El CNI admite que Aragonès y Puigneró estaban entre los 18 espiados con mandato judicial
Fuentes gubernamentales y parlamentarias desvelan que el actual presidente y el vicepresidente de la Generalitat estaban en la investigación
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y su vicepresidente, Jordi Puigneró. | Europa Press
La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha arrojado luz sobre el escándalo del espionaje Pegasus que según la investigación del Citizen Lab y el diario The New Yorker espió a un total de 65 independentistas, abogados y afines. De ellos, la responsable de la inteligencia española ha acreditado el seguimiento de un total de 18, entre los cuales se encuentra el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y su vicepresidente, Jordi Puigneró, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes parlamentarias y gubernamentales.
Unos hechos que justifican fuentes del Ejecutivo por el momento en que se produjeron los hechos, durante el año 2020, cuando Aragonès era vicepresidente de la Generalitat y Puigneró, consejero de Políticas Digitales, y se acuñó el concepto de la ‘República Digital’, que sirvió para reorganizar la infraestructura independentista tras la sentencia del 1-O. Eran los tiempos del ‘Ho tornaren a Fer’ (Lo volveremos a hacer), mensaje que repetían los independentistas tras la condena a 13 de los dirigentes responsables de organizar el referéndum ilegal de 2017.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por THE OBJECTIVE justifican así este espionaje «legal y acreditado judicialmente» por parte del Tribunal Supremo al CNI, fundamentado en la necesidad de actuar contra quienes habían puesto en riesgo la seguridad del Estado y cuestionado a sus instituciones, empezando por el CNI, «incapaz de encontrar las urnas del referéndum ilegal» para bochorno del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El decreto-ley que permitió intervenir comunicaciones
De hecho, recuerdan desde el Ejecutivo que por esas fechas el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de ministros un decreto ley que posibilitaba cercar la llamada ‘República digital catalana’, creada por Puigneró, y que permitía intervenir redes de telecomunicaciones por motivos de «orden público», medida que amparaba en parte de las actuaciones del CNI avaladas también por la Justicia.
El decreto-ley obligó a modificar varias leyes, entre ellas la Ley 9/2014 de Telecomunicaciones, y habilitaba al Gobierno «con carácter excepcional», a asumir a través de la Administración General del Estado «la gestión directa e intervención de redes de comunicación y servicios de comunicaciones electrónicas que puedan afectar al orden publico, la seguridad publica y la seguridad nacional».
Los nombres de los 18
El caso de Puigneró y Aragonés son los nombres propios más llamativos del listado de 18 cuya documentación y acreditación judicial ha aportado la directora del CNI pero hay otros. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, entre ellos se encuentran los cuatro independentistas fugados y residentes en el extranjero: el ex presidente, Carles Puigdemont y los ex consejeros, Toni Comín, Marta Rovira y Clara Ponsatí.
También entre ellos se encuentran varios dirigentes del círculo de Puigdemont y de la plataforma independentista, Tsunami Democratic, de la cual formaban parte su creador Elies Campo, el ingeniero que ha participado en la investigación y auditoría de The Citizen Lab sobre el espionaje, y el diputado nacional de La CUP, Toni Botrán.
La «gravedad» de los hechos conocidos este jueves en el seno de la comisión de gastos reservados ha motivado la petición de Podemos y otros grupos parlamentarios para exigir al Gobierno que se solicite el procedimiento para desclasificar estos documentos, algo a lo que el Ejecutivo no se ha negado. Según fuentes parlamentarias de Podemos, JuntsXCat y La CUP, «lo que hoy nos contado nos ha dejado más intranquilos y enfadados. Es un escándalo que nos ratifica en pedir que se hagan públicos estos documentos y que dimitan los responsables».
