más bajas y la enseñanza de la memoria democrática.

Desde MÉS per Menorca, el portavoz, Josep Castells, ha valorado algunos avances en la ley, como la mejora de la financiación de las ‘escoletes’ públicas, pero ha lamentado que en general la norma «se queda corta para dejar atrás el modelo educativo del siglo pasado».