La Fiscalía no ve "indicios verosímiles" de delito en el contrato del hermano de Ayuso, aunque lo investigará

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos presentaron el pasado viernes tres denuncias para que la Fiscalía investigue el supuesto «contrato a dedo»

La Fiscalía ha abierto una investigación para dilucidar si hay indicios de delito en el contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha adoptado esta decisión en un decreto «a la vista de que los hechos denunciados» por los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- «pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia».

En lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, autoridad aforada ante el Tribunal Supremo, «los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios», indica el decreto que firma el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

«Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen ‘indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada’”, precisa.

El pasado viernes, al estallar la crisis entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta regional a cuenta de ese contrato, los tres partidos de la Asamblea citados presentaron sendas denuncias de forma individual en la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue esa adjudicación «a dedo» por 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive, que a su vez habría abonado a Tomás Díaz Ayuso 55.000 euros por conseguir mascarillas en China en la primera ola del coronavirus.

Según el decreto, difundido a través del departamento de prensa de la Fiscalía, las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía la la incoación de diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos, y «si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid».

Pese a esa «falta de concreción», Anticorrupción considera «procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».

Así lo acuerda, prosigue, «por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública» y «por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña».

Para ello, expone la Fiscalía, resulta necesaria «la previa incoación de Diligencias de Investigación penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados».

Las denuncias recibidas en Fiscalía, indica el decreto, se refieren a la contratación de emergencia realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado día 1 de abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 5 euros más IVA y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil PRIVIET SPORTIVE, S.L., en la que supuestamente habría intermediado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso.

A las denuncias de los Grupos Socialista y Más Madrid se acompaña copia de la resolución del expediente de contratación, junto a noticias de prensa que se hacen eco de la misma y el “Comunicado de la Presidenta de la Comunidad de Madrid tras las noticias sobre presunto intento de espionaje”, de 17 de febrero de 2022. A la denuncia de Más Madrid se incorporan, además, unos mensajes de texto recibidos en el teléfono de su portavoz, Mónica García, en los que se alerta sobre la posible ilegalidad de esa contratación.

También varias peticiones de comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid de Tomás Díaz Ayuso, del administrador único de PRIVIET SPORTIVE, y del Consejero de Sanidad, presentadas por este Grupo parlamentario en noviembre de 2021 y los correspondientes acuerdos al respecto de la Mesa de la Asamblea de Madrid.

Junto a esto, y tal y como anunció la presidenta regional, este lunes tuvo entrada igualmente en Anticorrupción «diversa documentación remitida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid». Se trata de «la oferta con documentación de las características técnicas del producto; albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma y documento contable ADOK aprobado y diligencia de toma de razón de contabilidad del misma».

Además ha sido aportada la «Memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 del IFEMA del Servicio Madrileño de Salud; anexo a la Memoria; hoja de pedido del 1 de abril de 2020; documento contable RC (retención de crédito) y diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC».

A lo que hay que sumar la «resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14 de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección errores materiales de la anterior resolución; certificado del Secretario General del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2020 y, finalmente, informe del Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2022». EFE

Fuente: EFE