Marlaska equipara la palabra de los presos con la de los funcionarios de prisiones
El Congreso avanza en la tramitación de la reforma que dará estatus de autoridad a los trabajadores públicos mientras Interior avala la presunción de veracidad de los presos si denuncian una agresión
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Efe
La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso respaldó el pasado martes la tramitación de la proposición de ley del PSOE para reconocer a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Una demanda casi histórica de este colectivo profesional que los sitúa al mismo nivel que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los presos.
En otras palabras, si esta medida sale adelante, la agresión de un interno a un funcionario será considerada un atentado contra la autoridad —delito castigado con penas de prisión— y no una sanción administrativa como ocurría hasta ahora. Y no solo eso, sino que este estatus jurídico conferirá a los vigilantes de las prisiones el principio de veracidad en la tramitación de partes e informes disciplinarios para sancionar directamente a los reclusos.
Esta iniciativa, sin embargo, abre un nuevo conflicto en los centros penitenciarios, según denuncian los sindicatos de prisiones. Pese a que las organizaciones de funcionarios han valorado positivamente la toma en consideración por parte de los miembros de la Cámara Baja, critican «la incongruencia» del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias respecto a esta reforma legal penitenciaria.
«Paradoja»
Los sindicatos basan su enfado en «una paradoja» y es que, mientras desde estos departamentos «les prometen ser considerados agentes de la autoridad, sacan instrucciones que criminalizan, estigmatizan y dificultan su trabajo», censura Rafael Paniza, portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), en conversación con THE OBJECTIVE.
Con esta afirmación, el funcionario hace referencia a la instrucción que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska envió en marzo del pasado año a las direcciones de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Una directriz, todavía vigente, que obliga a informar al juzgado de cualquier denuncia de un interno que afirme que ha sido agredido por un funcionario, haya o no parte de lesiones. Orden que en cierto modo da presunción de veracidad al preso ante una posible agresión y que, al mismo tiempo, colisionaría con esa autoridad respecto a las sanciones que obtendrá el trabajador penitenciario.
¿Retirará el Gobierno esa orden?
Por un lado, como reza la circular, con esta disposición los Servicios Centrales pretenden controlar los abusos que puedan producirse por parte de los funcionarios hacia las personas privadas de libertad. Pero por otro, denuncian los sindicatos, la instrucción «echa por tierra el trabajo de los funcionarios» y otorga «más veracidad al preso» que al propio empleado penitenciario.
Esta controversia ha llegado este jueves a la Cámara Alta, donde la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Interior del Sanado, María Ponce, ha registrado una iniciativa parlamentaria para solicitar al Gobierno la retirada de la orden de Interior. «Tras la tras aprobación en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la Proposición de Ley para reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, el Gobierno debería dar un paso más en este sentido», ha explicado Ponce.
La senadora de la formación liberal ha señalado que «si el Gobierno tiene una voluntad real de que nuestros funcionarios sean agentes de la autoridad, debería eliminar esta directriz» que ha sido «lesiva y no ha frenado precisamente las agresiones a nuestros funcionarios de prisiones».
Una agresión cada 36 horas
Cada 36 horas se produce al menos una agresión contra un funcionario de una de las 65 cárceles gestionadas por el Gobierno central. Según se desgrana de las estadísticas anuales que recaba la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, en la última década [2011-2021] estos trabajadores han sufrido un total de 2.913 agresiones, lo que les convierte en el colectivo profesional de la Administración Pública que más ataques soporta al año.
Pese a que son elevados, estos datos no reflejan el número real de todas las dificultades a las que se han enfrentado estos funcionarios en los últimos 10 años. En 2017, Instituciones Penitenciarias, bajo el mando del ex secretario general Ángel Yuste, aprobó el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios. Un documento que, según critican los sindicatos, puso trabas a la cuantificación exacta de los ataques a funcionarios. En concreto, limitó estos a aquellos que solo supusieran una lesión física al trabajador penitenciario.
Lo sindicatos de prisiones llevan varios años reclamando este reconocimiento porque lo consideran una medida disuasoria frente a posibles ataques de presos y una vía para reducir la violencia en las cárceles. Manuel Galisteo, portavoz del sindicato TAMPM, sostiene que los presos se «sienten impunes» porque episodios como el del intento de motín de la cárcel de las Palmas II «solo se dilucidan con un procedimiento disciplinario liviano en vez de perseguirse de oficio por los propios mandos con penas de prisión». Una situación que, de aprobarse finalmente la reforma, cambiaría para estos trabajadores.
