El Gobierno concedió los indultos del procés a pesar de no darse las razones de «equidad» y «justicia»
El entonces titular de justicia admitió en un documento que los nueve líderes del procés «no merecían» esta reducción de las penas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Gobierno nunca explicó las razones que empujaron al Ministerio de Justicia a recomendar los indultos a los nueve líderes separatistas condenados por el procés. Ahora, se conoce que las causas aducidas por el Ejecutivo no contemplaban la «equidad», la «justicia» o el arrepentimiento (jamás expresado por ninguno de los acusados ), necesarios para concederlos, sino que el entonces ministro Juan Carlos Campo admitió que se concedían «por el bien de España» y «por utilidad pública».
En unos documentos revelados en exclusiva por el diario El Debate, en los que el ministro Campo señalaba las razones que empujaron al Ejecutivo a tomar esta decisión sobre Junqueras y Cuixart, entre otros, en respuesta a la negativa expresada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, se comprende que entre las motivaciones del Gobierno se encontraban «intereses políticos».
La carta, fechada a 22 de junio de 2021, indica que a pesar de no darse las mencionadas condiciones de equidad o justicia, se aduce hacerlo por el bien del país. «Ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión, máxime en un supuesto como este, en el que se propone su concesión por razones de utilidad pública», puede leerse en una de las 32 páginas del texto.
El Gobierno espiaba entonces a los líderes independentistas
«Los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de [el nombre de cualquiera de los nueves acusados] no le hacen personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo», señalaba el ministro. Además, se indica que este «bien para España» es alcanzado a pesar de que la norma de puede «no estar en consonancia con las circunstancias del sujeto, el delito cometido o la pena impuesta».
Las razones a las que refiere Campo en la citada carta son varias, entre ellas el nulo arrepentimiento mostrado por los miembros del entonces Gobierno de la Generalitat, expresado en sus repetidas amenazas de volver a hacer un nuevo referéndum separatista como el del pasado 1 de octubre de 2017. Además, ahora se conoce que esta decisión se tomó mientras el Gobierno de España ordenaba el espionaje a los líderes independentistas —entre ellos el actual presidente Pere Aragonès— ante el riesgo que suponían de poner de nuevo en peligro la seguridad del Estado.
El Gobierno también admitió que se dieron causas de interés político para alcanzar esta resolución: «Se configura como una decisión estrictamente política y que sigue la lógica de la política, que es satisfacer necesidades públicas. Por consiguiente, su justificación y su finalidad está por encima de intereses, razones y criterios individuales».
