Las ONG piden que la ley de Igualdad de Trato prohíba ordenanzas que inciten 'odiar' al pobre

El antigitanismo será un delito de odio específico. El Congreso aprobó el jueves una enmienda a la ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación que conllevará una reforma del Código Penal. Aunque la nueva normativa incluye el delito de aporofobia, las ONG que trabajan con personas sin hogar piden dar un paso más. Van a solicitar a todos los grupos políticos del Senado que incorporen una enmienda para prohibir las ordenanzas municipales que inciten ‘odiar’ al pobre, como la que aprobó Alicante en febrero.

El término aporofobia fue acuñado por la filósofa Adela Cortina en 1995 para referirse al «rechazo, aversión, y desprecio hacia el pobre». La catedrática de Ética de la Universidad de Valencia sostiene que esta «patología social» se manifiesta en una doble actitud: una tendencia a tomar partido por los mejor situados y una propensión a ignorar a los más vulnerables. La aporofobia tiene componentes de discriminación y clasismo, aunque es mucho más profunda.

«Que asco me das»

En España existen 33.275 personas en situación de sinhogarismo, según la Estrategia Nacional para Personas Sin Hogar 2015-2020. El Observatorio de Delitos de Odio HATEnto advierte de que el 47% ha sufrido un delito de odio y una de cada cinco ha sido agredida físicamente. Freddy, de 53 años, apenas llevaba tres meses viviendo en la calle cuando le dijeron «que asco me das». Su único crimen fue perder el trabajo con el que pagaba el alquiler. Aquellas palabras le generaron una profunda vergüenza y un enorme sentimiento de culpabilidad.

No todas las personas que viven en la calle han sufrido un delito de odio, pero todas tienen miedo a sufrirlo. Esta discriminación que viven a diario puede derivar en violencia por aporofobia si no se combate. El Observatorio HATEnto revela que el 87% de las agresiones nunca se denuncian. Hogar Sí, que lleva trabajando desde 1998 para conseguir que ninguna persona en España viva en la calle, afirma que es necesario mejorar algunos puntos de la ley para la Igualdad de Trato, que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria.

La propuesta de esta ONG, en la que también trabajan otros colectivos, es que la normativa incluya una prohibición expresa a la existencia de ordenanzas municipales que incitan a la aporofobia. José Manuel Caballol, director de Hogar Sí, indica que su organización ha recabado más de 90.000 firmas para tal fin, pero que «no lo hemos conseguido». En las próximas semanas volverán a incidir. La intención es solicitar reuniones con los grupos políticos para que incluyan la demanda en una enmienda durante la tramitación de la ley en el Senado.

«A todo el mundo le parece mal que se odie al pobre, pero nadie hace nada. Ahora tenemos una oportunidad», reclama Caballol. En su opinión, «estas ordenanzas lo que hacen es multar y castigar por dormir en la calle. Si se les sanciona por eso, nunca van a poder salir de esa situación». E insiste: «Lo que estas personas necesitan es ayuda». El director de Hogar Sí alerta de que «lo que acabamos de ver en Alicante no solo sucede aquí. Este tipo de ordenanzas se dan en otras muchas ciudades».

El pleno de Alicante aprobó el 15 de febrero una normativa municipal que incluye sanciones de hasta 3.000 euros a mendigos y prostitutas que utilicen los espacios públicos. «Este derecho debe ser ejercido con civismo», recoge la llamada ordenanza de convivencia cívica. Salió adelante gracias al voto favorable del equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos) y el respaldo de Vox, que también apoyará los próximos presupuestos, que incluirán un importante recorte de las ayudas sociales.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, explicó en su intervención que se trata de «la misma ordenanza que han promulgado Barcelona y Valencia, ciudades en las que no gobierna el PP» y responde a «una petición unánime» de los alicantinos para que la localidad vuelve a tener «orden». En sus calles viven unos 200 sintecho, según un informe impulsado por la Red de Entidades de Atención a las Personas sin Hogar de Alicante (REAPSHA) y la Concejalía de Acción Social.

Alternativas a la calle

En los últimos días había trascendido en los medios de comunicación que la Policía Local ha comenzado a imponer las primeras sanciones económicas, un extremo que niegan desde el Consistorio alicantino. Un portavoz del Ayuntamiento explica a THE OBJECTIVE que «lo que están haciendo los agentes son tareas de información y advertencia, propuestas de expediente, pero no hay multas». Esta misma fuente sostiene que existen programas específicos para estas personas y que la ordenanza ofrece «esa alternativa». Además, revela que se han ampliado los servicios sociales, aunque no precisa cómo.

Caballol asegura que la normativa ya está en vigor en otras localidades y acusa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de diseñar un texto marco que envía a los Ayuntamientos. Este periódico ha tratado sin éxito de recabar la versión de esta institución. «Le hemos escrito una carta para que retire el documento y le vamos a pedir una reunión porque este tipo de ordenanzas no tienen sentido. Hay gente que no cuenta con más opción que dormir en la calle. Lo que hace falta son alternativas», insiste el activista. Entre ellas propone el alquiler de habitaciones y el Housing First.

El Housing First es un modelo de intervención que nació en EEUU en la década de los 90 para fomentar la inclusión de personas sin hogar y que llegó a España en 2017. Este sistema de intervención social rompe con el modelo de atención tradicional y proporciona a las personas que viven en la calle una vivienda individual, estable e independiente. Hogar Sí y Provivienda presentaron el año pasado la primera evaluación en nuestro país.

Las organizaciones sostienen que se trata de una solución «eficiente» para reducir el problema de la mendicidad. El principal indicador de éxito del programa tiene que ver con el nivel de retención del alojamiento, que en el caso de España es del 96%. Es decir, casi todas las personas que accedieron a una vivienda continúan en ella 18 meses después. Ahora, las ONG luchan porque el Gobierno implante este modelo en la futura Estrategia de sinhogarismo, que deberá estar lista antes de que finalice el año.