Las víctimas del franquismo piden al Gobierno que investigue las fosas como hará en Ucrania
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica registra una solicitud para que un equipo especial busque a los desaparecidos de la dictadura
Exhumación de la fosa de Joarilla de las Matas (León), en 2013. | ARMH
«España quiere ser campeón de los derechos humanos fuera cuando no lo es en casa». La decisión del Gobierno de enviar un equipo especial para investigar crímenes de guerra en Ucrania ha soliviantado a Emilio Silva. La organización que preside, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha registrado este lunes una solicitud para que el Ejecutivo también investigue las desapariciones forzadas y recupere los cuerpos que siguen en fosas desde la Guerra Civil.
Tras la visita de Pedro Sánchez a Kiev, el Gobierno anunció su decisión de enviar un Equipo Policial de Apoyo (EPA) para investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad provocados por la invasión de Rusia. En Mariupol, al sureste de Ucrania, se han descubierto enterramientos que pueden albergar hasta 10.000 cadáveres. El despliegue, que ha sido creado por una instrucción del secretario de Estado de Seguridad, estará integrado al menos por ocho efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Asesinados por el franquismo
La ARMH acusa al Ejecutivo de doble moral al dejar «en la cuneta a las familias de los miles de desaparecidos por la violencia franquista». Para paliarlo, ha registrado una solicitud ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática, para pedir que los agentes intervengan en la investigación de los desaparecidos por el franquismo, que la asociación cifra en más de 114.000 personas.
La organización también solicita que los expertos ayuden en la búsqueda de los represaliados. Para eso pide que el Gobierno redacte la instrucción pertinente, como ha hecho para desplegar los expertos en Ucrania, y ponga en marcha las actuaciones «con carácter de urgencia». «Hay miles de familias en España que llevan acumuladas décadas de sufrimiento esperando que un gobierno democrático garantice sus derechos», insiste el documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La expedición con agentes españoles partirá a Ucrania en los próximos días, según ha informado el Ministerio del Interior. El equipo estará integrado por unidades de Policía Científica, Judicial y de Investigación, así como de especialistas en desactivación de explosivos y técnicos en incidentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos (unidades NRBQ). Su misión será rastrear si Rusia ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la invasión.
«Es denigrante para las víctimas ver cómo otros casos son prioridad para el Gobierno cuando estas familias llevan esperando 45 años de democracia. ¿Por qué esa policía no va a las fosas?», insiste Silva. En su opinión, en España ya existe «una discriminación entre las víctimas del terrorismo y las del franquismo, que deberían doler igual al Estado». El presidente de la ARMH sostiene que «no puede ser que unas tengan todos los derechos y otras no».
Sin censo de desaparecidos
La ARMH se creó en 2000 con el objetivo de localizar, excavar e identificar a las víctimas asesinadas por el franquismo. Los trabajos, realizados por voluntarios, comenzaron mucho antes de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara la ley de Memoria Histórica en 2007. Durante dos décadas, la organización ha excavado más de un centenar de las casi 3.000 fosas que existen en nuestro país, todas ellas sin ayudas públicas.
El Gobierno mantiene su compromiso de asumir la búsqueda de los desaparecidos, pero aún no dispone de un censo oficial de víctimas ni de un mapa de fosas actualizados. Las cifras que maneja son estimaciones procedentes de asociaciones como la ARMH. La intención de la futura ley de Memoria Democrática es elaborarlos e incluir un banco de ADN de familiares. El proyecto está congelado en el Congreso hasta que el PSOE consiga el máximo consenso para aprobarla.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto a finales de julio y el texto superó las enmiendas a la totalidad que registraron PP, Vox y ERC en octubre. Los de Oriol Junqueras, que ya votaron en contra de la vigente ley de Memoria Histórica en 2007, consideran que la nueva normativa es insuficiente. Su intención, como la de Unidas Podemos, es derogar la ley de Amnistía de 1977 para que los crímenes del franquismo se consideren de lesa humanidad y sean «imprescriptibles y no amnistiables».
Una partida de 11,8 millones
«Hace dos meses exhumamos una fosa en Villadangos del Páramo (León). Las familias habían estado años chocando con muros de silencio, preguntando aquí, preguntando allá, buscando en archivos… ¿por qué ese trabajo no lo hace la policía que sabe investigar y a la que pagamos todos con nuestros impuestos?», se pregunta Silva. En el cementerio de esta localidad de apenas mil habitantes fueron enterradas 71 personas asesinadas «por pistoleros fascistas». La ARMH ha logrado recuperar 10 cuerpos. El resto está bajo los nichos del camposanto.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplan una partida de 11,8 millones de euros, medio más que el año anterior, para las políticas de memoria histórica. La mitad de esa cantidad servirá para buscar, exhumar e identificar a las víctimas. La previsión es localizar hasta 1.000 cuerpos y que se exhumen 800. El año pasado se presupuestó la localización de 300 personas y se encontraron 700. Se realizaron unas 450 exhumaciones, el triple de lo previsto.
Hace unos días, la ARMH acusó al Gobierno de utilizar las fosas comunes «para formar forenses, como si fueran de su propiedad». La entidad memorialista se quejaba de la poca implicación del Estado en la exhumación de las víctimas y arremetía contra el Centro de Estudios Jurídicos, adscrito al Ministerio de Justicia, que organizó un curso práctico de antropología para profesionales en la fosa de Nigüelas (Granada).
