Macarena Olona renunciará a su acta en el Congreso la última semana de mayo
La candidata de Vox a la Junta de Andalucía se empadronó en la provincia de Granada, una circunstancia por la que ha recibido fuertes críticas de la izquierda
Macarena Olona apurará los plazos. La candidata de Vox en Andalucía renunciará a su escaño en el Congreso antes de que comience la campaña el próximo 3 de junio. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE afirman que lo hará la última semana de mayo, aunque no está obligada hasta que no tome posesión del acta en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Como ya anunció este diario, se presentará por la circunscripción de Granada, por la que ya es diputada nacional. Para ser parlamentaria autonómica se empadronó en la provincia, una circunstancia por la que ha recibido fuertes críticas de la izquierda.
Olona vive estos días en una feria permanente. Sevilla, Granada, Jerez y próxima parada en Córdoba. Sin embargo, la dirigente alicantina no elude sus responsabilidades en el Congreso. Seguirá compatibilizando las sesiones parlamentarias con los actos en Andalucía. Incluso mantendrá sus preguntas en la sesión de control del Gobierno, unas confrontaciones que la han convertido en un rostro muy popular. Sin embargo, su presencia en la Cámara Baja tiene fecha de caducidad: la última semana de mayo.
Los guiños de Olona
El miércoles, la diputada alicantina fue la encargada de preguntar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, si era el responsable de velar por la seguridad del teléfono de Pedro Sánchez después de que el Gobierno revelara que fue espiado a través de Pegasus. Bolaños respondió con sorna que le sorprendía que aún estuviese en el Congreso y no terminara de dar el paso en Andalucía, sugiriendo que haría «un Edmundo Bal»: volver al escaño si no obtiene un buen resultado en los comicios.
La secretaria general de Vox en el Congreso fue designada oficialmente candidata a la Junta el 28 de abril. Era un secreto a voces. En noviembre, este diario ya avanzó que sería la aspirante a la presidencia de Andalucía, una tierra a la que llevaba meses haciendo guiños, aunque mostró cierta reticencia al principio. En mayo del año pasado rechazó ser la candidata al Palacio de San Telmo, algo que cambió meses más tarde, cuando la diputada intensificó sus viajes a Andalucía y reconoció abiertamente que estaba preparada para el reto.
Para concurrir a las elecciones del próximo 19 de junio es necesario estar empadronado en la región, según señala el artículo 4 de la Ley Electoral de Andalucía. Un requisito que no necesitó para presentarse a las generales por esta misma circunscripción. Olona se empadronó hace seis meses en Salobreña (Granada). Concretamente, en la casa del presidente provincial del partido y concejal en esa localidad, Manuel Martín Montero, al que une una gran amistad.
La izquierda andaluza la acusa de «fraude» porque asegura que Olona no ha vivido nunca en la provincia ni tiene vinculación con ella, más allá de su acta en el Congreso. «Cuando visitaba Granada, se quedaba en un hotel y nunca pasaba por Salobreña», insisten los socialistas. Martín Montero ha reconocido que la vivienda que comparte con la aún portavoz adjunta en el Congreso no es su residencia habitual. «No puedo decir que esté aquí regularmente porque estaría mintiendo. Viene a veces en vacaciones y le cedo la parte de arriba», aseguraba el presidente de Vox en Granada a la Cadena Ser.
«Ya tenemos el super titular del día: Macarena Olona está empadronada en Granada. Lo hice en País Vasco cuando estuve sirviendo durante cinco años como abogada del Estado. Y lo hice en Madrid cuando pasé a prestar servicios allí. Candidata a la presidencia de Andalucía. Entregada en cuerpo y alma», reaccionó ante quienes la acusaban de transgredir la ley. Un extremo que rechaza la alcaldesa de Salobreña, la socialista María Eugenia Rufino, que asegura que el empadronamiento reunió «todos los requisitos administrativos exigibles».
No es la primera vez que el empadronamiento de un político en un lugar diferente al de su origen levanta polémica. El precedente más cercano es el de Javier Maroto. El exalcalde de Vitoria y diputado del PP por Álava se empadronó en 2019 en Sotosalbos (Segovia), un municipio con el que no tenía ninguna vinculación, para que su partido pudiese proponerle senador por designación autonómica, condición indispensable según su Estatuto de autonomía.
El precedente de Maroto
El empadronamiento en esa localidad de apenas un centenar de habitantes permitió a Maroto acreditar la «vecindad administrativa» y lograr asiento en la Cámara Alta. El PSOE trató de impedirlo al considerar la designación como fraudulenta. El asunto llegó a un juzgado de lo contencioso, que rechazó la denuncia y ratificó el empadronamiento. El dirigente vasco ha renovado esta semana el escaño gracias al apoyo de Vox.
Las posibilidades de demostrar un empadronamiento instrumental son escasas. El artículo 15 de la ley Reguladora de las bases del Régimen Local especifica que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón. Y especifica: «Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año». Los expertos sostienen que es «muy difícil» demostrar administrativamente que un domicilio no es el habitual.