La contradicción del PP con las mascarillas: Andalucía pide mantenerlas, Madrid eliminarlas

El uso de las mascarillas divide a las comunidades autónomas. El caso más significativo lo protagonizan dos regiones gobernadas por el PP. Mientras Madrid lleva semanas pidiendo que se eliminen los cubrebocas en interiores, Andalucía ha pedido mantenerlos «unos meses más». El Gobierno aboga por una solución intermedia. Aprobará un calendario gradual para retirarlos, aunque tras la Semana Santa, como ya adelantó THE OBJECTIVE. El asunto se tratará este miércoles en el Consejo Interterritorial.

La Ponencia de Alertas cuenta ya con un borrador para que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores tras la Semana Santa. Sin embargo, quedan algunos flecos por cerrar. Los técnicos coinciden en que, en una primera fase, la prenda debe seguir usándose en los centros sanitarios, residencias y transporte público. También hay consenso en que desaparezcan en las escuelas, comenzando por los más pequeños, pero no está claro si deben mantenerse en espacios laborales. Sea como sea, los expertos solicitan levantar las restricciones «despacio».

Mascarillas solo en tres lugares

Algunas regiones llevan semanas pidiendo acabar con los cubrebocas en interiores. El 31 de marzo, la Ponencia de Alertas debatió un documento para aprobar su retirada antes de Semana Santa, pero los técnicos de las comunidades votaron en contra. Salvo Madrid, que lo hizo a favor. Aunque, eso sí, no en todos los espacios: dejaba al margen hospitales, centros sociosanitarios y transportes públicos. 

Es la misma posición que va a mantener este miércoles en el Consejo Interterritorial, que reúne en Toledo al Ministerio de Sanidad con los consejeros autonómicos del ramo. La posición de Madrid contrasta con otra región gobernada por el PP, Andalucía. El presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidió el lunes seguir utilizando las mascarillas en espacios cerrados «unos meses más» ante el repunte de contagios en su comunidad y «la enorme concentración de personas» que tendrá lugar en la Semana Santa y en la Feria de Abril en Sevilla.

«Hay que ser prudentes», advirtió Moreno Bonilla para desesperación de aquellos territorios que desean una retirada inminente. Las regiones reconocen que la decisión será «política» y que no se tomará en la Interterritorial de este miércoles ni en una Comisión de Salud Pública porque «nunca ha sido así». Varias regiones reconocen a este diario que la retirada tendrá lugar tras la Semana Santa de forma gradual y que será un Consejo de Ministros quien lo decrete, «como ha sido hasta ahora».

Las miradas estaban puestas en la Comisión de Salud Pública de este martes. El organismo integrado por los delegados de las regiones tenía previsto debatir cómo y cuándo acabar con las mascarillas, pero ni siquiera se ha pronunciado sobre la Ponencia de Alertas. Quizás ese sea el motivo por el que Cataluña ha amenazado con eliminar la obligatoriedad del cubrebocas en los colegios de manera unilateral antes de Semana Santa, tal y como apoyan los pediatras. Un portavoz de la Generalitat asegura que hace semanas que mantienen esa postura «comenzando por los niños más pequeños y siguiendo con los de mayor edad».

Cataluña alza la voz

Una postura que volverá a poner sobre la mesa este miércoles en la Interterritorial, aunque el asunto no está en el orden del día. Cataluña y Madrid suponen la avanzadilla. En el otro extremo están Andalucía, País Vasco y Galicia, que quieren demorar el fin de las mascarillas en interiores. «Yo creo que es pronto todavía. Si en el entorno de la Semana Santa puede darse ese paso, Galicia no se opondrá», afirmó hace unos días Julio García Comesaña, consejero de Sanidad gallego. 

La mayoría de las regiones prefieren ir más despacio, como aconsejan los técnicos de la Ponencia de Alertas y defiende la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que afirma que «vamos a ir paso a paso, tomando medidas desde la prudencia, desde la progresividad y desde la gradualidad». Murcia considera que es el Consejo Interterritorial el que debe analizar y consensuar el asunto. «La mascarilla es importante, ha protegido frente al contagio y en el interior es imprescindible», sostiene un portavoz de la región gobernada por Fernando López Miras.

En esa línea se encuentra Navarra, que considera que la retirada del cubrebocas debe ser «progresiva» y «respetando los entornos vulnerables y a las personas vulnerables», reconoce la consejera Santos Induráin. El momento ideal para ello, afirma, sería después de la Semana Santa, aunque reconoce que la situación epidemiológica y sanitaria son positivas. La incidencia acumulada en España en mayores de 60 años está en 426 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, según los últimos datos revelados este martes por Sanidad. En la última semana se han registrado 150 muertes.

En tierra de nadie también se encuentra Extremadura. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, sostiene que la decisión deben de tomarla los técnicos. A título «muy personal», considera que no debería correr en exceso porque «se lleva poco tiempo con la nueva métrica sobre la pandemia, aunque por ahora no está suponiendo un incremento de enfermedad grave». Las consejerías de Baleares y Cantabria prefieren no pronunciarse hasta conocer la Ponencia de Alertas mientras que Asturias y Castilla-La Mancha acuden a la Interterritorial sin una posición determinada.

Dos años con cubrebocas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el 6 de marzo que el final de las mascarillas en interiores llegaría «muy pronto». Un mes después aún no ha llegado ese momento, como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno. En España, el uso de los cubrebocas se impuso hace casi dos años. El 20 de mayo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Sanidad que conminaba a llevarlas en cualquier espacio público. Hasta entonces, debido a su escasez y a que no estaba claro cómo se transmitía el virus, el Ejecutivo descartó su uso. 

Las mascarillas dejaron de ser obligatorias en exteriores en la primavera del año pasado. La explosión de contagios en Navidad por la variante ómicron llevó de nuevo al Gobierno a regular su uso obligatorio al aire libre. La restricción acabó el 10 de febrero, un día después de la accidentada votación de la reforma laboral y sin contar con asesoramiento técnico. Sucedió la misma semana en la que el Congreso había avalado su imposición a través de una triquiñuela parlamentaria que metió en el mismo paquete la subida de las pensiones mínimas y el uso obligatorio de los cubrebocas en exteriores.