La fiscal de la UE que reclama el caso del hermano de Ayuso dirigió 'Gürtel' con Garzón
María Concepción Sabadell fue propuesta hace dos años por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, como representante de España en la Fiscalía Europea
Baltasar Garzón. | Europa Press
La fiscal europea que ha reclamado documentación sobre la investigación por el contrato de las mascarillas del hermano de la presidente a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirigió la acusación del caso Gürtel y fue denunciada -pero no imputada- por las escuchas ilegales que provocaron la inhabilitación del exjuez Baltasar Garzón, según han confirmado fuentes fiscales a THE OBJECTIVE.
María Concepción Sabadell fue propuesta hace dos años por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, como representante de España en la Fiscalía Europea, organismo creado en 2021. Antes, trabajó como fiscal Anticorrupción. Cuando estaba en ese cargo participó en la instrucción de la trama Gürtel junto a la también representante del Ministerio Público Myriam Segura. El abogado Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional, denunció en el año 2010 a ambas y al exjuez Baltasar Garzón por prevaricación como consecuencia de las escuchas grabadas en prisión entre dos cabecillas de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo.
Peláez, abogado de otro de los acusados por la trama corrupta por la que el PP acabó siendo condenado como partícipe a título lucrativo, acusaba a Sabadell y Segura de haber retirado una prueba que, según su versión, exculparía al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, del delito de cohecho impropio. Se trataba, precisamente, de una conversación intervenida en un locutorio de la prisión de Soto del Real el 6 de marzo de 2009, en la que Peláez hablaba con el número dos de Gürtel, Pablo Crespo, de los regalos de Orange Market a Camps.
El Tribunal Supremo rechazó imputar a Sabadell y Segura, pero Baltasar Garzón acabó siendo inhabilitado como consecuencia de las denuncias de Peláez. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal no vio indicios de delito de que las fiscales Concepción Sabadell y Myriam Segura hubieran cometido un delito de prevaricación. Ambas vivieron juntas las primeras detenciones cuando estalló el caso Gürtel en febrero de 2009, y también las primeras imputaciones acordadas por el exjuez Garzón. El PP intentó en reiteradas ocasiones apartarlas del caso, acusándolas de responder a las órdenes del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
La fiscal que reclama el caso del hermano de Ayuso
Nombrada en julio de 2020 como representante de España en la Fiscalía Europea, Sabadell ha solicitado ahora a la Fiscalía Anticorrupción acceso a la documentación del contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas en el comienzo de la pandemia a una empresa para Priviet Sportive SL, para la que trabajaba Tomás Díaz Ayuso, según ha avanzado el diario El Mundo y ha podido confirmar este medio.
La intención de la ahora fiscal europea es investigar un posible delito de malversación de fondos comunitarios. Esto, a pesar de que el contrato fue adjudicado en abril de 2020, meses antes de que Bruselas aprobase los fondos Next Generation UE en el verano de aquel año. Las fuentes fiscales consultadas indican que Anticorrupción ante esa petición no puede negarse a enviar la documentación recabada, a pesar de que advierten de que no ven que haya habido malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.
Sin embargo, Anticorrupción se ha opuesto a que la Fiscalía European asuma la totalidad de las pesquisas. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, firmó el pasado 23 de febrero un decreto para abrir diligencias preprocesales sobre el contrato del que se benefició el hermano de Ayuso al entender que resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas.
Conflicto de competencias
Ante este choque de criterios, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha planteado un conflicto de competencia a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que deberá resolver en los próximos días qué organismo debe investigar la adjudicación del contrato de la Comunidad de Madrid que afecta a Tomás Díaz Ayuso, según El Mundo.
Lo que desde Anticorrupción no enviarán a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.
En el decreto de incoación diligencias de investigación penal, la Fiscalía Anticorrupción advirtió que los hechos denunciados por el momento no constituyen «indicios razonablemente verosímiles» para atribuir algún delito a la presidenta madrileña, que al ser aforada solo podría ser investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Concepción Sabadell fue la encargada de defender el informe fiscal en el juicio del caso de corrupción política Gürtel y la acusación contra los 37 procesados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, que fue condenado a 33 años y 4 meses de cárcel por la Audiencia Nacional.
