Los ayuntamientos pequeños se desconectan de la digitalización: la mitad no usa sede electrónica
Un informe del Tribunal de Cuentas constata que la mayoría de los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes no dispone de todas las herramientas electrónicas que exige la ley
Imagen de archivo de un funcionario municipal. | EP
El proceso de digitalización de los pequeños ayuntamientos. Un reciente informe del Tribunal de Cuentas revela que más de la mitad de las corporaciones locales de los municipios que tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes no utilizaban la sede electrónica en diciembre de 2019, fecha en la que entró en vigor la ley de digitalización de estas ciudades intermedias, poco antes del estallido de la pandemia, lo que ha interrumpido este proceso de transición electrónica.
La legislación establece la obligación de que estos ayuntamientos incorporen un total de 13 herramientas digitales: sede electrónica, carpeta ciudadana, identificación y firma, plataformas de intermediación de datos, sistemas de verificación de datos, expediente administrativo, notificaciones electrónicas, archivo electrónico, registro electrónico, punto de acceso general electrónico, registro de empleados públicos habilitados, registro electrónico de apoderamientos y archivo único electrónico.
Solo un municipio contaba con la totalidad de esas aplicaciones. La mayoría de estos ayuntamientos no dispone de todas las herramientas que exige la normativa sobre la implantación de la administración y la transformación digital. Así se desprende del informe del Tribunal de Cuentas, consultado por THE OBJECTIVE, el cual ha evaluado una muestra de 38 consistorios de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y la Región de Murcia.
El 46% de las entidades analizadas por el Tribunal de Cuentas no realizaron una planificación previa sobre el alcance y contenido de la asistencia a prestar, y el 39% tampoco realizaron evaluación inicial o posterior
El tamaño de los municipios influye en su proceso de digitalización. No solo en la incorporación de las herramientas estatales, sino en la propia presencia en redes sociales. «Se produjo una correlación directa entre el tamaño de los ayuntamientos y la utilización de estas redes y plataformas, usando el 75% de los ayuntamientos de población entre 15.000 y 20.000 habitantes al menos tres de estas, frente al 62 % de los de población entre 10.000 y 15.000 habitantes», apunta el informe.
El Tribunal de Cuentas afea la falta de voluntad por parte de las administraciones, particularmente de las diputaciones provinciales y comunidades autónomas competentes, puesto que su asistencia «no se desarrolló, a 31 de diciembre de 2019, respecto de la totalidad de las herramientas analizadas, excepto en la Diputación Provincial de León»: «La DP de Ourense y los CAIS de Gran Canaria y Tenerife, sólo suministraron asistencia en relación con una de las herramientas, y la DP de Toledo respecto de dos».
Castilla y León ha sido unas de las comunidades que más implementaron la administración electrónica en sus poblaciones. «El alcance territorial más amplio en las herramientas sobre las que se prestó asistencia se produjo en las DDPP de Burgos, Palencia y Soria, extendiéndose sobre la totalidad de los municipios menores de 20.000 habitantes de su ámbito territorial, y en las DDPP de León, Salamanca, Valladolid y Zamora, en las que se alcanzó el 99%», recoge el informe.
El informe reseña que «el 46 % de las entidades, veintiuna de ellas, no realizaron una planificación previa sobre el alcance y contenido de la asistencia a prestar», y «el 39% de las entidades, dieciocho de las 46, no realizaron ninguna evaluación, ni inicial ni en ningún momento posterior, del estado y situación en la que se encontraban los ayuntamientos, lo que supuso una deficiencia a la hora de valorar su estado e identificar sus necesidades, con objeto de realizar una adecuada planificación de la asistencia».
«Deficiencias» en la digitalización de los ayuntamientos
El Tribunal de Cuentas concluye con que esa «falta de una valoración adecuada» a las «necesidades reales de los ayuntamientos» y la «inexistencia de planificación» se tradujo en la mayoría de los casos en «deficiencias en la gestión de los recursos disponibles». Pese al afán digitalizador, el informe recalca la falta de coordinación entre administraciones: «La mitad de los ayuntamientos fiscalizados no recibió asistencia de las DDPP, COIS o CCAA para la implantación de su admin-e».
«Únicamente el 13% de los ayuntamientos procedió a la adaptación de su estructura organizativa para dar respuesta a los requerimientos de la implantación de la admin-e y el 45% de los ayuntamientos no dispuso de normativa específica reguladora de esta, elemento de gran importancia para su implantación y desarrollo».
El 45% de los ayuntamientos ni siquiera informó a sus vecinos de los recursos digitales disponibles que habían adoptado
Ni se diseñó la incorporación de estas nuevas tecnologías ni los ayuntamientos informaron a sus vecinos de la adopción de estas herramientas municipales. Según el Tribunal de Cuentas, «el 45% de los ayuntamientos no llevó a cabo ninguna actuación para difundir y promocionar el conocimiento entre la ciudadanía de los recursos de la admin-e, así como incentivar su utilización».
El resultado de este plan de digitalización, según se desprende de las conclusiones del informe, está lejos aún de ser satisfactorio. Si bien «la totalidad de ayuntamientos disponía de algún sistema de identificación y firma de los interesados en los procedimientos administrativos, de los propios ayuntamientos o del personal a su servicio», el grado de utilización del conjunto de la administración electrónica sigue siendo bajo.
El 54% no usa sede electrónica
El Tribunal de Cuentas destaca que el 54% de los ayuntamientos no tenía implantada la sede electrónica a la fecha de entrada en vigor de la Ley, incumpliendo el artículo 38 de la LRJSP»: «No obstante, con posterioridad dispusieron de sede electrónica todos ellos, si bien la mitad de los ayuntamientos que tenían implantada la herramienta no facilitaron datos de su utilización, por lo que no pudo verificarse su efectivo funcionamiento».
En cifras superiores se mueven el resto de herramientas. El 54% de los ayuntamientos no tenía implantado el expediente electrónico. El 62% de los ayuntamientos no tenía implantada la carpeta ciudadana. El 68% de los ayuntamientos no tenía implantada la notificación electrónica. El 59% de los ayuntamientos no tenían implantados sistemas de verificación de datos. El 76% de los ayuntamientos no tenía implantado el archivo electrónico. El 92% de los ayuntamientos no tenía implantada la plataforma de intermediación.
