Un informe denuncia que Rusia pagó a ONG europeas para frenar la producción de gas
El Gobierno ruso financió con 82 millones de euros a distintas organizaciones para que la UE continuara dependiendo de sus combustibles fósiles
Vladimir Putin durante una videoconferencia para conocer la situación del gas ruso. | Mikhail Klimentyev (Zuma Press)
Los tentáculos de Vladimir Putin son alargados. Un informe denuncia que Rusia financió con 82 millones de euros a ONG europeas que trataban de persuadir a los gobiernos de la Unión Europea (UE) para que detuvieran la exploración y producción de gas en el continente. Unos proyectos que hubiesen perjudicado a la economía rusa, según revela un estudio del Centro de Estudios Europeos Wilfried Martens, vinculado al Partido Popular Europeo (PPE).
El documento, publicado en 2020, analiza las organizaciones que operan en Europa financiadas por Rusia, ya sea de manera oficial o extraoficial. Entre ellas hay grupos de expertos y organizaciones no gubernamentales (ONG), pero también organizaciones no gubernamentales creadas por el Gobierno ruso (ONGGO). El estudio indica que el número y las actividades de estas entidades ha aumentado en los últimos años con la intención de «cambiar la opinión pública europea».
Rusia trata de «desestabilizar»
Estas organizaciones responden a una estrategia de poder blando, término acuñado por el politólogo estadounidense Joseph Nye en los 80 y que desarrolló posteriormente Aleksandr Dugin en Rusia. El objetivo es «desestabilizar» a Occidente. «Se oponen a la democracia y los derechos humanos, ofrecen valores tradicionales y un líder fuerte y promueven la narrativa de que EEUU es un enemigo común para Rusia y para Europa», insiste el estudio, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Un método que ha sido denunciado por el Parlamento Europeo, que ha elaborado su propio informe sobre desinformación e injerencias extranjeras en los procesos democráticos de la UE. El texto hace referencia, entre otros asuntos, a «contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes». Además, acusa a Putin de financiar a «partidos de extrema derecha» en Europa.
El documento fue elaborado por cuatro especialistas y revela una amplia gama de métodos e instituciones que utiliza el Gobierno ruso para influir en la toma de decisiones en la UE. Las organizaciones tienen objetivos muy diferentes, desde difundir la cultura de Rusia en Europa hasta promover la estrategia de Putin. Según el informe, estas entidades están supervisadas por figuras de alto nivel político, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov.
Algunas de estas organizaciones, como Russkiy Mir Foundation o Rossotrudnichestvo, tienen sede en Moscú, pero cuentan con numerosas sucursales en la UE. Una de las fórmulas que utilizan es fomentar la alienación de los rusoparlantes que viven en los países cercanos. También difunden «información falsa» a través de medios de comunicación como ruvek.ru o Sputnik.
Instrumentos de poder blando
El Gobierno ruso también financia a grupos de expertos europeos que intentan influir en la política de los Veintisiete. El estudio realizado por el Centro de Estudios Europeos Wilfried Martens estima que Rusia dedica unos 55 millones de euros cada año a estos menesteres. La cifra es parcial, ya que los ponentes reconocen que la cantidad real no se puede verificar porque la información proviene de lo que relatan políticos rusos y los líderes de las organizaciones.
El informe subraya que, en comparación con la financiación de instrumentos de poder blando de otros países europeos, «55 millones de euros es una suma bastante pequeña». A continuación, revela que el British Council, una organización educativa del Reino Unido en el extranjero, recibe casi 210 millones del gobierno y que el Instituto Goethe, ente alemán para difundir la cultura y el idioma, recibió 213 millones del Ministerio de Exteriores solo en 2014.
Una de las corrientes de financiación rusa llega a través de sus empresas estatales y sus filiales, como Gazprom o Lukoil. El informe revela que hay «varios ejemplos de financiación procedente de compañías petroleras con fuertes vínculos con el Kremlin». El documento afirma que existen sospechas, hasta ahora no confirmadas, «de que la campaña presidencial de Miloš Zeman en 2013 fue financiada por Lukoil». Zeman preside la República Checa desde entonces.
El informe cita como garganta profunda a un entrevistado anónimo, que asegura que la extracción de gas en la UE perjudicaría a Rusia debido a su dependencia financiera de este combustible fósil. Por eso el gobierno ruso habría invertido 82 millones de euros para financiar ONG europeas que pudieran persuadir a los gobiernos de la UE de que detuviesen estos proyectos de exploración y extracción de gas en el continente. No obstante, no menciona durante cuántos años ni los nombres de esas organizaciones.
El gas ruso financia la guerra
Rusia es uno de los principales proveedores mundiales de hidrocarburos, principalmente de gas. Putin lo utiliza como medida de presión. Más del 40% del suministro de la UE proviene de Rusia. En España, la dependencia es mucho menor, apenas del 8,9% el año pasado, aunque en 2020 supuso un 10,43%. Varios países de la UE y un buen número de eurodiputados piden dejar de comprarle petróleo y gas. Entre ellos Luis Garicano, que cifra en 38.000 millones el montante que ha desembolsado Europa desde que comenzó la invasión a Ucrania.
Un dinero que, según el representante de Ciudadanos en la Eurocámara y sus colegas, sirve para que Rusia financie la guerra, lo que está «decantando la balanza». El jefe de la diplomacia europea, el socialista Josep Borrell, ha dejado abierta la posibilidad de imponer nuevas sanciones al Gobierno de Putin, entre las que podría incluirse limitar la compra de combustibles. No obstante, no se ha atrevido a dar una fecha porque «no hay ninguna propuesta sobre la mesa».
En una entrevista con El País la semana pasada, Borrell afirmó que la decisión pertenece al Consejo Europeo, el órgano que reúne a los líderes de los Veintisiete. Reconoce que hay países que vetarán las sanciones. Aunque no lo cita, entre ellos estaría la Hungría de Viktor Orbán. No obstante, el Alto Representante de la UE para la Política Exterior afirma que los países pueden actuar por separado y «de forma voluntaria».
El Centro de Estudios Europeos Wilfried Martens recomienda en su informe fomentar la narrativa propia de la UE basada en los derechos humanos, la libertad y la igualdad. También pide aumentar los requisitos de transparencia para las ONG y los grupos de presión y «hacer más esfuerzos para difundir las actividades de desinformación rusas». Conclusiones similares a las que llegó la Eurocámara en marzo, cuando votó a favor de investigar las conexiones entre Moscú y diferentes entidades europeas.
Por el momento, parece que la jugada no le ha salido mal a Rusia. La Comisión Europea presentó el 31 de diciembre su propuesta de taxonomía, que incluía al gas y a la energía nuclear como combustibles verdes, en contra del criterio de los expertos. Esta clasificación ayudará a las empresas a captar inversiones privadas. Europa considera vitales estas fuentes para descarbonizar la producción energética y cumplir el objetivo de reducir a cero las emisiones de carbono en 2050, tal y como fija el Pacto Verde de la UE.
