El despacho encargado de la auditoría sobre abusos sexuales en la Iglesia recibe una veintena de denuncias en una semana

El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, encargado de la auditoría sobre abusos sexuales en la Iglesia católica española, ha recibido una veintena de denuncias en la primera semana desde que comenzaron los trabajos.

Según han informado fuentes de la firma legal a Europa Press, «una veintena» de personas se han «puesto en contacto» con el despacho en relación con casos de abusos sexuales en la Iglesia. Además, las mismas fuentes han precisado que están gestionando reuniones con diferentes asociaciones de víctimas.

La auditoría ha sido encargada este mes de febrero por la Iglesia católica al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para investigar los casos de abusos a menores ocurridos en el seno de las instituciones eclesiásticas.

La firma legal ha puesto a disposición de la población un correo elctrónico, ‘[email protected]‘, para que todo aquel que quiera denunciar un caso de abusos en la Iglesia pueda hacerlo.

Según informó la semana pasada el presidente de Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, la auditoría se realizará en el plazo de un año, y quieren trabajar en coordinación con el Defensor del Pueblo.

«Vamos a ir hasta el final. Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia en colaboración con el trabajo de las diócesis», subrayó Cremades, en una rueda de prensa multitudinaria junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

El equipo de expertos que ya está trabajando en la auditoría está formado por 18 profesionales, entre ellos, tres socios de la firma: Santiago Calvo-Sotelo, el exmagistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional Vicente Conde; y el exmagistrado y presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra. También participa la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca.

Además, contarán en el grupo de trabajo con dos socios del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl, encargado de la investigación llevada a cabo en la diócesis de Munich, que cada mes acudirán a Madrid para aportar su propia metodología.

El modelo será «un híbrido» basado en la experiencia de Alemania, de Francia, combinado con el trabajo realizado ya por las oficinas de protección a menores puestas en marcha en todas las diócesis españolas. Si bien, Cremades ha descartado que vayan a realizar «extrapolaciones demoscópicas».

En concreto, investigarán todos los casos «sin límite de tiempo» hacia el pasado, no solo en las diócesis sino también en las órdenes religiosas y en los colegios religiosos.

Además de las denuncias que reciban, para realizar la investigación accederán a todos los listados de afectados de las oficinas puestas en marcha por las diócesis y de los medios de comunicación. El despacho de abogados realizará la auditoría de forma «gratuita», limitándose a repercutir los gastos.

AYUDA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS

«La Conferencia Episcopal quiere dar un paso en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que afectan a la Iglesia española», enfatizó el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, la semana pasada.

El principal objetivo de esta auditoría, según ha precisado, es la «ayuda y reparación a las víctimas» estableciendo «nuevos cauces» de colaboración y denuncia adicionales a los que ya existen en las oficinas de la Iglesia. Además, no descartan indemnizaciones a las víctimas.

También quieren establecer «un cauce de colaboración estrecho y eficiente» con las autoridades «indistintamente de los instrumentos de los que estas se doten para sus propias investigaciones».

Precisamente, en estos momentos, los grupos parlamentarios están en negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la mejor fórmula para investigar los abusos en la Iglesia.

Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu propusieron crear una comisión parlamentaria para investigar estos casos pero, mientras la decisión sobre esta iniciativa se iba posponiendo, el PSOE y el PNV han redactado una iniciativa conjunta, que llevarán a votación el próximo 8 de marzo, para sacar del Congreso la comisión de investigación.