El CGPJ ultima su dictamen sobre la polémica 'ley trans' después de dos varapalos al Gobierno

El dictamen sobre el anteproyecto de la ley trans está ya «en la parrilla de salida». El gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ultima su análisis. La propuesta de informe podría llegar al pleno a finales de marzo, según explican fuentes del órgano de gobierno de los jueces a THE OBJECTIVE. Será el próximo en ver la luz, tras los recientes varapalos propinados al Ejecutivo por la ley de Vivienda y la ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Las plataformas LGTBI y trans temen que se agote la legislatura y el proyecto quede aparcado, como ya sucedió en 2019. 

Hace ya nueve meses que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto. Lo hizo el 29 de junio, en plena semana del Orgullo LGTBI. Después de que una veintena de organizaciones, comunidades autónomas y los ministerios hicieran sus aportaciones al texto, se envió en noviembre al Ministerio de Justicia, encargado de remitirlo al CGPJ, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado para someterlo a evaluación.

Celeridad para la ‘ley trans’

El dictamen del órgano de gobierno de los jueces no es vinculante y se enmarca en su «función consultiva». Tendrá como ponentes a los vocales Wenceslao Olea, Ángeles Carmona, María Victoria Cinto y Clara Martínez de Careaga. Dos de tendencia conservadora y otros dos pertenecientes a la corriente progresista. Una vez que los ponentes terminen de redactar su propuesta, el texto será sometido a análisis y votación en el pleno del CGPJ, que se reúne el último jueves de cada mes de forma ordinaria.

Además del CGPJ, el Consejo Fiscal y al Consejo de Estado emitirán sendos dictamenes sobre la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Después de recibir los tres documentos, el Gobierno estudiará hacer modificaciones al anteproyecto antes de enviarlo a las Cortes. De momento, ninguno ha emitido su análisis. Los colectivos trans piden celeridad ante el aumento de agresiones y «la amenaza de la ultraderecha».

El nuevo texto modifica la norma aprobada en 2007. Incluye la libre determinación de género, lo que permite cambiar de nombre y de sexo con la voluntad como único requisito. Ya no serían necesarios informes médicos ni años de hormonación, algo que ya sucede en 16 países. El asunto es especialmente controvertido entre los menores. Un juez tendrá que avalar la madurez de los niños de 12 a 14 años, mientras que los adolescente de entre 14 y 16 años solo necesitan ser respaldados por sus padres. Otro punto clave es el proceso de reversión, que deberá hacerse ante un juez pasados seis meses para evitar cualquier fraude de ley.

El anteproyecto ha soliviantado a buena parte del movimiento feminista. El texto dividió a los socios de Gobierno, motivo por el cual se retrasó su aprobación en el Consejo de Ministros. El cisma acabó con la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo del Ejecutivo en julio. La socialista estaba en contra de incluir la libre elección de género. La comunidad trans la acusó de estigmatizarles mientras que el departamento de Montero afirmó que «apenas hay diferencias» entre ese borrador y la propuesta impulsada por el PSOE en 2019.

Aumento de las agresiones

«Las circunstancias son de extrema gravedad. Ni en el peor tiempo de la dictadura hubo tanta violencia. Asistimos a una involución», lamenta Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans. En su opinión, no existe voluntad política: «La ley de Educación la aprobaron en solo dos meses». La activista teme que se agote la legislatura y no haya ley. Apremia a apurar los plazos porque «es una cuestión de vital importancia», ya que «las agresiones han aumentado un 40%».

El Ejecutivo reconoce la dilatación, pero afirma que también sucede con otras leyes, por lo que no valora tramitarla por vía de urgencia. Cambrollé cree que es una respuesta «frívola» ya que «el contexto social justifica el trámite de urgencia». La activista sostiene que las agresiones que sufre el colectivo no son solo físicas, también hay vejaciones y humillaciones que «quedan impunes». Teme que «el ascenso de la ultraderecha» les deje sin ley, ya que la normativa de las comunidades autónomas no permite cambiar el género.

«Hay un evidente retraso en el informe del CGPJ, pero estamos en tiempo. Solo cuando hay dictamen pasa al siguiente organismo, y eso demora el proceso», admite Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtbi+). No obstante, su organización demanda mayor celeridad «porque necesitamos ya la ley». Sangil explica que hace tres semanas se reunieron con el Ministerio de Justicia, que estaba de acuerdo en acortar plazos, aunque «no podía hacer nada».

La Felgtbi+ tiene pendiente reunirse con Igualdad y con el órgano de los jueces, que no han respondido a su solicitud.  Tampoco a la de la plataforma que lidera Cambrollé. Las organizaciones no solo están molestas con el retraso, también creen que será difícil aprobar la ley trans antes de la próxima semana del Orgullo, que se celebra a finales de junio, tal y como pretende el Gobierno.

Dos varapalos al Gobierno

En sus dos últimos plenos, el CGPJ emitió informes bastante críticos con otros dos anteproyectos de ley impulsados por Moncloa. El primero de ellos, la ley de Vivienda, fue aprobado por el Consejo de Ministros a pesar de las duras críticas emitidas en el dictamen el órgano de gobierno de los jueces. Este advertía de la posible inconstitucionalidad de las disposiciones referentes a la limitación del precio de los arrendamientos en las zonas tensionadas de alquiler.  

El último varapalo de este organismo se produjo la semana pasada, en el informe aprobado por unanimidad sobre el anteproyecto de la ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Los vocales del CGPJ alertaban que esta ley contribuye al «progresivo desapoderamiento» del Poder Judicial y «difumina» sus funciones en favor del poder Ejecutivo.