Un juez investigará las comisiones en contratos sanitarios con el Ayuntamiento de Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, a quienes, según el escrito formulado por el Ministerio Público, se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa gravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020 con el Ayuntamiento de Madrid.

En próximas fechas, y entre otras diligencias que se acordarán en el marco de la instrucción, el magistrado tomará declaración a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos. Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento. El Consistorio, por su parte, ya ha avanzado que se personará en la causa como perjudicado en la presunta estafa, según dijo ayer el primer edil, Jose Luis Martínez Almeida.

La Fiscalía Anticorrupción presentó la querella este miércoles  contra los empresarios Luis Medina, hijo de la Naty Abascal, y Alberto Luceño Cerón por cobrar comisiones millonarias al «inflar» el precio de la compra de material sanitario, que costó 10,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Medina se habría beneficiado de una comisión de un millón de euros, mientras que su socio elevó presuntamente las mordidas a 4 millones de euros. Ambos destinaron lo ganado, según la Fiscalía, a la compra de vehículos e inmuebles de lujo.

El escrito judicial tiene su origen en las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía el 19 de noviembre de 2020. El relato arranca el 20 de marzo de 2020 cuando el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. por el que esta se comprometía a garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad para el personal del Consistorio, organismos autónomos y empresas dependientes.

En torno a esa fecha, Alberto Luceño y Luis Medina «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China».

El primo del alcalde

Según el relato de la Fiscalía, Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», el abogado Carlos Martínez-Almeida, quien le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.

El Ayuntamiento de Madrid ha negado, sin embargo, que un familiar del alcalde José Luis Martínez-Almeida conozca al empresario Luis Medina, tal y como recoge la querella abierta por la Fiscalía Anticorrupción.

Según el Ministerio Público, la coordinadora era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Y, desde ese momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».

Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. «En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», subraya el escrito de la Fiscalía.

Tres contratos

Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid –como compradora– y la compañía malaya EEE –como vendedora para adquirir material sanitario–. Según detalla la querella, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa EEE y él, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total –915.000 euros–).

«De esto se infiere que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares –2.460.647,16 euros– y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 de dólares; es decir, el 148% del precio real del producto», recoge e escrito.

En el caso de los guantes de nitrilo, Alberto Luceño había asegurado al cargo del Ayuntamiento que se trataba de «guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo». Sin embargo, los guantes que se recibieron el 8 de abril de 2020 eran guantes de «ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca«.

También en este caso se había pactado una comisión igual para ambos querellados, por la que se obtendrían 4 millones de dólares en comisiones (el 426% del precio real del producto), y a las que los querellados renunciaron para «intentar contentar al Ayuntamiento de Madrid», visto el fracaso de la operación y ante las quejas de la mala calidad de los guantes. En la misma línea, se pactaron comisiones de unos dos millones de dólares por la compra de test rápidos, pero «la mayoría de las pruebas que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosas».

De los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable(94%); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80%, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7%, por lo que la persona del Ayuntamiento contactó con Alberto Luceño para que al menos ese lote se devolviera al vendedor y se recuperara el precio pagado por dicho lote.

«Alberto Luceño contestó que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el precio, pero sí a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test. Sin embargo, no consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test», señala la querella.

Un coste de 10,8 millones al ayuntamiento

La querella señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo «un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas».

También recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad «muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas».

Además, recibió 250.000 test Covid-19, de los que casi una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7%), y otra parte importante (115.000) eran, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80 %).